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Una salida a la crisis laboral en Colombia

Tenemos que aceptar que, pese a los avances económicos hasta la época prepandémica, la sociedad colombiana ha fracasado en dar oportunidades a las personas más vulnerables de la sociedad. No es difícil de entender que las raíces de la situación están en la existencia de reglas distintas –desde la cuna– para las personas.
 

En este artículo planteamos que parte fundamental de la salida de la crisis económica y social que estamos viviendo pasa por reestructurar aquellas reglas de juego que rigen el mercado laboral y que proveen cimientos para la generación de riqueza y el bienestar para gran parte de la población.
 

La naturaleza del trabajo es la de suplir las necesidades humanas; el trabajo es aquel uso de energía que realizan los seres vivos (entre estos los humanos) para suplir sus necesidades. Así, cuando un bebé llora se podría interpretar que está haciendo cierto tipo de trabajo para conseguir su alimento. La tragedia nacional que vivimos es que muchas personas no tienen la oportunidad de desempeñarse en labores en las cuales se sienten útiles o incluso en alguna labor que le permita su sustento diario.
 

Además de su función básica de proveer sustento, el trabajo también dignifica; a través de él cada ser humano forma parte de un contrato social mediante el cual el individuo le provee a la sociedad sus habilidades y esfuerzo, y la sociedad le retribuye con la participación en un sistema social y económico que le permite desarrollarse material y espiritualmente.
 

La injusticia en la igualdad de oportunidades laborales es una de las semillas del descontento social; es la causa de la frustración que tiene a Colombia al borde de una crisis institucional de magnitudes nunca vistas en la historia reciente. Así, en el buen o mal funcionamiento del mercado laboral se determinan los niveles de pobreza, desigualdad y cohesión de las sociedades.
 

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Ninguna sociedad en la historia de la humanidad ha pasado de un estado de pobreza a uno de riqueza solo con el mecanismo de redistribución de la riqueza. El instrumento principal para construir una sociedad más próspera y justa es a través de la construcción de entornos de generación de empleos bien pagos, con empresas en crecimiento y oportunidades que les permitan a los ciudadanos construir proyectos de vida laborales y personales.
 

El mercado laboral colombiano se caracteriza tanto por la persistencia de altos niveles de informalidad y desempleo como por la segregación y exclusión no solo de distintos grupos poblacionales, sino también según la diferencia geográfica. Al mismo tiempo, en comparación con la región, tenemos una mayor inestabilidad laboral a pesar de la diáspora de regulaciones que supuestamente garantizan tal protección al trabajo.
 

La crisis no solo agravó sino que develó los problemas ya existentes del mercado laboral colombiano. La informalidad de la economía colombiana junto con las altas tasas de desempleo son síntomas del mal funcionamiento del mercado laboral.


En los últimos 20 años Colombia ha tenido una tasa de desempleo promedio aproximada del 10 %, uno de los niveles más altos de la región. El desempleo en el país es un fenómeno agravado por las asimetrías en la posibilidad de buscar trabajo, la dificultad para muchas empresas pequeñas y medianas para asumir todos los costos legales, y el problema de formación de los trabajadores colombianos.
 

El trabajador que queda desempleado sufre daños físicos significativos –como la pérdida de habilidades– además de efectos psicológicos.
 

En el largo plazo, además de la pérdida de habilidades, “el efecto cicatriz” hace que la trayectoria laboral de la población joven se afecte por el resto de su vida, producto de la inactividad en un tiempo de alto potencial de aprendizaje y de discriminación por la poca experiencia acumulada.
 

Por su parte, el trabajo informal es un trabajo que no aporta a los sistemas de seguridad social (salud, pensiones, riesgos laborales), de modo que los trabajadores se encuentran desprotegidos frente a riesgos de pérdida de ingresos por desempleo, salud, accidentes o vejez.
 

Existen tres tipos de informalidad: i) de subsistencia, que se genera en trabajadores con baja productividad sin posibilidades de conseguir un trabajo formal; ii) inducida, que consiste en trabajadores que tienen productividad suficiente para conseguir un trabajo formal, pero que están excluidos por las regulaciones y los costos de contratación; y iii) la voluntaria, que involucra a trabajadores que tienen productividad suficiente para la formalidad pero que prefieren estar en la informalidad (Fernandez y Mejía, 2021).
 

Las causas primeras de estos problemas se encuentran en las decisiones de empleadores y empleados: los empleadores sólo generarán empleo formal si el valor generado por trabajador contratado es mayor a los salarios y los costos no salariales; los empleados deciden entre tener los beneficios de la formalidad versus la alternativa (que puede implicar la misma existencia del empleo), o los beneficios de ser informal (como la participación en el régimen subsidiado de salud). Estas decisiones tienen a su vez sus explicaciones en problemas tanto de productividad como de regulación e incentivos.
 

En materia de productividad, el problema fundamental está en la pertinencia de la educación. En la calidad, cobertura y relevancia del sistema educativo, y su complementariedad con el mercado laboral, está la clave para que la fuerza laboral empareje con las necesidades del sistema económico y tenga la calidad suficiente para garantizar la productividad de las actividades laborales. Así mismo, el desafío de la productividad se debe enfrentar a los procesos de automatización y cambio en las tendencias de generación de empleo. Por supuesto, el entorno que determina la dinámica de las empresas (creación, crecimiento, inversiones e innovación) también es importante, pero ese análisis se encuentra por fuera del alcance de este escrito.
 

En el campo de la regulación y los incentivos, hay elementos del sistema de seguridad social que afectan la generación de empleo formal. El sistema solo cubre al 40 % de la población trabajadora, cuenta con niveles exacerbados de evasión, y no existen incentivos a la formalidad como condición de focalización de los sistemas de protección social.
 

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En cuanto a la regulación laboral del país tiene un sistema de discriminación hacia los más vulnerables, disfrazado de sistema de protección al trabajador. El salario mínimo es muy cercano al salario mediano de la economía (el del trabajador de la mitad), así, por definición el 50 % de la población gana menos del salario mínimo; los costos no salariales adicionan más del 50 % del salario, haciendo prohibitiva la contratación formal para un gran número de empresas medianas y pequeñas; de igual forma, la posibilidad de aportar al sistema de pensiones excluye remuneraciones por debajo de un salario mínimo o menores al tiempo completo.
 

En países como Estados Unidos o Canadá donde no existe una protección fuerte al trabajo, los costos de contratación y despido son mínimos, lo cual hace que las personas tengan mayores probabilidades de encontrar un trabajo en menor tiempo. También existen sistemas como el europeo que protegen más a los trabajadores, haciendo menos probable la pérdida de trabajo mediante subsidios significativos a las empresas.
 

Sin embargo, ante cambios estructurales presentan ajustes lentos con altas tasas de desempleo. Colombia lamentablemente cuenta con lo peor de los dos sistemas, un alto desempleo y una pérdida significativa de empleo durante la crisis COVID-19, y al tiempo dificultad para la recuperación de la generación de trabajos dada la inflexibilidad del sistema laboral.
 

Así, la pandemia exacerbó los problemas estructurales presentados. De este modo, la salida de la crisis solo puede ir de la mano de una reforma al mercado laboral que permita la generación de empleo, que es el principal instrumento de reactivación de la capacidad de compra de forma estructural. Sin unas políticas de empleo concretas y de apoyo a la generación de nuevas empresas, al país le será imposible superar la senda de bajo crecimiento. El Gobierno está a la espera de los resultados de la misión de empleo, sin embargo, la crisis en las calles continúa.
 

En el corto plazo además de las transferencias de protección social se debe continuar el impulso al empleo mediante la construcción de obras de infraestructura, así como implementar programas de reentrenamiento en el sistema técnico y tecnológico, dado el cambio en el tejido empresarial producto de la crisis. En el mediano plazo se deben desarrollar políticas para evitar el retorno al equilibrio de alto desempleo y alta informalidad descrito. Un mercado laboral más flexible que fomente la generación de empleo y al mismo tiempo un sistema de protección de empleo generalizado que no fomente la informalidad son dos de los grandes objetivos de política laboral y social que debe desarrollar el equipo que vaya a gobernar el país en el siguiente periodo presidencial.
 

Lee más sobre el especial “Propuestas económicas en una Colombia en crisis”:

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