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Propuesta sobre la renta básica para enfrentar la pandemia: viable y necesaria

Desde 1967 la discusión de una renta básica universal ha estado presente en el ámbito académico, aunque fuera en un texto con John Rawls y Ronald Dworkin, como bien lo narra Philippe van Parijs en “Renta básica y justicia social. ¿Por qué los filósofos no están de acuerdo?”. Sin embargo, la pandemia causada por el nuevo coronavirus ha logrado poner, por primera vez, en la palestra política de muchos países del mundo la discusión de medidas de política para instrumentalizarla definiendo sus componentes y operatividad.
 

Si se supone una renta básica universal de 1 salario mínimo legal vigente (smlv) –877.830 pesos– mensuales para todos los ciudadanos, independientemente de su raza, credo, edad, ascendencia, lugar de residencia y profesión, entre otros, durante un año, este valor ascendería aproximadamente a 500 billones de pesos: el 50 % del PIB. Cabe recordar que los ingresos tributarios del Gobierno nacional ascienden a 158 billones de pesos (15 % del PIB), y si se le adicionan los ingresos tributarios de los departamentos y municipios sumarían 188 billones de pesos (18 % del PIB).
 

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Las asignaciones de los programas sociales no alcanzan para resolver las necesidades básicas de las familias para enfrentar sus problemas de vivienda, alimentación y educación virtual, entre otros, y además tienen una baja cobertura social. Por ejemplo, el Programa Familias en Acción apoya a 2,6 millones defamilias pobres y pobres extremas,las cuales equivalen al 62 % de los hogares pobres en Colombia.
 

Respecto a la asignación, y con base en la segunda entrega de incentivos, en el marco de la emergencia por la COVID-19, el Gobierno nacional realizó abonos a 1.423.374 Familias en Acción con una inversión de 382.000 millones de pesos (269.000 pesos por familia, es decir 31 % del smlv) y a 158.658 Jóvenes en Acción, con una inversión de 110.128 millones de pesos (695.000 pesos por joven, 80 % del smlv).
 

Por su parte, el ingreso solidario corresponde a una asignación de 480.000 pesos (55 % del smlv), y los primeros beneficiarios son 131.136 personas en pobreza extrema, 458.929 hogares pobres y 338.685 en condiciones de vulnerabilidad económica. Así mismo, 234.218 hogares con menos de 30 puntos en el Sisbén III recibieron este ingreso. Si esos beneficiarios se suman como si fueran hogares, incluso las personas, se estaría hablando de 1.200.000 familias, es decir 28 % de los hogares pobres.
 

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El proyecto busca modificar el decreto 518 de 2020 –en el cual el Gobierno estableció el ingreso solidario en medio de la pandemia– , del cual se propone no solo cambiar el nombre –de “Programa de Ingreso Solidario” por “Programa de Renta Básica de Emergencia”–, sino también ampliar la cobertura y el monto que reciben las personas.


En este orden de ideas, y considerando la baja cobertura de los programas sociales, además de las asignaciones tan insignificantes del Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de la COVID-19, fue que cerca de 60 senadores de la República redactaron un proyecto de ley que propone una renta básica universal de:
 

  • 1 smlv por 3 meses para el 100 % de las familias pobres (4 millones de hogares = 12 millones de personas) y
  • 1 smlv por 3 meses al 100 % de las familias vulnerables (3 millones de hogares = 9 millones de personas) que perdieron sus ingresos por el confinamiento.


Cabe recordar que de los 22 millones de personas empleadas en Colombia, el 43 % son por cuenta propia (dueños de restaurantes, peluquerías, pequeños negocios, entre otros), quienes debieron cerrar y quedarse en casa sin poder generar ningún tipo de ingreso.

A estas familias vulnerables no las cobija ningún programa social del Gobierno.


La propuesta de los senadores asciende a 19 billones de pesos (3 % del PIB) y además agregaron una reforma a efecto de obtener fuentes de financiamiento de la renta básica de emergencia, entre los cuales se encuentran:

  • Un impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales y las personas jurídicas superricas del país, a los dividendos recibidos, y ampliar el impuesto solidario a los sueldos de los privados.
  • Suspender los programas sociales actuales tanto para hacer un uso más eficiente de los recursos como para evitar inequidades horizontales entre los hogares beneficiarios.
     

Con estas medidas se recaudarían entre 15 y 20 billones de pesos, por lo cual la propuesta alternativa de los senadores de la República estaría completamente cubierta, además de ser viable financieramente y muy necesaria en estos momentos cuando la población pobre y vulnerable del país se encuentra en una situación muy difícil para atender sus necesidades básicas.
 

Puedes ver: ¿Qué es la renta básica y cómo se podría implementar en Colombia?.

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