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¿Transición energética o integración de energías renovables?

El ministro de Minas, Diego Mesa, señaló que “este es un logro muy importante para consolidar la transición energética en el país. Con esto se mejoran los incentivos para las inversiones en energías renovables no convencionales como la eólica y la solar, pero además se extienden tales beneficios para nuevas fuentes de energía y se reglamenta la geotermia”2, y agregó que le apuesta a consolidar la transición energética, liderar la lucha contra el cambio climático y acelerar el cierre de brechas, ofreciendo mejores incentivos tributarios para la generación de energía renovable no convencional, eficiencia energética y movilidad sostenible3.
 

Dicha ley, propuesta por la bancada de Gobierno, reforma la Ley 1715 de 2014 del primer periodo del expresidente Juan Manuel Santos. Aunque las dos leyes se han denominado de “transición energética” esta es una denominación excesiva para lo que son en realidad, pues ambas son para la “integración de las energías renovables” a la binaria matriz energética colombiana: gran-hidro (70 %) + termo-fósil (29 %) en 2021.
 

También es cierto que se mantiene y facilita la obtención de los estímulos que La ley 1715 ya había planteado y que los sucesivos decretos reglamentarios fueron especificando. Además cubre nuevas fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y facilita el ingreso de grandes capitales para la inversión en la resiliencia de nuestra matriz energética.
 

En su valoración y justificación, el proyecto destaca las subastas realizadas en 2019 como un gran salto en dicha “Transición”, éxitos que deben ser matizados. Un enorme salto si vemos la cantidad: cerca de 1,3 GW instalados. Sin embargo este salto quedó en manos de 7 grandes inversionistas que, con excepción de Celsia (del grupo Argos), son mayoritariamente extranjeros4.
 

Cabe resaltar que las empresas extranjeras investigan especialmente en sus países de origen y la mayoría de equipos y accesorios son importados e instalados. Así, el desarrollo de ciencia, tecnología e industria ligado a esos 1,3 GW sería casi nulo para el país y representaría solo un mínimo paso para la gigantesca inversión de 2.000 millones de dólares5.
 

Puedes ver: Hidrógeno verde y azul, ¿por qué son claves en la transición energética?.
 

El segundo de los motivos de la Ley 2099/21 es la “reactivación económica”. Si se sigue el modelo de las subastas de 2019, o incluso las relacionadas con el almacenamiento en 2021, no se entiende que el Gobierno no haya visto el rol protagónico en la investigación, la ciencia, la tecnología y la industria: solo lo conciben con la lógica de una “zona franca” con impuestos bajos y remuneración de mano de obra barata.
 

Los móviles de la Ley 365


En esta ley se formalizan dos móviles: la revolución energética y la reactivación económica. Pero siendo un poco perspicaces, algunos consideran que la Ley 1715 tiene un móvil ligado a la entrada masiva de energía solar PV y eólica cuyos LCOE (costo nivelado de la energía) empezaban a caer por debajo de la generación térmica para 2015. Esta ley 2099, las subastas y el afán por impulsar las renovables incluso destinando para ello los recursos de regalías, nacerían de la urgencia de entrar a cubrir el vacío energético en 2022 por la no entrada en operación de Hidroituango.
 

En los países del G20, del G8 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que han planteado la TE, esta va ligada a una discusión previa sobre una transformación y transición socio-ecológica de sus sociedades, del rol de la energía y cómo descarbonizar ambas. Dentro de sus fines se considera el rol de los territorios, de la participación de las comunidades y su empoderamiento. Se privilegia la generación de valor local y nacional impulsando alianzas y empresas con base en conocimiento, lo cual se asegura mediante objetivos, indicadores y medios. En la 2099 no hay estímulos claros para las industrias nacionales intensivas en conocimiento que podrían impulsar la reactivación económica.
 

En las dos leyes se liberan de IVA los insumos claves tanto para los proyectos de generación solares, eólicos, de eficiencia energética, y ahora, geotermia y de generación de hidrógeno.


Pese a ser favorable para el flujo de caja de empresas instaladoras y generadoras, esto es contraproducente para el desarrollo de la industria nacional que se encuentra aún más sometida por la fácil importación.
 

A nivel geopolítico los grandes bloques económicos rivalizan entre sus propuestas de transición energética. Por ejemplo, en el caso del transporte, la movilidad eléctrica es una propuesta especialmente de China, y para evitar perder su know how, tanto Europa como Japón, entre otros, proponen el hidrógeno vehicular e impulsan la investigación y el desarrollo de esta tecnología. Recordemos que en el mundo hay más de 1500 millones de vehículos automotores de combustión interna y que sus grandes fabricantes dan plazos hasta 2040 para dejar de producirlos. Y es por esa parte del mercado que los planteamientos de TE realizan alianzas y se enfrentan en una guerra comercial en el mundo.
 

Puedes leer: Megaproyectos de hidrógeno: un nuevo mercado de exportación a la vista.
 

¿Cómo se posiciona Colombia en ese marco?


La ley plantea incentivos a la generación de hidrógeno verde y azul. Este último se produce del procesamiento del gas natural, y en términos de gases de efecto invernadero (GEI) no es tan limpio como se cree. A pesar de tener recursos mineros claves para la TE como el cobre o el coltán, nada se menciona al respecto.


Esta ley no plantea nada relativo al desarrollo de la industria nacional con alto contenido de conocimiento. Si bien la referencia que se hace al FENOGE deja una puerta abierta a esta posibilidad. Se prevén grandes importaciones y algunos miles de empleos de baja remuneración ligados a los megaproyectos solares, eólicos, geotérmicos y de almacenamiento de energía eléctrica para volver firme una oferta probable ligada a los caprichos de Kairos. En todo el documento no hay ni una palabra sobre la creación de alianzas para impulsar la colaboración científica o de desarrollo tecnológico en la que se impulse el saber hacer de la industria nacional o local. Esperemos que la comisión de expertos que se deberá nombrar antes del 10 de noviembre, otorgue un rol central al impulso a industrias nacionales de conocimiento.
 

Aunque la Ley 2099 abre posibilidades de inversión y ganancias a grandes inversionistas y unifica los fondos para implementar proyectos de electrificación , no se plantea salir de la visión del “extractivismo renovable”. Ojalá los decretos reglamentarios de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) se propongan crear valor en torno a la ciencia, la tecnología y el desarrollo industrial o empresarial sostenible. SI bien el FONENERGIA propone impulsar proyectos de electrificación en las ZNI, lo que es positivo; sería clave ser más ambiciosos y no solo “consultar” si no “invitar” a las comunidades de los territorios a hacer parte del negocio reconociendo sus particularidades. La mayoría de los mejores potenciales de las FNCER se encuentran en municipios categoría 6, algunos, ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto armado) u otros, de los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial). Parece anacrónico seguir creando enclaves en los cuales crecen las grandes inversiones privadas pero no se estructura una economía local ni nacional más allá de algunos salarios o servicios que se dinamizan en torno a estos.


Concebir la TE no es solo pensar en subastar zonas o proyectos con alto potencial con los que cuenta el país, sino pensar en el largo plazo la política –incluido nuestro rol geopolítico– que permitirá generar tantos o más ingresos que aquellos que dejará de percibir el fisco con el agotamiento de los recursos fósiles en las próximas décadas, por un lado.


Por otro lado, impulsar las industrias de base tecnológica que pueden impulsar empleos bien remunerados concatenando los diferentes sectores mineros, industriales, de servicios para reemplazar la importación de equipos o componentes para el ecosistema de Sobriedad, Eficiencia y Generación requerido. El tiempo apremia. El último reporte del GIEC-2021 no permite seguir pensando en términos del escenario “Business As Usual” y la TE en Colombia es una tarea a implementar en una década después de haber desperdiciado casi dos desde la firma del protocolo de Kyoto5.

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