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Protestas y estallido social: ¿qué está pasando en Cali?

“Esto apenas comienza”, expresa el profesor Alejandro Pérez y Soto Domínguez, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira.
 

“La situación es de alto desabastecimiento, de alta conflictividad social, se tiene noticias por medios de comunicación y redes sociales tanto de heridos como de muertos, de manifestantes como de fuerza pública. Pérdida de vidas muy valiosas y sobre todo una gran incertidumbre que de alguna manera profundizan los problemas sociales que se quieren combatir con las protestas. Esto se torna un poco peor debido a las repercusiones que están teniendo. Las condiciones de pobreza se agudizan más, la desigualdad, el acceso a la comida, al acceso público son cada vez más precarias”, cuenta el economista.
 

Cabe destacar que los territorios vallecaucanos de Buga, Cali, Palmira y Caloto fueron  –especialmente– los que conformaron las ciudades confederadas y marcaron una independencia antes que Bogotá. A esto se suma la fuerte influencia del ancestro tanto caucano como nariñense, y que han sido pueblos tradicionalmente luchadores de las gestas independentistas.
 

El deterioro social en Cali se origina en las fuertes migraciones que vive la ciudad, pues recibe población del Pacífico colombiano, del Cauca y de la zona cafetera, y la ciudad no alcanza a albergar a toda esta población, la cual comienza a constituir los “cinturones de pobreza”. Por esto alrededor del 50 % de la población tiene serios problemas de necesidades básicas y una visión de ciudad alterada.
 

La pandemia y la pobreza


Para el economista Pérez y Soto, en el Valle del Cauca la pandemia ha sido catastrófica: “si se mira en cifras oficiales se venía avanzando en la reducción de la pobreza, pues el Valle está dentro de los municipios más ricos de Colombia, entre los departamentos que tenía menor índice de pobreza. Hay que tener en cuenta que hay una distancia muy grande entre lo que muestran las cifras y el sentimiento de la gente en la calle. Para el DANE una persona que gana 328.000 pesos ya no es pobre”.

Y agrega que “si en la calle se le pregunta a la gente si se considera pobre o no, la mayoría responderá que sí se considera pobre pues el dinero no les alcanza para pagar un arriendo ni comida ni nada. Aunque los indicadores muestren una realidad, en las calles se vive otra, y además la pandemia cortó los canales de comunicación en cuanto al encierro, obligó a la gente a suspender sus negocios, se presentó lo que en economía llamamos un ‘choque de oferta y de demanda’, es decir que se detienen la producción y el consumo. Con esto, la situación de altísima vulnerabilidad social del Valle del Cauca estalló y la gente que comía tres veces al día se quedó comiendo solo una vez”.
 

“La conflictividad social y los problemas socioeconómicos se vienen incubando desde la pandemia y la situación estalló con la reforma tributaria, pero este no es el problema, sino que el conflicto es mucho más profundo pues va más allá de un proyecto de ley que era muy lascivo con la clase media y con los trabajadores”.


El profesor Pérez y Soto señala que esta situación va mucho más allá y se trata de un problema de representatividad política, que el poder político se ha aislado de los ciudadanos y quienes hacen las propuestas de ley y las estructuras de políticas públicas las hacen alejadas de la realidad de la gente.
 

“Las repercusiones de la pandemia las estamos viendo en pleno tercer pico; ahora tenemos más muertos que en cualquier otro momento de la pandemia y esto se ha ocultado por las noticias que hemos tenido. Y se espera que aumente, entre otros, por las aglomeraciones, la carencia de alimentos e incluso la dificultad para recoger residuos sólidos, como sucede en Cali y Palmira debido a que las salidas están bloqueadas. Esto se puede volver un problema de salud pública muy importante y agravar la que ya tenemos”, explica el economista.
 

La pobreza en Cali está marcada geográfica y étnicamente: la mayor parte de la población pobre recae en los afrocolombianos, quienes se asientan en las riberas del río Cauca o en las zonas de ladera, y para ellos el resto de la ciudad son ricos.
 

Aunque Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia, como capital no recibe del Estado colombiano unos ingresos proporcionales a lo que este le aporta al país. Muestra de ello es Buenaventura, el principal puerto de Colombia que mueve al menos el 60 % del comercio exterior y aun así sus condiciones de vida son precarias y el índice de desempleo alto.

Más allá de la reforma tributaria


¿Qué otros factores influyen en que las personas de Cali sigan protestando y sean unas de las más afectadas? El profesor Pérez y Soto señala que no solo es la reforma sino la forma como se hacen las leyes en Colombia, pues a la tributaria se suman las objeciones sobre la reforma a la salud y a las pensiones: “en la salud, el gremio médico ha advertido que se podría incrementar el valor que tienen que pagar los cotizantes por su servicio de salud, tendría que pagar de acuerdo con su perfil de riesgo epidemiológico, las personas se verían muy golpeadas y más de inseguras de lo que se encuentran hoy”.


En cuanto a las pensiones, “el tema clave es si las pensiones se pueden heredar o no; según lo planteado la herencia de la pensión se perdería, lo cual es sumamente grave para la clase media y trabajadores y los más grave es que han sido temas inconsultos: se toman las decisiones en el Congreso o en los ministerios pero no se consultan, no se cuenta con la gente. Se ha olvidado del componente democrático en el sistema político; la democracia solamente funciona a la hora de hacer elecciones, pero no funciona en el día a día, en la forma como se van a formular las políticas públicas, en el modelo de sociedad que queremos. Eso no se ha logrado llevar a la práctica”.


Para el docente Pérez y Soto, Colombia en muchos aspectos maneja un modelo autoritario en el cual las decisiones se toman desde los ministerios en Bogotá y a las regiones no se les toma en cuenta por eso la conflictividad ha sido bastante fuerte como sucede ahora en el Valle del Cauca. “Hay una gran distancia política y representativa entre Cali, Buenaventura, Tuluá y Bogotá, vamos a años luz”, sostiene.

Se viene el estallido


Según la Defensoría del Pueblo, desde que inició el paro nacional el pasado 28 de abril, se han registrado 116 desaparecidos en el país, al menos 24 muertos, 17 de ellos en el Valle del Cauca. La entidad agregó en un informe que al menos en 11 oportunidades el presunto responsable es la Policía Nacional. 

A esto se suman los ataques por parte de civiles armados, que en varias ocasiones han estado acompañados de la Policía y que en días pasados dejaron varios heridos durante manifestaciones indígenas en Cali. Según explica el senador indígena Feliciano Valencia, “la Policía de Cali miente porque la Guardia Indígena no está armada, tampoco saqueó casas ni comercios, no somos ladrones ni vándalos. Fueron civiles armados protegidos por la policía quienes atacaron a la Minga desarmada”.
 

Para el docente, todo esto tiene una razón acumulada desde antes de la pandemia: “lo que pasa ahora no es más que el inicio y puede explotar en cualquier parte pues venimos de ciclos de violencia muy profundos que han impedido la creación de riquezas, la acumuación de capital, que se puedan generar grandes condiciones de empleo. Esto deprime los salarios, el acceso a los mercados y aumenta la informalidad en el país”.
 

“El problema no es el ahora pues las protestas van a parar pero seguramente en dos años van a intentar otra reforma tributaria pues el gasto del Estado es desaforado, no ha logrado tener un límite”, concluye el académico.

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