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Reforma del impuesto predial como medida emergente ante la crisis por el COVID-19

Un poder de influencia desmedido en particular en el ámbito político sobre autoridades locales –especialmente en municipios medianos y pequeños–, que ha impedido incrementar, como debiera haber sido, las tarifas del impuesto predial a niveles similares a otros países de la región.
 

Lo mismo ha ocurrido con un retraso histórico en la actualización del catastro que también ha bloqueado el avance hacia una adecuada tributación predial en el país. De ahí que una reforma del impuesto predial haya sido una tarea pendiente que puede abordarse a propósito de la emergencia socioeconómica y sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.
 

Puedes ver: ¿Qué es el impuesto predial y cómo se puede usar para contrarrestar una pandemia?.
 

Los cambios en el impuesto predial se pueden dar por la vía del avalúo catastral o de las tarifas nominales. Por un lado, incrementar el avalúo en estos momentos sin el apoyo técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no es recomendable. En cambio, por otro lado, toda modificación de las tarifas se debe circunscribir a los principios de equidad y progresividad ineludiblemente a nivel intramunicipal, y decidirse por las autoridades competentes al momento en que se considere conveniente y necesario.
 

Así, si se incrementa la tarifa media al 10 por mil, ceteris paribus (todo lo demás constante), el recaudo se aumentaría anualmente en cerca de 4 a 4,5 billones de pesos. Es decir, por un incremento de la tarifa en un 1 por mil se generaría un recaudo adicional de unos 1,3 a 1,5 billones de pesos al año, de los cuales 0,3 billones les corresponderían a municipios no capitales de departamento.
 

Este nivel de tarifa representaría en varias regiones un incremento de más de un 80 %, y en otras cercano al 30 %.


En este contexto, resultaría prudente pensar en realizar el ajuste de las tarifas del impuesto predial en al menos dos etapas: una primera en 2021, consistente en un incremento de la tarifa media a un 10 por mil, y una segunda en 2022, hasta un 14 por mil. De esta manera se generarían recaudos anuales adicionales por este concepto del orden de 4 a 4,5 billones de pesos y 5,3 a 5,8 billones, respectivamente, de los cuales 0,9 billones en 2021 y 1,2 billones en 2022 les correspondería a los municipios no capitales.
 

Por supuesto, se tendrían que implantar criterios básicos para el aumento tarifario promedio, como los siguientes:

  1. Un incremento diferencial urbano-rural y entre las grandes ciudades capitales y el resto de capitales departamentales –mayor aumento para lo urbano, en especial para las grandes capitales–,
  2. un incremento progresivo vertical –relativamente mayor para los predios con mayor avalúo catastral– y equitativo horizontal –relativamente igual para predios de igual valor catastral–,
  3. un incremento tarifario a partir de unos determinados valores básicos: uno para lo urbano, diferenciado entre grandes capitales y el resto de capitales, y otro para lo rural, fijados de manera tal que no se afecte a las personas dueñas de ingreso y patrimonio medio ni bajo, sino progresivamente a las pertenecientes a partir de los estratos 8-9, con especial énfasis a las superricas –de los subdeciles 4 a 10 del decil 10–, y
  4. el desmonte de la multiplicidad de tratamientos discriminatorios, discrecionales e inequitativos que no solo erosionan la base gravable, sino que además favorecen a agentes poderosos política y económicamente –como es el caso de exenciones en la tributación predial a predios considerados supuestamente como de valor histórico-patrimonial con elevado valor económico bajo propiedad privada con fines de ocio o especulativo o aún de negocio, por ejemplo.
     

Todo esto llevaría a un recaudo adicional neto inferior al estimado antes hasta en un 10 % aproximadamente.


Puedes leer: Inequidad, una marca indeleble del Sistema de Seguridad Social.
 

La medida en el marco de la Ley de Emergencia vigente


Ante la crítica situación de las finanzas públicas, no solo del Gobierno nacional sino también del sector público no financiero, para enfrentar los impactos de la pandemia y la crisis económica, la reforma del impuesto predial por la vía tarifaria podría contribuir a que los gobiernos locales de un buen número de municipios de país recauden ingresos tributarios adicionales para ayudar a financiar prioridades de gasto social, sanitario y de infraestructura indispensables, que permitan adicionar y complementar los programas socioeconómicos del Gobierno nacional. Además, de comenzar a corregir uno de los retrasos más acuciantes e injustificables de la tributación en el país: actualizar y elevar el impuesto predial.

En virtud de la Ley de Emergencia vigente, el Gobierno nacional debería analizar la posibilidad de reformar la tributación predial en una dirección como la planteada, mediante un incremento de las tarifas medias según principios y criterios rectores como los de equidad, progresividad y diferenciabilidad rural-urbana que podría generar recursos tributarios adicionales de hasta unos 10,5 billones de pesos en los dos primeros años de aplicación con titularidad legal de los municipios y entes territoriales del país.
 

De procederse así, se propone que la reforma tributaria predial entre en aplicación en 2021 con un incremento de la tarifa media del 6,8 por mil al 10 por mil, en al menos dos etapas: 2021-2022, hasta llegar a una tarifa superior al 13 por mil.
 

La recolección la deberían hacer directamente los municipios y entes territoriales y destinarlos a sus prioridades sociales y económicas de emergencia, por ejemplo.
 

Sin duda, la reforma propuesta del impuesto predial contribuiría a mejorar el bajo esfuerzo fiscal a nivel municipal –medido como el recaudo municipal por habitante– que caracteriza a un gran número de municipios del país, y que de no alterarse este patrón se tenderían a profundizar brechas inter-municipales al punto que una gran mayoría de municipios con bajo esfuerzo fiscal local dependerían crecientemente de las transferencias de parte del Gobierno central, para poder adelantar políticas sociales de bienestar y proyectos prioritarios para el desarrollo local y regional1.


Por último, es de resaltar que con el potencial impulso de obras sanitarias, como la construcción y puesta en funcionamiento de puestos de salud, acueductos e infraestructuras de saneamiento básico, el emprendimiento de proyectos productivos y planes de vida de población damnificada, en muchos municipios se tendría la posibilidad de crear empleo y aumentar sus precarios niveles de ingreso.


En efecto, mediante programas como los de buffer de empleo en clave territorial-local se abre la posibilidad de que alguna proporción de los hogares damnificados se conviertan en los propios actores protagónicos de la puesta en marcha de procesos de restablecimiento de sus proyectos de vida, de recuperación del tejido social de sus comunidades y de construcción de sistemas sanitarios básicos hoy inexistentes2.

 


1 Garay y Espitia, 2019, capítulo 4.

2 Véase, entre otros, a: Garay, L. J. (2012). “Hacia un plan de emergencia estructural de reconstrucción y reparación integral de las víctimas en Colombia. El papel de un programa de buffer de empleo incluyente”. En: Garay, L. J., Moreno, A., Mora, A. F. y Velásquez, I. D. Colombia: Diálogo pendiente Vol. III. El derecho al trabajo y la política de buffer de empleo. Planeta Paz. Bogotá. Enero.

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