Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
Recomendaciones para no olvidar a los niños en estado de vulnerabilidad

No se ha dado la importancia necesaria al impacto en el corto, mediano y largo plazo, que pueden tener en los niños las medidas tomadas para controlar la pandemia por coronavirus en los diferentes países como el confinamiento y el distanciamiento social. Una muestra de ello es que la primera medida tomada en Colombia fue la suspensión súbita de clases, que tomó por sorpresa a maestros e instituciones educativas y no dio tiempo a que a los niños se les diera una información clara del por qué.
 

Los niños necesitan del aire libre, el juego, el ejercicio físico y la interacción con otros, no solo para tener una buena salud sino también para tener un desarrollo adecuado. A las dificultades que tienen hoy para acceder a estos, se suman los nuevos riesgos a que se ven expuestos por el confinamiento como: la afectación en su salud mental y la de los adultos que los cuidan, los problemas de inseguridad alimentaria y nutricional derivados de la disminución de ingresos de sus familias y el riesgo de estar más expuestos a la violencia intrafamiliar y el maltrato físico y emocional por parte de los adultos cuidadores que viven el estrés del miedo y la incertidumbre.
 

Puedes escuchar: "Sistema educativo no está preparado y esto es reflejo de exclusión social".


Por estas y otras repercusiones, el Comité Internacional de los Derechos del Niño, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) y ONG nacionales e internacionales han llamado a asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes, las mejores condiciones de bienestar y a estar vigilantes de las posibles vulneraciones de sus derechos en estos duros momentos y a pasar a la acción efectiva para la protección integral de sus derechos.
 

Los impactos de esta crisis mundial afectan de manera desigual tanto a niños como adultos, dependiendo de sus ingresos económicos, la calidad de la vivienda, los espacios que disponen, el acceso a información y a las nuevas tecnologías, la comunidad donde residen, el hecho de ser desplazados o migrantes internacionales, las condiciones de discapacidad de ellos o de sus padres o cuidadores.
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que la pandemia “puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad”, sobretodo cuando América Latina es la región más desigual del mundo.
 

Más riesgos en confinamiento
 

Uno de los derechos de más riesgo de vulneración en estos momentos es el derecho a la alimentación, en el cual existen históricamente en la región y en el país grandes inequidades entre poblaciones urbanas y rurales, comunidades indígenas y otros grupos étnicos, así como entre los diferentes estratos económicos. En el caso de Colombia, hay un problema de inseguridad alimentaria en cerca del 50 % de los hogares, con una desnutrición en menores de 5 años mayor al 10 %, situaciones que se verán agravadas durante el confinamiento.
 

Puedes leer: Llegó la hora de consolidar políticas para evitar la obesidad infantil.


Lo mismo ocurre con el derecho a la salud, tanto por las consecuencias del COVID-19 como por las dificultades en el acceso a la vacunación, el acceso a programas de suplementación y recuperación nutricional, el acceso a atención oportuna de otros problemas de salud, el acceso a controles de salud y a programas especiales como el programa canguro o los programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, así como para el seguimiento a problemas crónicos de salud física y mental y a acciones de rehabilitación de los mismos.

Por su parte, las vulneraciones al derecho a una educación de calidad muestran las grandes brechas en calidad de la vivienda, acceso a las TIC, nivel educativo de los padres, disponibilidad de recursos de apoyo a la educación, han marcado las diferencias y desigualdades de los procesos educativos durante el periodo de confinamiento. Pueden igualmente disminuir las oportunidades para jugar y disfrutar del arte y la cultura.
 

Los derechos de protección también tienen un riesgo aumentado de ser vulnerados en el tiempo que dure la crisis, no solo por el aumento de la violencia intrafamiliar, incluidos el maltrato infantil y el abuso sexual, sino también porque menos vulneraciones son reportadas o denunciadas y el sistema de protección tiene un accionar limitado.
 

La población vulnerable
 

Hay poblaciones que por su condición crítica van a tener un mayor impacto negativo de la pandemia y de las medidas que se toman para evitar su rápida propagación, entre ellos están grupos históricamente excluidos como:
 

• Los campesinos, afrodescendientes e indígenas y los demás habitantes de las zonas rurales, donde con frecuencia no hay agua potable y se presentan problemas en el acceso a otros servicios básicos como electricidad, se tiene limitado acceso a computadores y a la conexión a redes, situaciones que dificultan cumplir el aislamiento, aplicar las medidas de higiene y dar continuidad a la educación de niños, niñas y adolescentes.

• Los migrantes y los desplazados por el conflicto armado, quienes carecen en su mayoría de una vivienda digna con condiciones adecuadas para el confinamiento, siendo su capacidad económica muy limitada por lo que y el hambre y la discriminación que ya vivían se van a ver agravadas; muchos de ellos no tienen un aseguramiento en salud y sus hijos van a quedar por fuera del sistema educativo.

• Los habitantes de los barrios informales, con problemas en acceso al agua y el saneamiento básico que les impiden cumplir las recomendaciones básicas de higiene; viven en espacios pequeños, donde es imposible hacer un adecuado aislamiento; tienen problemas de desnutrición, así como limitaciones para cumplir la educación virtual que se propone y su acceso a servicios de salud es limitado.

• Las personas en condición de discapacidad sean los padres o cuidadores, o los mismos niños, quienes van a tener por este tiempo limitaciones en el acceso a servicios de salud y rehabilitación y pueden tener un mayor riesgo de contraer el COVID-19 o de agravarse si lo presentan; si ya no vivían en encierro permanente por su condición, van a ver ahora más limitada su movilidad y socialización.

• Las familias habitantes de calle, los niños y adolescentes cuyos padres están privados de la libertad, los niños, niñas y adolescentes abandonados, los niños, niñas y adolescentes internados en instituciones de protección, los niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente, los niños y adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas, los niños, niñas y adolescentes trabajadores, entre otras condiciones de vulneración de derechos.
 

Los niños y adolescentes de los sectores más pobres, resultan ser unas de las principales víctimas de la actual pandemia, esto exige levantar en este momento la bandera de la protección integral de sus derechos.


Te puede interesar: Las dificultades de ser un niño o una niña inmigrante.
 

Las recomendaciones


Teniendo en cuenta todos esos impactos sobre la población menor de 18 años, el Observatorio sobre Infancia (OBSI) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) propone una agenda de política pública que se centre en los derechos de los ciudadanos, priorizando las niñas, niños y adolescentes. La misma debería incluir al menos los aspectos como:
 

  • Adoptar una perspectiva de derechos humanos en las decisiones que tomen los gobiernos nacionales y locales dirigidas a enfrentar la pandemia y sus consecuencias, priorizando los derechos de las personas sobre cualquier otra consideración. Asumiendo en su aplicación enfoques de ciclo de vida, género, interculturalidad e inclusión social.
  • Garantizar el derecho a la información sobre lo que está ocurriendo a todos los ciudadanos, desarrollando estrategias de información dirigidas a los niños y adolescentes en formatos que sean accesibles para todas las edades y condiciones de vida, así como a comunidades indígenas y personas en situación de discapacidad.
  • Tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a la alimentación, como la congelación de precios de los alimentos básicos y la regulación de su distribución equitativa en el territorio nacional, combatiendo el acaparamiento y la especulación.
  • Fortalecer los programas de transferencia de recursos a las familias en situación crítica, garantizando un mínimo vital a toda la población. Garantizar la continuidad de los programas de asistencia alimentaria a la población de gestantes, niños y adolescentes, así como de los programas de recuperación nutricional para niños desnutridos y difundir la importancia de una alimentación saludable y del ejercicio físico.
  • Mantener la prestación de servicios de atención de salud para niños y adolescentes, apoyándose en la telemedicina y la atención telefónica, pero manteniendo espacios de consulta cercanos a las viviendas donde puedan acudir quienes tengan problemas de salud diferentes a enfermedades respiratorias y que no puedan ser atendidos por telemedicina, así como niños y adolescentes con enfermedades crónicas o discapacidades que requieran un seguimiento, y niños y niñas en el programa canguro.
  • Garantizar la continuidad de atención en salud sexual y reproductiva para adolescentes y el acceso de ellos a métodos de planificación familiar, así como la atención pronta en el domicilio a las gestantes y los niños y adolescentes con enfermedad respiratoria que lo requieran, con toma de muestras y entrega de resultados en las siguientes 24 a 48 horas.
  • Mantener servicios de salud mental funcionando, empleando para ello recursos tecnológicos e implementar intervenciones de soporte psicológico y acompañamiento a las familias y a los niños, niñas y adolescentes en confinamiento familiar que lo requieran.
  • Reforzar el programa de vacunación, garantizando el acceso a las vacunas a todos los niños durante el periodo de crisis, desplazando cuando sea necesario los servicios de vacunación a las viviendas o lugares cercanos a las mismas.
  • Utilizar los diferentes medios de comunicación y las tecnologías de la comunicación: internet, televisión, radio para continuar los procesos educativos de niños y adolescentes, adaptándolos a necesidades específicas, como la etnoeducación y la educación de las personas con discapacidad. Para ello es necesario generar políticas y expedir normas que faciliten el acceso a servicios de telecomunicaciones a quienes hoy no lo tienen, como conexiones de internet libre, disminución de tarifas, acceso gratuito o económico a dispositivos electrónicos. Garantizar que haya un seguimiento individual por parte de las instituciones educativas a cada uno de sus alumnos, incluyendo aquellos con dificultades de conexión a internet.
  • Realizar desde ahora un programa dirigido a garantizar condiciones de sanidad e infraestructura en las instituciones educativas que facilite que estén disponibles para el reinicio de clases en condiciones que permitan garantizar las medidas de higiene, protección y separación entre las personas que se requerirán para controlar la diseminación del COVID19. Igualmente, incorporar en los currículos reflexiones sobre la pandemia, los aprendizajes que deja, la importancia de la resiliencia y la prevención de nuevas emergencias.
     

Puedes leer: Políticas sobre niñez y adolescencia en Colombia se deben revisar.


Adicionalmente, proponen promover entre padres y cuidadores el buen trato y la crianza humanizada, sin usar el castigo físico y respetuoso de los derechos y la dignidad de niños y adolescentes, propiciando actividades lúdicas diversas, así como actividades de integración familiar y el diálogo permanente entre todos sus integrantes, permitiendo la expresión de los sentimientos, incluidos los de temor y ansiedad que se viven por la situación actual.
 

Promover además, la equidad de género en las actividades domésticas y de cuidado, dándoles participación activa en ella a niños y adolescentes sin discriminación e Implementar programas de prevención de la violencia intrafamiliar que sean difundidos por los diferentes medios de comunicación y que incluyan la información sobre los teléfonos, correos e instituciones donde se pueden hacer reportes y denuncias.
 

Garantizar el registro oportuno de todos los niños que nazcan en este periodo, preferiblemente en la misma institución donde ocurrió el parto.


El OBSI agrega recomendaciones como:
 

  • Adecuar las rutas de atención y protección en casos de vulneración de derechos a las nuevas condiciones, facilitando que los reportes y denuncias se puedan hacer por medios electrónicos y que estos tengan una respuesta rápida y efectiva por parte de las instituciones responsables.
  • Garantizar que todos los casos que tengan activo un proceso de restablecimiento de derechos tengan seguimiento durante el tiempo que duren las medidas frente a la pandemia. Evitar que se detengan la aplicación y seguimiento de las medidas de restablecimiento de derechos y los procesos de adopción.
  • Tomar medidas para la protección de niños y adolescentes migrantes y desplazados y sus familias, que incluyan un lugar digno donde pasar el periodo de aislamiento y la garantía de su derecho a la alimentación y a la atención en salud. Esta población debe ser prioritaria en los programas de apoyo que se implementen.
  • Reforzar las medidas de protección frente al COVID19 y frente a otras vulneraciones de derechos para niños y adolescentes que están en instituciones de protección y centros para adolescentes infractores de la ley penal, garantizando el acceso a todas las medidas para prevenir el contagio necesarias tanto para ellos como para los funcionarios que los acompañan.
  • Facilitar a los niños y adolescentes separados de sus familias, la comunicación con las mismas.
  • Desarrollar procesos de participación social que incluyan a niños y adolescentes en la discusión de las decisiones a tomar en la crisis, así como en el seguimiento de la aplicación y en la evaluación de resultados de las diferentes decisiones de política pública, acciones y medidas implementadas.
  • Propiciar el diálogo de niños, niñas y adolescentes con sus compañeros y profesores, así como con las organizaciones de niños, niñas y adolescentes a través de medios electrónicos y redes sociales, promoviendo la libre expresión de sus ideas.
     

El momento es propicio para promover en la sociedad y especialmente entre los niños y adolescentes valores esenciales como la solidaridad, la fraternidad, la cooperación, el altruismo, la compasión, la generosidad, la tolerancia, el pluralismo, la empatía, la paciencia y la honestidad, que ayudarán a aprender de esta crisis que los derechos de las personas deben ser la prioridad de todas las sociedades y de sus gobernantes.

Relacionados

1090,3280,3281,3282

En el mundo, los principales establecimientos, servicios o actividades en los que se han reportado grandes brotes de COVID-19 son los hogares...

En Colombia no hay una manera de matricularlos en los colegios porque se les exige visa y requisitos burocráticos que no tienen en cuenta su situación...

Consejo Editorial