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Tendencia a la mercantilización de la educación superior en Colombia

A lo largo de las últimas décadas en Colombia se ha consolidado un sistema mixto, en el que una parte importante de la oferta de la educación superior está a cargo de universidades estatales de distinto nivel (nacional, territorial y municipal).

Al mismo tiempo, se ha aumentado la presencia del sector privado que en Colombia tiene un carácter restrictivo fundacional sin ánimo de lucro, a raíz de los requerimientos establecidos en la Ley 30 de 1992, marco de política pública que rige el sistema de educación superior en Colombia.

En la medida en que las tendencias hacia la mercantilización de la educación superior se han expandido en Colombia –por el gran auge que han tenido a lo largo y ancho del planeta–, se ha reflejado un incremento significativo en la matrícula privada.

Programas de subsidio a la demanda, como el controversial “Ser Pilo Paga” –del cual más del 84 % de los beneficiaros estudian en universidades privadas– y más del 90 % de los recursos públicos también se dirigen al financiamiento de lo privado.

En los últimos tiempos, tales tendencias se han visto propulsadas por un incremento de los recursos y de las modalidades de financiación para el sector privado por parte del Estado colombiano, a través del Icetex.

En la misma dirección, aunque con un impacto menor en términos de matrícula, van los programas de subsidio a la demanda, como el controversial “Ser Pilo Paga” –del cual más del 84 % de los beneficiaros estudian en universidades privadas– y más del 90 % de los recursos públicos también se dirigen al financiamiento de lo privado.

Estas tendencias de política pública amenazan con generar un desequilibrio entre lo público y lo privado, convirtiéndose en fuentes de inequidad y dificultando –en términos prácticos– el acceso a la educación superior de los estudiantes de extracción popular de las zonas rurales y de las ciudades intermedias, quienes usualmente encontraban en las universidades estatales las vías para la movilidad social y el mejoramiento de su bienestar y desempeño profesional.

En la práctica, las universidades estatales han tenido que congelar o mantener estable el número de cupos y la matrícula, en virtud de haber llegado a escalas óptimas de eficiencia de la asignación de recursos; por ello se requiere que el sistema mixto se mantenga en equilibrio, lo cual solo se puede lograr a partir de un incremento real de la financiación estatal para las universidades públicas, con el compromiso de estas de aumentar la cobertura y de escalar hacia condiciones de calidad en la investigación y en la oferta posgradual (incluyendo los doctorados).

De hecho así ha ocurrido pese a las restricciones fiscales mencionadas. Casi la mitad de las universidades públicas tiene acreditación institucional de alta calidad, lo que muestra un desequilibrio en este sentido, en el cual salen desfavorecidas las privadas.

Casi la mitad de las universidades públicas tiene acreditación institucional de alta calidad, lo que muestra un desequilibrio en este sentido, en el cual salen desfavorecidas las privadas.

La coyuntura actual implica la necesidad de construir una política de financiamiento para la educación superior pública, temática sobre la cual venimos discutiendo y conversando para construir alternativas y fórmulas precisas con el Ministerio de Educación Nacional.

Este tema también se ha venido tratando con las comisiones económicas y de educación en el Congreso (comisiones sextas de Cámara y Senado).

Estamos en un momento de definiciones, y sin duda se requiere fortalecer la financiación si el país quiere mantener un sistema equitativo plural que dé cabida tanto a lo público como a lo privado.

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