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Violencia contra las mujeres, la otra pandemia

Puedes leer: “Para quienes han sido víctimas del dolor, no hay opción de olvido”.
 

Dicha entidad afirma que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia, y la mayoría de las violencias suceden en los espacios privados, por personas conocidas en el círculo familiar1. Sin embargo, uno de los puntos que más preocupa son los altos niveles de impunidad e indiferencia de una sociedad que mantiene la desconfianza en las acciones que se puedan realizar para erradicar los actos violentos en las relaciones familiares.
 

Regularmente, la opinión pública habla de las violencias contra las mujeres y basadas en género como un tema recurrente por el número de denuncias que se registra diariamente, como sucedió el 7 de abril, cuando se reportó que las llamadas por violencias basadas en género aumentaron el 103%, exponiendo una realidad que viven miles de mujeres en sus espacios domésticos familiares, agudizada en época de la pandemia COVID-19.  Según la Fiscalía General de la Nación entre el 20 de marzo y el 4 de abril se cometieron 12 feminicidios y se recibieron más de 578 llamadas por violencia basada en género.
 

Entre las consideraciones de los movimientos sociales de mujeres y de género, es importante rescatar que este tipo de situaciones no se han limitado al ámbito privado pues antes de las medidas de aislamiento preventivo también se registraron casos en espacios públicos: en el transporte urbano, en instituciones, lugares de trabajo y en las calles, donde las mujeres son las principales víctimas.
 

Dicha situación genera interrogantes sobre la sexualización de la violencia en la sociedad y agudiza la preocupación que manifiestan el Instituto de Medicina Legal y ONU Mujeres (2019), que indican los niveles riesgo en la cual se encuentran 14.145 colombianas de ser asesinadas por su pareja o expareja, con posibilidad de ocurrencia en el ámbito familiar o en el espacio público.
 

Puedes ver: Los pósteres que le dan voz a las víctimas de la violencia.
 

Es importante señalar que este fenómeno no es ajeno a niñas, niños y también a hombres, no obstante, mantiene unas características similares frente al papel coercitivo o de control que se ejerce sobre estos cuerpos. Esto refleja la existencia de una violencia sistemática y cotidiana que afecta la vida y la integridad humana imponiendo conductas bajo lo que históricamente se ha establecido como normal, a pesar de que estas atenten contra los derechos de las personas.

Ahondar en la categoría del continuum de las violencias requiere el análisis riguroso de los procesos de socialización que se construyen desde las instituciones: la familia, la escuela, la iglesia, y el mismo Estado, siendo instancias encargadas de mantener la división sexual y los roles de género en las dinámicas de la vida social. Es en la interacción humana, donde se establecen los ejercicios de poder que subordinan y generan exclusiones y violencias, dadas las normas tradicionales que históricamente han discriminado la diversidad bajo los principios hegemónicos del capitalismo, el patriarcado, el racismo y el colonialismo, entre otros.
 

Como señala la politóloga María Emma Wills2 en su libro “Inclusión sin representación: la irrupción política de las mujeres en Colombia 1970 – 2000”, las prácticas culturales y sociales tienen la pretensión de homogenizar y uniformar el conjunto de la sociedad, donde la mayoría de las personas cumplan el "deber ser" y suprime la consideración de sus particularidades, actuando como individuos "normales" dentro de roles establecidos jerárquicamente. En otras palabras, los roles jerárquicos con ejercicios de poder definidos han dado cabida a las desigualdades y discriminaciones en la estructura social.
 

La complejidad de esta realidad se sitúa entre la permisividad y dominación que se entreteje en las relaciones cotidianas. Sin embargo, las violencias no pueden ser consideradas naturales, sus efectos causan daños físicos, psicológicos, emocionales, sexuales que humillan y constriñen a las víctimas, en algunos casos las consecuencias son irreparables y puede llevar a la muerte. Su normalización quiebra los lazos sociales, generando desconfianza en las relaciones interpersonales, con las instituciones y atentan drásticamente contra los derechos humanos y los principios democráticos.
 

En este panorama y retomando la historia del país, se comprende el sometimiento a los cuerpos se recrudeció en los contextos de conflicto armado, reforzándose en las dinámicas institucionales y en los cotidianos de las familias, configurando un continuum de las violencias, cuya expresión está dada en la complicidad entre los sistemas sociales que la han naturalizado. Es decir, la división entre lo público y lo privado se desdibuja, en tanto que los hechos aparentemente lejanos en el marco de la guerra como: violaciones, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones, muertes y demás atentados a la vida e integridad humana, han hecho parte de la cotidianidad biopolítica en contextos familiares e institucionales.
 

Partiendo de esto se puede afirmar que las violencias basadas en género al ser parte de un engranaje político, económico, cultural y social que refuerza la discriminación por medio de acciones violentas y muta a las circunstancias coyunturales; utiliza los eventos excepcionales para sostener de forma sistemática o continuada las violencias contra las personas históricamente subordinadas.
 

En circunstancias de aislamiento y confinamiento, por ejemplo, se reproducen y exacerban las expresiones agresivas y violentas que buscan el control de los cuerpos a raíz de lo sexual y las identidades de género.
 

En términos de la violencia intrafamiliar, la literatura especializada enuncia que esta deviene del poder y la jerarquía dados desde el mandato patriarcal y las relaciones familiares tradicionales.
 

Puedes leer: Los efectos de la mercantilización de la salud en Colombia.
 

Los investigadores Javier Pineda y Luisa Otero subrayan en su publicación"Género, Violencia Intrafamiliar e Intervención Pública en Colombia", que la posibilidad de negociación en el hogar influye en el bienestar de quienes lo integran, por lo cual es imperativo generar intervenciones, principalmente desde las entidades estatales, entes gubernamentales y la administración de justicia, que brinden elementos para convivir e interactuar desde las diversidades humanas, reconociendo las dinámicas familiares y la imperiosa necesidad de lograr un equilibrio en el marco de los derechos y la dignidad humana.
 

Con la Convención Interamericana de Belém Do Pará en 1994, se estableció que el Estado debe “adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, de allí que se aluden a compromisos para establecer mecanismos legales, judiciales, administrativos, así como, modificar los patrones socioculturales que perpetúan las desigualdades de género.
 

Para ello, se debe suministrar servicios adecuados a las mujeres que les garantice atención y acompañamiento independientemente del lugar en el que se encuentren, a los contextos territoriales y en términos legales, asegure acciones de sanción y seguimiento a los casos, en su conjunto, porque cada vez más se requiere superar las epidemias y las mujeres tienen el derecho a una vida libre de violencias.
 

Escucha aquí la Declaración del día internacional de la mujer, de Ana Güezmes de la ONU MUJERES en 2016 https://news.un.org/es/audio/2016/11/1418021
 


1 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

2 WILLS María Emma (2007). Inclusión sin representación: la irrupción política de las mujeres en Colombia 1970 – 2000. Editorial Norma. Bogotá.

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