pay for dissertation london english paper dictionary holt homework help geometry custom writing for tattoos dna profiling research papers dissertation and habilitation buy good essay phd papers thesis
Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
Vandalismo: de la estigmatización a la judicialización

Etimológicamente el término está relacionado con la barbaridad, el salvajismo, y se refiere a “irracionales que invaden, destruyen y asolan los pueblos y las civilizaciones con las que se encuentran”. Por lo mismo, conlleva una descripción negativa y la necesidad de que el acto vandálico se contenga. El vandalismo implica la legitimación de actuar contra el “vándalo”, dentro de una narrativa dicotómica de amigo-enemigo.


La calificación a sectores de la protesta con el adjetivo de “vándalos” evidencia un uso del lenguaje que no es solo descriptivo sino performativo, pues con ello se pretende que el Estado actúe especialmente de dos formas: 1) a través de la fuerza pública y 2) a través del derecho penal.


Tal calificación –eminentemente generalizadora– pretende legitimar que la fuerza pública use las armas contra quienes participan en la manifestación (lo cual configura la vulneración al derecho de protesta), y, con el objeto de atacar a los “vándalos”, la mayoría de las veces se realizan ejercicios de fuerza desproporcionados e indiscriminados. Muestra de ello es el reciente y masivo uso por parte del Esmad del arma conocida como “Venom”. 


Esta manera de actuar también vulnera otros derechos fundamentales que cimientan el Estado de derecho, como el debido proceso. Un ejemplo es la preocupante e inexplicable decisión de adecuar estadios o portales de transporte masivo como espacios de detención transitoria en los que atacan con armas letales –o potencialmente letales– a la ciudadanía inconforme, dejando ya un resultado de varias muertes, posiblemente atribuibles a la fuerza pública.
 

Puedes leer: ¿Por qué Cali es la sucursal de la protesta? Más allá de los lugares comunes.
 

Respecto al uso del derecho penal, se debe advertir que, en principio, no debería ser objeto de discusión que se le exija al Estado judicializar a las personas que cometen conductas delictivas; sin embargo, el derecho penal en nuestro país apunta a sectores específicos de la población. Así, según el tablero estadístico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el 91 % de la población privada de la libertad no ha culminado su bachillerato, el 54 % está entre los 25 y 39 años, el 92,8 % son hombres, y la mayoría de ellos han sido procesados por los delitos de homicidio o de hurto.


A estas condiciones de la población que selecciona el sistema penal se suma la existencia de algunos tipos penales que, a pesar de proteger bienes jurídicos –como la seguridad pública, el patrimonio económico y la labor de los servidores públicos–, resultan bastante amplios y carentes de elementos objetivos que permitan determinar si realmente una conducta transgrede una norma jurídica, como: terrorismo, violencia contra servidor público, asonada, violación de la libertad de trabajo y obstrucción de vías públicas, entre otros.
 

Esta indeterminación jurídica conduce a interpretaciones que afectan desproporcionadamente otros derechos, como el ejercicio legítimo a la protesta, por cuanto dichos tipos penales se suelen usar como instrumento para el mantenimiento del statu quo por quienes ostentan el poder para estigmatizar y castigar a aquellos que se oponen a él, atribuyéndoles cualquier conducta que fácilmente se puede encajar en tales normas, pero no siempre ser de relevancia social. 
 

Estos diversos tipos penales (delitos) implican una pena privativa de la libertad que en la mayoría de los casos puede ser más alta que la pena a la que se ven expuestos los procesados por delitos relacionados con la corrupción. Según el Observatorio Anticorrupción de la Presidencia de la República, el 50 % de los procesados por esos delitos no recibieron ni un día de cárcel. Esto, pese a las nefastas consecuencias en salud, educación y sostenibilidad económica y social que estos tienen en el país.

Vandalismo


En este contexto, el Congreso de la República tramita una ley que crea un nuevo tipo penal, denominado precisamente “vandalismo”, por medio del cual se sancionarían las personas que en una movilización ataquen bienes públicos o privados, o pongan en riesgo la integridad física de los miembros de la fuerza pública.
 

Te puede interesar: Estado de derecho, protesta social y fuerza pública en crisis, ¿qué hacer?.
 

Es una iniciativa llamativa porque sanciona conductas que ya son objeto de sanción penal y porque se refiere exclusivamente a conductas cometidas en el marco de una protesta social (lo que necesariamente ata el concepto de manifestación al de vandalismo), es general y tipifica conductas como el uso de la capucha, última circunstancia que podría afectar de forma injustificada el derecho al libre desarrollo de la personalidad y exponer a los protestantes a otros escenarios de violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada o las detenciones arbitrarias –que no son ajenas a nuestra historia–, especialmente en contextos de aguda agitación social, represión policial y poca presencia de organismos de control que contribuyan a garantizar los derechos de los manifestantes. 
 

La creación de estos nuevos delitos podría desincentivar el ejercicio de la protesta como derecho fundamental, al suprimir una forma de participación política de la ciudadanía, promover la estigmatización e incrementar el riesgo de procesos judiciales irregulares –conocidos coloquialmente como falsos positivos judiciales–, ligados a la demostración mediática de resultados a costa de los derechos fundamentales de quienes protestan.
 

La calificación negativa (vándalos) junto con el uso de las fuerzas armadas y el derecho penal como herramientas del Estado son ataques directos a las personas que participan en las protestas y no al uso de la violencia o de la fuerza, pues de otra manera no se explica cómo el calificativo se usa para aquellos que bloquean vías o rayan paredes, y no a aquellos que usando armas de fuego atacan a quienes protestan, como fue el caso de habitantes de Cali que atacaron a la Minga indígena.
 

Esto deja ver el peligroso uso del lenguaje en contra de quienes, en uso legítimo de sus derechos democráticos, cuestionan al Gobierno de turno.


La esencia del asunto aquí es que se está acudiendo al uso de las herramientas institucionales y jurídicas para desconocer la estructura constitucional que protege a la población civil colombiana en general y que es la garantía mínima de aceptación del poder indefinido y el monopolio de la fuerza por parte del Estado en la teoría contractualista y liberal clásica.
 

Contar hoy con 904 líderes sociales asesinados desdice de la función esencial de la población que un Estado debe cumplir, y justo permite que figuras como la protesta social y la desobediencia civil se activen en el marco del bloque de constitucionalidad y la Constitución a la que nos anclamos hoy.

 


* Laura Rocío Melo Alarcón, Carolina Daza Rincón, Julián Javier Pardo Bolívar, Juan Camilo Bustos Gómez y Edna Carolina Camelo Salcedo.

Relacionados

4968,4969,4948,2581,3277

Las protestas y movilizaciones sociales que se presentan en Colombia desde el 28 de abril representan un desafío en todos los sentidos para la...

En las últimas semanas el país y el mundo entero se han conmocionado por los hechos de violencia ocurridos en Colombia –especialmente en Cali– en el...

Así resume el profesor Rodrigo Uprimny –catedrático emérito de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL)– las protestas que se presentan en Colombia...

Las masivas y continuas jornadas de protesta ciudadana que estamos viviendo en el país desde finales de abril son la manifestación de un descontento...

Esta es la conclusión del profesor Juan Gabriel Gómez, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), expresada durante el programa Punto Crítico, de...

Consejo Editorial