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Reforma Tributaria 2.0 para despistar incautos

Al analizar los cambios de fondo que se presentan, se puede concluir muy rápidamente que no cambia nada importante, pues el sistema tributario en Colombia sigue siendo regresivo e ineficiente, todo lo contrario a lo establecido por la Constitución Política de 1991, propiciando aún más el subdesarrollo. Lo que se hace corresponde a paños de agua tibia para conseguir unos recursos que son insuficientes, pretendiendo calmar a las calificadoras de riesgo.

Aunque el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, escuchó propuestas de algunos sectores –quizás más por conveniencia mediática, cosa que nunca hizo el anterior– otra vez esta reforma no fue adecuadamente concertada con las bases sociales, los trabajadores, los sindicatos ni la academia, sino que se hizo con los gremios que ostentan el poder, lo cual no permite una adecuada democratización de este tema vital en lo social y lo económico.

Desde el Gobierno se informa que el proyecto tiene una meta de 15,2 billones de pesos, el 60 % de los cuales vendrán de las empresas; se afirma que no se tocará a las personas naturales y que habrá una reducción del gasto de al menos 1,9 billones de pesos.

Es preocupante que el proyecto pretenda obtener recursos por solo 15,2 billones de pesos, pero de otra parte en el presupuesto nacional para 2021 se proyecte un endeudamiento externo adicional de 65 billones de pesos y 12 billones de pesos para vender activos de la nación.

Puedes ver: Activos del Estado y su relación con la reforma tributaria.

Toda la propuesta de la reforma no es un recaudo, pues algunos aspectos se relacionan con un menor gasto; por ejemplo, se indica que existirá un ahorro de 1,9 billones de pesos anuales como resultado del plan de austeridad. Además se propone frenar el crecimiento de la burocracia y reducir gastos en la adquisición de equipos, vehículos, viáticos y gastos de publicidad. Sin embargo, sería importante analizar también la inconveniencia del excesivo gasto militar y de la Policía.

Los otros recursos que sí corresponden a mayor recaudo provendrán de las siguientes fuentes: 2,7 billones de pesos del fortalecimiento de la lucha contra la evasión fiscal, que contempla la modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la transformación de la factura electrónica y la georreferenciación de inmuebles; 6,7 billones de pesos por cambios en la tarifa del impuesto de renta corporativa, la tarifa nominal se aumentará al 35 %, pero siguen los beneficios de la Ley de Crecimiento Económico de 2019 (para contratación de jóvenes, economía naranja, sector agroindustrial y hoteles y parques); el sector financiero tendrá una sobretasa de 3 puntos porcentuales hasta 2025; y 3,9 billones de pesos al bajar del 100 al 50 % el descuento del impuesto de industria y comercio (ICA).

Buena parte de estos recursos se dan por reducir o aplazar algunos de los beneficios aprobados durante la Ley de Crecimiento Económico aprobada en 2019.

Reformas de corto plazo

Lo que preocupa es que se sigue improvisando para cubrir déficits coyunturales y nunca se han planteado aspectos verdaderamente estructurales que garanticen recursos suficientes y se haga de manera progresiva, es decir que los que tengan mayores ingresos o riqueza paguen más impuestos según el principio de equidad vertical y que se cumpla además el principio de equidad horizontal, que indica que si dos contribuyentes tienen la misma renta paguen el mismo impuesto.

Estos son algunos puntos discutibles y otros que hasta el momento no se han mencionado en el proyecto, y si pudieran generar soluciones de largo plazo que permitieran, de una parte, un recaudo suficiente, y además fueran progresivas.

Aplicar tarifas nominales del 35 % a las empresas no es un gran logro; esto en realidad sí podría ser una adecuada alternativa si se eliminan los cerca de 225 beneficios tributarios que hacen tan complejo el sistema y que nunca han tenido un estudio beneficio/costo. Existen beneficios tributarios con nombre y apellido, y buena parte de ellos corresponden a retribuciones a la financiación de las campañas políticas, como incluso ya lo han mencionado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y varias tesis de grado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Con cálculos realizados al tomar las 5.000 empresas más grandes del país extraídas de las bases de datos de la Supersociedades y la Superfinanciera, eliminando los beneficios fiscales y bajando la tasa nominal al 22 % en vez de subirla al 35 %, se podría lograr un recaudo anual superior a 5,5 billones de pesos.

Puedes leer: ¿Qué sigue para una nueva reforma tributaria?

El proyecto no contempló algo muy sencillo que ya existía antes: trabajar con una sola tabla para eliminar la inequidad horizontal, es decir que una renta de capital pague el mismo impuesto que una renta laboral.

Tampoco se menciona nada en relación con la tributación de los dividendos, los cuales hoy en día tienen muchas formas de no pagar un peso de impuestos, como por ejemplo si no se decretan, si se decretan en acciones, si se pagan a una empresa que los mismos dueños han creado, o si se reciben en el exterior por una compañía holding creada en Panamá.

No se hace ningún análisis con los altos ingresos o rentas para incrementar los rangos mínimo hasta un 50 % (sin ser el más alto globalmente) como lo manejan los países que tienen sistemas tributarios progresivos, ni se mencionan tablas progresivas para el impuesto al patrimonio. Es irracional que este impuesto empiece desde 5.000 millones de pesos, debe empezar al menos desde un patrimonio líquido (bienes y derechos menos deudas) de 1.200 excluyendo la vivienda por 400 millones de pesos.

No se contempla prisión real para los evasores y sus asesores: actualmente si el evasor admite su falta solo paga la multa y no va a prisión, y eso los motiva para seguir intentándolo. En los demás países se paga la multa  y se va a prisión. Aquí debería empezar la penalización al menos desde 500 millones y no desde 5.000 millones, pues se está cometiendo el mismo delito.

No se enfatiza en la prohibición a operaciones con paraísos fiscales que no suministren información automática de los colombianos, ni se habla del impuesto a las herencias tan bajo para los más ricos, solo el 10 %, cuando en un país muy capitalista como Japón tiene una tarifa del 55 %.

No se incluye el tema de la actualización catastral, que puede implicar varios billones para las arcas territoriales, ya que grandes extensiones rurales –muchas de políticos– están avaluadas por solo el 5 % del valor comercial.

Por último, nunca se incluye un análisis sobre la gran inequidad en los costos de la seguridad social, no es posible que una enfermera que se contrata por prestación de servicios por un monto similar al mínimo tenga que pagar cerca del 30 % por este concepto, mientras el dueño de un banco que reciba cerca de un billón, solo deba pagar el 0,0007 %.

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