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¿Qué sigue para una nueva reforma tributaria?

Dicha propuesta exacerbó la protesta de los ciudadanos que se veían afectados con medidas como el IVA del 19 % a los servicios de energía eléctrica, agua, gas, internet, a la gasolina, a los insumos de la producción agropecuaria, así como a algunos elementos de la canasta básica de alimentos, mientras que las rentas del 1 % y el 1 x 1.000 más rico del país, en poco o en nada aportaban al nuevo recaudo propuesto.
 

Pese a que hay espacio para aumentar la presión fiscal en el país, el asunto es cómo lograr ese incremento. Entre los pilares del ST están el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta y complementarios. Si se clasifican los impuestos en directos e indirectos, se tiene que en 1970 el 53 % eran directos y el restante 47 % indirectos. En 2020 estas proporciones fueron 49 % y 51 %, respectivamente.
 

La evolución del IVA interno (consumo) muestra que estos pasaron en 1970 de representar el 9 % del recaudo total a un 29 % en 2020. Esto como resultado de la economía política de las reformas realizadas en este periodo, así como su producto, un regresivo sistema fiscal, lo que debe modificarse.
 

Mientras tanto, Colombia atraviesa por una grave crisis social y económica; la pandemia del COVID-19 ha exacerbado los niveles de desempleo, inseguridad alimentaria, pobreza y desigualdad.
 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el número de desempleados creció un 15.8 % al pasar de 2.969.000 en marzo de 2019 a 3 millones 437 mil en marzo de 2021. En las 13 principales ciudades con sus respectivas áreas metropolitanas, el número de desempleados creció un 34 %, en igual periodo.
 

Puedes leer: Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali?.
 

El desempleo ha impactado la seguridad alimentaria de los hogares de manera importante. Empezando el confinamiento para hacer frente a la pandemia del COVID-19, en marzo de 2020 había 31.053 hogares con menos de una comida al día. Un año después ese número se redujo en un 36 %, al llegar a 19.827 hogares. Sin embargo, el número de hogares con una sola comida diaria tuvo un incremento de 1571 % al pasar de 6.362 hogares a 106.327. El número de hogares con dos comidas diarias, en este mismo periodo aumentó en un 225 %.
 

Por su parte, el nivel de pobreza monetaria para el 2020 fue de 42.5 %, lo que equivale a que 21.022.000 viven con menos de 11.000 pesos al día. Este nivel de pobreza es equivalente al reportado por el DANE en 2008. Un retroceso de 12 años.
 

La desigualdad también se ha visto reforzada, pues el coeficiente Gini de concentración del ingreso en 2020 fue de 0.544, equivalente al del 2011.
 

La caída de la economía en 2020 fue del 6.8 % respecto a la de 2019. Este nivel tan sólo fue superado por la caída de la crisis de 1929. El PIB por habitante en 2020 presentó un retroceso que lo ha colocado a niveles de 2013.
 

Todo lo anterior, en un contexto de heterogeneidad en los territorios. Así, el nivel de pobreza en Cúcuta es del 53.5 %, la serie trimestral de desempleo muestra que en Bogotá este valor aumentó en un 74.2 % respecto al valor del año anterior. El número de hogares con una comida diaria allí en marzo de 2020 fue de 2.889 y un año después fue de 668.632 hogares, un incremento del 2275 %.
 

Un cambio necesario


Esta crítica situación nos lleva a plantear la necesidad de fortalecer la intervención del Estado impulsando una reforma tributaria justa, eficiente y progresiva. Consideramos que la reforma tributaria es posible y necesaria sobre la base de supuestos diferentes a los de la que terminó retirando el mandatario; y que además considere los altos niveles de concentración del ingreso y de la riqueza que existen en el país en el 1 % y el 1 x 1.000 de las personas naturales más ricas, lo que también existe en las empresas; y necesaria para atender mediante una renta básica a los 21 millones de ciudadanos que hoy se encuentran en pobreza y a los 9 millones en vulnerabilidad, por la pérdida de sus empleos e ingresos.
 

Si a través del ingreso básico se le garantiza a cada una de las personas en pobreza un ingreso igual a la línea de pobreza según su dominio geográfico1, el costo de la intervención ascendería a 3 % del PIB al año.
 

Con esta medida se garantizaría que todos los ciudadanos en pobreza tengan un ingreso igual a la línea de pobreza, es decir que desde el punto de vista monetario no habría pobres.


Puedes ver: Déficit fiscal: ¿qué es y cómo nos afecta?.
 

La situación de desigualdad, en el caso de las personas naturales es evidente. El 51 % de los ingresos brutos declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se concentran en el 10 % de las personas más ricas, el 25 % en el 1 % y el 12 % en el 1 por 1000. En cuanto al patrimonio, estos mismos valores son 56 %, 27 % y 14 %, respectivamente.
 

En el caso de las personas naturales la situación de desigualdad es evidente. El 51 % de los ingresos brutos declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se concentran en el 10 % de las personas más ricas, el 25 % en el 1 %, y el 12 % en el 1 x 1.000. En cuanto al patrimonio, estos mismos valores son 56, 27  y 14 % respectivamente.
 

En el caso de las empresas, la información de la Superintendencia de Sociedades registra que 80 empresas, de las 10.000 más grandes del país, concentran el 50 % del patrimonio; unas 5.000 sociedades tienen un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos. Respecto a los ingresos operacionales, 300 de ellas contabilizan el 50 % del total. Los registros administrativos de la DIAN muestran que 48.000 empresas declaran el 95 % del patrimonio total; el 84 % en 4.800, y el 66 % en 480.

En cuanto a las personas naturales, la tarifa efectiva de tributación es mucho más favorable para aquellas que tienen ingresos altos. Una persona con ingresos bajos que declara ante la DIAN tiene que liquidar sus impuestos sobre el 75 % de sus ingresos brutos, mientras que una con ingresos altos lo hace sobre el 26 %, sobre el 18 % para el 1 % y sobre el 7 % para el 1 x 1.000. Así mismo, se observa que la tasa efectiva de tributación de los asalariados es el triple de la de los rentistas de capital y del resto de personas naturales que no son ni asalariados ni rentistas de capital.
 

Existe un tratamiento injusto en tarifas entre contribuyentes que tienen el mismo nivel de ingresos con fuentes diferentes.


En este orden de ideas, la reforma tributaria que requiere el país debe tener como premisa la de gravar de manera justa los ingresos y el patrimonio tanto de las personas naturales como de las empresas, con base en tarifas diferenciadas que cumplan con los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
 

Las diferencias entre las tarifas efectivas tributarias y las tarifas nominales obedecen a los privilegios fiscales otorgados a través del Estatuto Tributario, los cuales no tienen ningún tipo de seguimiento ni evaluación, y deben de ser eliminados en el corto y en el mediano plazo. Por tal razón, se deben eliminar los beneficios otorgados a través de la Ley 2010 de 2019, además de todas aquellas que no tienen ningún tipo de seguimiento y evaluación.
 

Si se eliminan todos los beneficios fiscales que actualmente tienen todas las empresas, el Gobierno nacional obtendría un nuevo recaudo cercano a los 30 billones de pesos, ello sobre la base de que se eliminan los descuentos tributarios (4 billones en 2019), y se graven a una tarifa del 33 % los ingresos no constitutivos de renta (40 billones), las rentas exentas (13 billones) y los dividendos declarados como no constitutivos de renta (24 billones).
 

Quienes más disfrutan de este regalo tributario son los grandes conglomerados del sistema financiero (27 %), el sector minero (11 %), el comercio (13 %), el transporte (10 %), y la construcción (6 %), entre otros. Con este nuevo recaudo es posible financiar una renta básica de emergencia para los más pobres y vulnerables de este país.
 

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La crisis social requiere de una intervención pronta por parte del Estado a todo nivel, de manera coordinada y corresponsable.


La unidad de gobierno con mayor capacidad de generar recursos es la Nación, de ahí la necesidad de establecer una reforma fiscal progresiva y justa, sin que ello deje al margen la necesidad de fortalecer las finanzas de las entidades territoriales –en especial las municipales– a través de un incremento de las tarifas prediales o una actualización de los valores catastrales, pues en la mayoría de los predios de las principales ciudades hay una brecha que oscila entre el 30 y el 70 % del avalúo respecto al valor comercial. Además poner en marcha un impuesto que contemple el uso y la vocación del suelo, de tal manera que se graven aquellas unidades productivas que hacen un uso inapropiado de la tierra.
 

Estas modificaciones tributarias pueden requerir de medidas adicionales, en caso de que no se logre un consenso calificado sobre el monto requerido para atender las necesidades sociales de la población pobre y vulnerable y que requiere el sistema de salud; entre ellas se encuentra una gestión, alejada de la ortodoxia, del manejo del perfil de la deuda pública que posibilite liberar recursos en el corto y mediano plazo; y una segunda, la de buscar un crédito de mediano y largo plazo con el Banco de la República pignorando las ganancias del mismo Banco o de empresas como Ecopetrol.

 


1 DANE. Pobreza monetaria en Colombia. Resultados 2020 de abril 29 de 2021. Pág. 17.

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