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Quebradona, la ilusión del desmantelamiento minero sostenible en Colombia

En esta fase se esconde una contradicción absoluta en términos de financiamiento de los compromisos ambientales, pues cuando se requieren más inversiones para enmendar décadas de explotación minera es cuando más surgen posibilidades de quiebras e incumplimientos de las firmas promotoras, y es justo el momento con mayores presiones de liquidez ante el agotamiento de la veta (origen) que soporta la operación comercial.
 

Aunque nominalmente se está frente a una situación conocida, es más probable que sea la sociedad la que asuma el riesgo de insolvencia e incapacidad de ejecutar a cabalidad las exigencias ambientales de esta fase final de desmantelamiento, en la cual se recupera y reorienta el territorio, y se tienen la nada despreciable tarea de borrar la huella ambiental que dejará el emprendimiento de este megaproyecto minero en Antioquia y Córdoba, más los que surjan en el llamado “cinturón de cobre andino”.
 

Junto al litio y al coltán, el cobre es considerado como un material con gran proyección de valorización por la minería moderna ante el avance frenético de la transición energética global. Con oportunidades mundiales, en Colombia han surgido nuevas formas de desarrollar minería, desde aquellas polémicas como la minería del coltán en la Amazonia1 hasta los refinados planteamientos de sostenibilidad de grandes mineras tradicionales del mundo como es el proyecto Quebradona, un proyecto de minería autodeclarado como “sostenible” por sus promotores.
 

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Partiendo de este autocompromiso, resulta importante revisar los criterios modernos de sostenibilidad “estricta” y descubrir si el municipio de Jericó, Antioquia, está en presencia del primer oasis minero del país. De ser así, no estaríamos frente a un clamor de cierre de minas como sucede hoy en el Cerrejón2, o de un flagrante descuido como el pozo Lizama 158 abandonado hasta su “redescubrimiento” con el derrame petrolero en acuíferos cercanos3, o de las controversias económicas por los pagos de regalías mineras entre Cerro Matoso y la nación4.

Inicialmente en un megaproyecto la sostenibilidad minera no se percibe, ya que en los primeros pasos de factibilidad minera la comunidad se encuentra en una condición pasiva y desinteresada ante la novedad de las propuestas formuladas y además se desarrolla en un horizonte futuro bastante distante, pues las agendas habituales de sus promotores consisten en revelar expectativas de inversiones futuras a comunidades carentes de interés para actividades económicas alternas a gran escala. En el mundo, la minería se desarrolla especialmente en lugares conflictivos donde los megaproyectos son estimulados por los Gobiernos ante un gran impacto en términos de dividendos económicos como sucederá en Quebradona.
 

En el paso siguiente de construcción y operación, dicha sostenibilidad es un poco más concreta y aún puede ser atractiva para las sociedades involucradas que observan cómo se inician exportaciones de un material como el cobre asociado con la energía renovable, y por tanto clave en el siglo XXI para nivelar la balanza de pagos del país con gigantes asiáticos como China. En este paso, ante la necesidad de generar tributos y regalías, la sostenibilidad minera empieza a presentar tensiones fluctuantes por parte de las regiones, además de  presiones para aceptar los riesgos ambientales emergentes de nuevas evidencias científicas, pues cualquier variación aún insignificante del modelo de negocio5 implica un descuadre exponencial en los delicados cierres financieros comprometidos con los financiadores de la gran minería, que por lo general son quienes realmente asumen el riesgo económico.
 

La construcción empieza a crear un mercado laboral monopsonio o de monopolio del comprador, y exigencias de estabilidad jurídica extendidas para actividades conexas como transporte de residuos tóxicos en los casos extraordinarios que se puedan ir presentando. Aquí la generación de ingresos mantiene una extraña relación funcional entre actores cómplices y ajenos sin demasiadas expectativas futuras más allá de una cotidianidad armoniosa entre la actividad minera y sus entornos usualmente muy vulnerables por su “precariedad social” preexistente. En esta etapa la percepción de sostenibilidad “débil” empieza a ser más evidente para todas las comunidades, aunque no es suficiente para generar veredictos pues los indicios de sostenibilidad son aún indirectos y fugaces, y finalmente aún es una actividad rentable.
 

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Por último llega el paso más definitorio para determinar la sostenibilidad minera “estricta”, en el cual Quebradona asume su título reputacional no de minería “de gran escala” sino de “sostenible”, es decir, finalmente en la etapa de desmantelamiento sucede la regeneración de espacios afectados por la extracción intensiva subterránea.
 

Desmantelamiento: la etapa final


Según el estudio de impacto ambiental de Quebradona, hasta ese momento han sucedido todas las afectaciones y daños al medioambiente que según los promotores no se pudieron evitar, mitigar y compensar.  Es ahí cuando el pasivo ambiental empieza a ser superior al activo económico que lo permitió y donde el desgaste y la ausencia de expectativas de ingresos o rentas empieza a desanimar a los antiguos cómplices pasivos y activos de la actividad minera sostenible al revelar su total dimensión y su impacto en la sociedad, es decir, se descubre la sociedad que surge tras la minería intensiva de escala internacional realizada.
 

En Quebradona, el estudio de impacto ambiental para esta etapa propone destinar 10 años al proceso de poscierre después de traspasar 28 años de actividades de construcción y operación según el estudio de impacto ambiental.
 

En términos de esta fase, se omiten obviedades como purificación de aguas superficiales secundarias y subterráneas contaminadas con materiales en desuso de la cicatriz tóxica generada por el uso minero previo.


Además se omiten los recursos financieros necesarios y crecientes para readaptar toda una sociedad orientada a la minería y posteriormente descontextualizada de la sociedad del conocimiento en la que continuarán viviendo. Los tributos se irán erosionando, lo cual limita la capacidad de continuar obras faraónicas ya planteadas como el futuro parque de la zona aún sin establecer si -como sucede en la minería a gran escala- con el paso del tiempo exigirán extensiones adicionales en el tiempo de operación y con ello ir diluyendo los compromisos ambientales futuros de los acuerdos originales.

Si se presenta una solicitud futura de extensión de plazos en el proyecto, la única etapa que realmente se pospone es el desmantelamiento, que toma casi el doble de tiempo que la construcción; así las obligaciones ambientales finales y más costosas podrías ser pospuestas indefinidamente en el tiempo, aduciendo retrasos en las fases previas más rentables y con total garantía de recursos. Por tanto, no es sostenible una minería que apoya la regeneración de territorios en etapas en que su interés en la zona es ajeno a su razón principal de presencia en el territorio, y resulta al menos ingenuo pensar que el proyecto de recuperación de territorio se podría precisar medio siglo antes del momento en que se ejecutará el desmantelamiento definitivo.
 

Lo que requiere el país a futuro es migrar de esquemas en los que la fase de desmantelamiento sea realizada por actores como las mineras desinteresadas y sin vocación de largo plazo en los territorios ante una explotación no renovable, a permitir que sea la sociedad a través de actores especializados en renovación ambiental y financiados con recursos gestionados directamente por los entes territoriales, quienes desde ahora regulen e incluso comprometan los futuros ingresos de regalías para garantizar la existencia de presupuestos cuando la minería sostenible se agote, posiblemente los abandone y el rezago cultural y ambiental se manifieste totalmente sin atenuaciones.
 

Se convierte en un estímulo posponer la fase de desmantelamiento para la viabilidad económica de los megaproyectos en detrimento de la megadiversidad, además de asignar responsabilidades a los actores que no tienen la vocación de largo plazo en los territorios, que al final serán quienes deben decidir cómo adelantar esta delicada fase que los compromete en su regeneración hacia nuevas orientaciones económicas.
 

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Un ejemplo palpable lo tenemos ahora que la minería de carbón ha entrado en crisis cuando ya esos activos han perdido más del 59 % de valor bursátil; ahora es cuando se requiere de los recursos para reconvertir esas zonas y cubrir los pasivos ambientales, desde ya es predecible que se declaran en bancarrota y omiten sus obligaciones ante la imposibilidad de compensar esas regalías con otras actividades en el país. Es claro que al igual que el sector de la construcción, se construyen inversiones sobre vehículos no vinculantes con los capitales externos que los promueven, lo que hará dudosa cualquier exigibilidad futura de responsabilidad solidaria. Las vetas de minerales por más que tengan cobre, oro y plata como en cualquier proyecto minero se agotan y lo sostenible, no.
 

Se necesita que los promotores de Quebradona permitan que los costos ocultos de desmantelamiento sean reconocidos y recaudados en su totalidad como cualquier otra actividad económica con impactos en la salud, la diversidad, la cultura, la educación, la democracia.


Si esto se logra, podremos unir la teoría de la firma sostenible con la realidad, de otra forma, por qué confiar que la administración y cálculo de los costos de desmantelamiento sean definidos ahora, si se van a invertir en salud y educación y turismo en la zona. Si es verdad que incluso la felicidad va a aumentar con el proyecto no habría inconveniente en dejar en manos de estas comunidades y sus autoridades respectivos los cálculos de desmantelamiento al final del día, futuros, inciertos y subestimados por muchos megaproyectos a lo largo de la historia.
 

Si la minería insostenible va a ser algo del pasado a partir de este megaproyecto deben ser las sociedades que dejen, las que evalúen su contribución y el valor de la reconstrucción y regeneración dentro de medio siglo, ya no tendría sentido que las firmas que se retiran de la zona siga influyendo en sus expectativas de vida a través de la definición de cómo será la reconfiguración futura del territorio que ya no tendrá valor económico para los promotores de este megaproyecto.
 

Este será el primer proyecto de minería subterránea en Colombia y también será la primera prueba del país en materia de ciencia pues los expertos ya son escasos y cada vez más comprometidos con la iniciativa impulsada incluso por las autoridades nacionales que la van a evaluar al igual que sucedió en el megaproyecto minero Gramalote.
 

Algunos mapas de riesgos proyectados son totalmente irrelevantes pues la gobernanza de estos megaproyectos es un reto de largo plazo, como lo demuestra lo sucedido con la minera Río Tinto –otra reconocida que afectó gravemente la reputación de minería sostenible de Australia y sustituyó a su CEO– aunque obviamente no retornará las maravillas arqueológicas afectadas por esta firma de lo que llamaron minera sostenible.

 


1 “Organización delincuencial … está relacionado con un título minero legal” www.elespectador.com/noticias/judicial/el-titulo-minero-enredado-con-el-mesa-grupo-criminal-de-bello/

2 “Por parte del relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medioambiente,.. David Boyd” news.un.org/es/story/2020/09/1481412

3 “El triste panorama que dejó el derrame de petróleo” www.semana.com/nacion/articulo/derrame-de-petroleo-pozo-la-lizama-ecopetrol/562150/

4 “Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal “

www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletines-de-prensa-2020/-/asset_publisher/9IOzepbPkrRW/content/contraloria-abrio-proceso-de-responsabilidad-fiscal-por-619-mil-millones-por-regalias-de-niquel-dejadas-de-pagar-entre-1982-y-2012

5 “La tasa de retorno estimada para Quebradona en 2018: 16.75% y tiempo recuperación: 7.9 años” www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067428/000120561319000024/anglogold.htm

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