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Reforma Tributaria, ¿qué pasa con la deuda pública?

Para ello, el Banco de la República redujo la tasa de intermediación de 4,5 % en marzo de 2020 a 1,75 % en la actualidad, mientras que la tasa para los créditos a los usuarios, sin ningún tipo de control gubernamental, siguió igual al periodo prepandemia, sobreajustando el endeudamiento de las familias, microempresas y micronegocios, entre otros.
 

Además redujo los encajes bancarios –porcentaje de los depósitos recibidos por cada entidad financiera que no puede ser utilizado– posibilitando que al tiempo los intermediarios financieros compraran títulos de deuda pública en el mercado secundario; garantizó operaciones privadas de cobertura cambiaria en dólares y adquirió pasivos financieros de difícil recaudo1.
 

Por último, negó la posibilidad de realizar emisiones directas al sector público, las cuales hubieran servido de apoyo a la implementación de una renta básica que una gran cantidad de ciudadanos informales y desempleados requieren con urgencia en un país tan desigual y pobre como Colombia (gráfico 1), o para mejorar las condiciones de los hospitales y los puestos de salud incluyendo las precarias condiciones en que labora el personal médico.


Puedes leer: Colombia, un paraíso fiscal para los ricos.

La política fiscal siguió los mismos derroteros. Todos los recursos asignados presupuestalmente para la gestión de la pandemia escasamente llegaron al 2,65 % del PIB, de un total presupuestal de 4,45 % del mismo, y no se ejecutó el 1,8 %, con lo cual Colombia habría destinado uno de los montos de emergencia más bajos de todo el mundo para atender la pandemia del COVID-19.


De igual manera, el 80 % de las ayudas fue entregada a los grandes grupos económicos y sus empresas, como en el caso del Plan de Ayuda al Empleo Formal (PAEF), diseñado para entregar subsidios a las nóminas. De 1.500.000 Mipymes, solo el 9 % accedieron al él, mientras el 80 % de las 3.851 grandes compañías lo recibieron. Entre las empresas que recibieron este subsidio estatal estuvieron grupos económicos como el Grupo Sarmiento, el grupo liderado por Jaime Gilinski Bacal, el Grupo Ardila, el Grupo Santo Domingo y la familia Echavarría de Antioquia2.

 

La pandemia ha terminado por producir una debacle social, un retroceso significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

 

En el caso del PIB por habitante, Colombia retrocedió en 2013 (gráfico 2).

Este sesgo de la política monetaria y fiscal, adicional al sesgo pro-rico y pro-grupos de presión que tiene la política tributaria, ha significado una privatización de recursos públicos vía beneficios y exenciones fiscales para cubrir el déficit fiscal estructural que tiene la nación, el cual es cubierto en lo fundamental con deuda pública.


Las estadísticas oficiales muestran que la deuda pública interna asciende a 395 billones de pesos, de los cuales el 88 % corresponde a TES (títulos de deuda pública) de largo plazo. En 2021 (11 %) y 2022 (10 %) se debe amortizar cerca de 82 billones de pesos (21 %). Para 2021, el 34 % corresponde a TES, mientras que para 2022 el 100 % son TES.
 

En lo referente a la deuda pública externa el monto total asciende a 245 billones de pesos, de los cuales el 4 % se debe amortizar en 2021, el 1 % en 2022 y el 4 % en 2023.


Entre la composición de fuentes de la deuda externa se encuentran los tenedores de bonos, los cuales absorben el 6 9% de las amortizaciones en 2021, el 0 % en 2022 y el 50 % en 2023. Entre tanto, al BID se le debe amortizar el 13 % en 2021, el 40 % en 2022 y el 16 % en 2023.


Puedes ver: Bonos de deuda pública: ¿qué son y para qué sirven?.
 

La deuda pública total cerró a finales del año pasado en el 61,4 % del PIB (unos 619,59 billones de pesos), el cual, aunque no es un monto alarmante en cuanto a los niveles de deuda de otros países, sí afecta las asignaciones de gasto de manera considerable, pues en el presupuesto de la nación de 2021 el monto programado para el pago del servicio de la deuda asciende a 70,5 billones de pesos, un incremento considerable en relación con el de 2020, que llegó a 53,6 billones de pesos.
 

Esto ha llevado a que las calificadoras de riesgo (Moodys, S&P global y Fitch Ratings) hayan mantenido en diciembre pasado una calificación con perspectiva negativa presionando el trámite de la reforma tributaria que les garantice el pago de la deuda pública. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que le autorizó al país la utilización de la Línea de Crédito Flexible hasta por un monto de 17.000 millones de dólares, aunque de momento no exige condicionalidades, ha declarado “en observación” la política económica en los próximos años.

Esto explica la terquedad del Gobierno por imponer una nueva reforma tributaria regresiva en medio de las dramáticas condiciones de salud pública y del retroceso en la calidad de vida que experimentan la mayoría de los colombianos y las declaraciones en favor de tal propuesta del gerente del Banco de la República y de los voceros de los gremios económicos.
 

La tragedia humanitaria que vive el país, así como el contexto de concentración del ingreso, exige propuestas diferentes, pues los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de (DIAN) señalan que el 51 % de los ingresos brutos declarados por las personas naturales se concentra en el decil más alto de ingresos, el 10; el ingreso del 1 % más rico es 294 veces más grande que el ingreso de las personas de menores ingresos; y el ingreso del uno por mil más rico es 1.300 veces superior al del decil 1.
 

Además, el índice de Palma, que relaciona los ingresos del decil 10 con los de los deciles 1, 2, 3 y 4 es igual a 5, es decir, el ingreso del 10 % más rico es 5 veces el ingreso del 40 % de los declarantes de menores ingresos. Si esta misma relación se calcula en términos del ingreso declarado per cápita respecto al uno por ciento y al uno por mil más rico, se obtienen valores de 90 y 400; además, ello es el resultado de un coeficiente Gini de concentración de 0.6157.


En suma, es necesario buscar salidas alternas a la ortodoxia con que los gobiernos han gestionado la política monetaria y fiscal para enfrentar la recesión económica, reducir la pobreza y mejorar la redistribución del ingreso.

 


1 Esta es una operación pionera en América Latina, similar a la que inició el Sistema de Reserva Federal (FED) norteamericana desde la crisis económica de 2008 secundada por los Bancos Centrales metropolitanos y denominada como Quantitative Easing.

2 https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/los-grandes-grupos-economicos-que-recibieron-ayudas-durante-la-pandemia/20210222/nota/4111515.aspx

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