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Violencia urbana, el cerco de las ciudades latinoamericanas

Siete mil kilómetros separan la favela La Maré, en Río de Janeiro, y el barrio San Bernardo, en Bogotá. En estos dos lugares el tráfico de drogas, la presencia de bandas criminales y la inseguridad tejen las historias de miedo que se arrinconan en serpenteantes y estrechas calles donde la violencia es como aquel vecino que nadie quiere, pero se tolera.
 

Mientras en San Bernardo –ubicado entre las calles primera y sexta y la carrera décima y la avenida Caracas– las casas huérfanas, deterioradas y rodeadas por locales comerciales ocultan la actividad de las bandas de microtráfico, los atracos y los asesinatos, en Maré, un complejo de 16 favelas localizado cerca del Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim (o de Galeão), al norte de Río de Janeiro, carteles del narcotráfico y la fuerza pública se disputan el control del territorio provocando episodios de abuso y violencia.
 

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En San Bernardo, con 13.000 habitantes, es difícil llevar la cuenta de los homicidios o los robos debido a las fallas en los sistemas de información, que solo ofrecen los datos de las localidades. El hecho de que el 61 % de los habitantes de Bogotá perciba mayor inseguridad en la ciudad no indica mucho sobre la situación diaria en este barrio, donde bandas ilegales amedrentan a los habitantes, imponen fronteras invisibles e intimidan a “los sapos”.
 

En Maré, donde viven alrededor de 150.000 personas, el abuso de poder tiene su máxima expresión en las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas armadas, y la represión ejercida por bandas de narcotraficantes. En 2017 fueron asesinadas 6.749 personas en Río de Janeiro, lo que corresponde a una tasa de 36,7 homicidios por 100.000 habitantes; en Bogotá esta es de 12,7 por 100.000.
 

Tras realizar una revisión bibliográfica sobre la violencia urbana en América Latina y discutir la temática en el campo de la salud pública, recorrer puntos neurálgicos de Maré y San  Bernardo, y entrevistar a 46 habitantes de estas zonas, Elis Mina Seraya Borde, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que los hostigamientos a los habitantes son el “reflejo de los conflictos  generados por planes de desordenamiento territorial en función de los emprendimientos legales e ilegales y por la inacción del Estado”.


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Según el profesor Mario Hernández, del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la unal, en los últimos 15 años la violencia urbana se ha convertido en un tema central de la agenda política y de la investigación científica en América Latina. “Se trata de un fenómeno reconocido no solo como un problema social, sino cada vez más como un problema de salud pública, si se tienen en cuenta las magnitudes de la violencia directa en las grandes ciudades, los efectos en la salud mental de los habitantes, la disrupción de los lazos sociales en las áreas afectadas y los impactos sobre los sistemas de salud”.
 

Sin embargo no hay muchos estudios sobre las causas profundas de este problema, y menos en perspectiva comparada; de ahí el aporte de la tesis doctoral de Elis Borde.
 

Temor a la “bronxeación” de San Bernardo


Desde los años cuarenta favelas como Maré fueron creciendo a medida que se incrementaba el éxodo rural hacia la ciudad como una medida de escape de las malas condiciones de vida en el campo y atendiendo a la demanda que produjo el boom inmobiliario. Millares de agricultores convertidos en albañiles establecieron sus viviendas en laderas y pantanos; y aunque se han realizado diferentes proyectos de urbanización, la calidad de vida de las personas ha mejorado poco con los años.
 

En las décadas de 1950-1960 la migración del campo a la ciudad fue esencial en la transformación de Bogotá. Tras los desmanes e incendios provocados con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 –hecho conocido como El Bogotazo–, las clases adineradas se trasladaron al norte de la ciudad, por lo que las viviendas del centro fueron ocupadas por desplazados por la violencia y personas en búsqueda de oportunidades para vivir.
 

En los años ochenta, barrios como San Bernardo empezaron a ser invadidos por “jíbaros”, indigentes, delincuentes y prostitutas dando origen a zonas de alta peligrosidad como la Calle del Cartucho, y posteriormente al “Bronx”. Esta es una de las razones por las que en el sector existe temor a la “bronxeación”, es decir a un proceso de degeneración y deterioro como consecuencia de las acciones realizadas en dicha zona.

Desde mediados de los noventa, las políticas de seguridad han ido desde renovaciones urbanísticas –como la construcción del parque Tercer Milenio, estaciones de TransMilenio o el proyecto Ciudad Salud– hasta la promoción de la cultura ciudadana y programas como los Centros de Atención Médica a Drogadictos (Camad), las cuales han sido insuficientes.
 

Los residentes entrevistados no rechazan el Plan Parcial de Renovación Urbana “San Bernardo, Tercer Milenio”, pero no tienen claro para quiénes se recuperará el espacio ni qué pasará con ellos: “el proyecto no ha sido socializado, simplemente se nos ha planteado la compra de los predios”, aseguran. La Alcaldía Mayor proyecta la construcción de 3.600 viviendas en las 9,3 hectáreas de terreno que abarca el sector.
 

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Intervenciones y redadas


Sobre la participación de la fuerza pública en el desmantelamiento de las “ollas” del microtráfico, la investigadora señala que “las intervenciones policivas se plantearon más desde un punto de vista urbanístico-social y menos desde una lógica de combate, como sí ocurrió en Maré”.
 

Es importante recordar que en 2018, el entonces presidente brasileño Michel Temer decretó que el Ejército se hiciera cargo de la Policía, los bomberos y los servicios de inteligencia para intervenir militarmente a Río de Janeiro, con el objetivo de atacar el crimen organizado; la tarea rebasó los límites de sus labores, al punto de agudizar las violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.
 

La política represiva se intensificó en la actual presidencia de Jair Bolsonaro y del gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel.
 

Según la experta, la represión y la acción violenta de la Policía Militar generaron un miedo casi generalizado en la población; el miedo a las fuerzas estatales marcó fundamentalmente una desilusión y una profunda desconfianza en el Estado, el cual es catalogado por algunos entrevistados como “terrorista, racista y homicida”.
 

En ese sentido, resalta la necesidad de abordar la dimensión histórico-territorial de la violencia urbana en las ciudades latinoamericanas para entender los procesos de producción y reproducción de la violencia como un problema de salud pública. Así mismo considera que se deben atender no solo los problemas de servicios elementales para vivir, sino la salud mental, a través de la intervención psicosocial, e integrar a los habitantes en la transformación de estos espacios para generar mejores condiciones de una vida digna, sin miedo y en paz.
 

Para el profesor Hernández, cuando se comprenden las causas profundas de un problema de salud pública de la complejidad de la violencia urbana, emergen otras soluciones, en especial aquellas que cuentan con la gente para afectar las fuerzas ordenadoras del territorio y construir salud y paz en las grandes ciudades.

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