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Visión de país excluyente amenaza la paz ambiental

Cuando en un país como Colombia se piensa en temas ambientales, es difícil no tener como referentes a pensadores como Augusto Ángel Maya y Julio Carrizosa, o a líderes sociales como Francia Márquez, cuyo poderoso mensaje desde las comunidades señala la importancia de mantener la vida, la naturaleza, como propósito superior y transversal.
 

En este sentido, lo ambiental se convierte en una visión, más que en un adjetivo en un plan de desarrollo o en un discurso ante organismos internacionales; se asocia con un enfoque integral, transversal e incluyente, un principio básico sobre el cual se estructura la gestión del territorio, la economía y la misma política, como principio básico de prioridad global, en el cual el mantenimiento de la “casa común” es la base fundamental, como lo estipulara el papa Francisco en su Laudato si'.
 

El Punto 1 (Reforma Rural Integral) y el Punto 4 (Sustitución de Cultivos Ilícitos) del Acuerdo Final de Paz le otorgan un énfasis fundamental al papel de las comunidades, tanto como beneficiarias e interlocutoras del eje transversal de lo socioambiental. El enfoque territorial y diferencial del Acuerdo le da importancia a la participación de los diversos actores locales en los espacios de planeación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, para que esto sea posible es fundamental crear las condiciones: fortalecer el capital social, empoderar a la población, planear y formular políticas desde las comunidades, es decir que lo ambiental va más allá del “crecimiento verde”, se asocia con el entendimiento de las relaciones ser humano-naturaleza a partir de los diferentes territorios; la negación de esto es en parte una de las causas de que Colombia sea uno de los países con mayor número de conflictos ambientales: 129 registra para el presente año el Atlas de Justicia Ambiental liderado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en asocio con múltiples organizaciones.
 

Puedes ver: Deforestación en la Amazonia, un fenómeno que no se detiene.
 

Débil institucionalidad en lo ambiental


La visión de país del actual Gobierno evidencia un enfoque homogeneizador, centrado en la producción, que mantiene grandes asimetrías de poder, excluye la diversidad, algo que contrasta con un país en el que existen múltiples actores, pero que con una idea de “desarrollo”, “crecimiento”, y ahora “reactivación económica”, le da la espalda a esa Colombia compleja y excluye los territorios.
 

Lo anterior se evidencia entre otras cosas por la insistencia del Gobierno en temas como el fracking, la expansión de puertos (Tribugá el más mencionado) y la explotación minera (caso Minesa), que han sido rechazados por las comunidades y por gran parte del sector ambiental (actualmente en estos tres puntos se han logrado victorias parciales luego de intensos debates y manifestaciones), y para finalizar, las propuestas actuales sobre baldíos que pueden aumentar la acumulación en un país con una ya elevada cifra de concentración de tierras.
 

Además, el último informe de la Contraloría General de la República sobre el estado del sector ambiental evidenció un recorte presupuestal de 21 % en 2019 con respecto a 2018. En el documento se menciona que en el país se estarían profundizando las debilidades de la institucionalidad ambiental, además de un incremento de pasivos e impactos ambientales.
 

Según la Contraloría no se acogieron, en lo esencial, algunas de las recomendaciones formuladas por la OCDE durante el proceso de admisión de Colombia en ese organismo: integración de políticas nacionales, regionales y territoriales; participación ciudadana efectiva y revisión del gasto fiscal en términos de la evaluación de efectos ambientales.
 

Adicionalmente, lo ambiental se agrava en otros aspectos en los últimos años, así:
 

Deforestación: las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

(Ideam) muestran que en 2019 se redujo en 19 % la deforestación del país; sin embargo, haciendo énfasis en la Región Amazónica, para el primer trimestre de 2020 se deforestaron alrededor de 64.000 hectáreas, un incremento del 83 % con respecto al mismo trimestre del año anterior.
 

Entre las causas de la deforestación en el país, el Ideam menciona la praderización (conversión de áreas de bosque tropical a nuevas áreas de pasto), los cultivos de uso ilícito, las malas prácticas de ganadería extensiva y la minería ilegal, algo que analistas como Rodrigo Botero, director de la Fundación Conservación y Desarrollo, asocian con el acaparamiento de tierras y la expectativa en el mercado de tierras por el avance de la frontera agroindustrial, además del narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.


Puedes leer: Bosques andinos tienen la clave para mitigar el cambio climático.
 

Asesinato de líderes sociales: según el Instituto para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, hasta septiembre de 2021, han sido asesinados 1.228 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, así: 21 en 2016, 208 en 2017, 298 en 2018, 279 en 2019, 194 en 2020 y 113 en 2021. De estos, el 37,6 % eran indígenas, 10,1 % afrodescendientes, 52,1 % campesinos, 70,9 % en sectores rurales y 29,1 % en sectores urbanos. El asesinato de líderes sociales representa una gran pérdida de capital social para consolidar procesos de largo plazo y posibilitar transiciones más sustentables desde los territorios; con esto se eliminan dramáticamente procesos que se venían desarrollando y que resultaban fundamentales en materia ambiental.

Cultivos de uso ilícito: desde 2016 los cultivos de uso ilícito (coca) han tenido los mayores niveles de la historia (a pesar de una reducción en el último año), por lo cual el Gobierno ha insistido en la necesidad de volver a la política basada en fumigaciones. Contraria a esta lectura que aduce que el incremento obedece al proceso de paz y al freno a las fumigaciones, hay una lectura más profunda: muchos años de una política coyuntural, no estructural, homogénea y sin contexto.
 

Aunque con el Acuerdo más de 99.000 familias se acogieron al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) de cultivos de uso ilícito, la implementación del Acuerdo no avanza en este componente de visión integral e incluyente.
 

Las posibilidades de cambio son muchas, pero el contexto político nacional actual no genera condiciones favorables para una transición más sustentable. La visión actual del país difícilmente podrá resolver las problemáticas estructurales que están detrás de la exclusión, las asimetrías de poder y el acaparamiento de tierras, entre otros. Sin embargo la organización local, la academia, el pensamiento crítico, y sobre todo la empatía existente en la población colombiana, pueden dar un giro a esta realidad.

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