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Presupuesto General de la Nación 2020 aumenta más la inequidad y la injusticia social

El PPGN 2020 corresponde al 24,3 % del producto interno bruto (PIB), del cual el 93,6 % es de recursos de la nación y el restante 6,4 % a recursos propios de los establecimientos públicos del nivel nacional (Sena, ICBF, entre otros). El presupuesto está distribuido así: el 63,3 % a gastos de funcionamiento, el 21,8 % al servicio de la deuda (amortizaciones más intereses), y el restante 14,9 % a inversión. Así pues, el gasto presupuestal primario (sin considerar el servicio de la deuda) del PPGN asciende a 212,4 billones de pesos (19 % del PIB).

Para ver su consistencia, el presupuesto se clasifica y se desglosan los ingresos y los gastos, además de las fuentes de financiamiento. Así se estima el resultado fiscal, que corresponde a la diferencia entre ingresos y gastos (cuadro 1). Allí mismo se muestran las fuentes de financiamiento. Para 2020 hay incertidumbre sobre 8.5 billones de pesos al no existir en el Mensaje Presidencial una propuesta transparente al respecto, lo que permite señalar o afirmar que el PGN 2020 se encuentra desfinanciado; y, comenzando así las apuestas por privatizar el Sistema Interconectado de Transmisión el cual se encuentra en cabeza de ISA.

Si se observa, el resultado fiscal de 2020 tiene el mismo valor al rubro de financiamiento. Sin embargo, para 2019 hay una diferencia de 10 billones de pesos, el cual corresponde al presupuesto nacional suspendido, y que asciende a 3,8 billones de pesos a funcionamiento, y 6,1 billones de pesos a inversión.

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Este hecho no solo muestra la magnitud del déficit presupuestal de 2019, el cual asciende a 49.165.000 millones de pesos (4,7 % del PIB) y no de 39.165.000 millones de pesos (3,8% del PIB), así como el sobre ajuste del presupuesto de inversión, pues su reducción es de 13,9 % al pasar de 46.859.000 millones de pesos en 2019 a 40.354.000 millones de pesos en 2020.

Además del sobreajuste que trae el rubro de inversión del PPGN 2020, cabe señalar que la anterior síntesis tiene sus matices, los cuales se deben presentar, ya que corresponden a inversiones propiamente dichas que no ejecuta el Gobierno nacional.

El presupuesto suspendido

El elemento central del presupuesto suspendido, tanto en el rubro de funcionamiento como en el de inversión, es que forman parte del gasto público social. En lo que corresponde a funcionamiento (3,9 billones de pesos), el 72 % corresponde al rubro para el “aseguramiento en salud” (2,8 billones de pesos). De igual manera, destaca el rubro de “Financiación pensiones régimen de prima media” (269.000 millones de pesos).

En lo que corresponde al ítem de inversión, el aplazamiento se concentra en:

  • Los subsidios a las tarifas eléctricas y de gas (796.000 y 338.000 millones de pesos, respectivamente).
  • Transferencias monetarias condicionadas para la población vulnerable (727.000 millones de pesos).
  • Apoyo para fomentar el acceso a la educación superior (823.000 millones de pesos).
  • Ampliación de mecanismos de fomento de la educación superior nacional (232.000 millones de pesos).
  • Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red terciaria (328.000 millones de pesos).
  • Subsidios para la vivienda (113.000 millones de pesos).
  • Recursos presupuestados para apoyar la inversión a nivel nacional, con el previo concepto del DNP (1,2 billones de pesos), entre otros.

Todo esto corrobora la política gubernamental que considera que los programas sociales para los hogares de bajos ingresos incentivan la ociosidad, fomentan la carga libre y crean una cultura de dependencia, una subclase de indigentes. Por tanto, buscan reducir la distribución de los subsidios públicos domiciliarios y aquellos a los programas sociales, e incluso los apoyos para la provisión de bienes públicos complementarios para el sector agropecuario y demás sectores productivos. A ello se suma el discurso de la mejora de la calidad de las intervenciones públicas, olvidándose de que este tipo de políticas reduce el bienestar de la sociedad y genera más inequidad e injusticia social.

La deuda pública y el funcionamiento

El rubro del servicio de la deuda (amortizaciones más intereses) asciende a 59,3 billones de pesos (5,3 % del PIB), 75,9 % pertenece a la deuda interna y el 24,1 % a la deuda externa. Los intereses de la deuda ascienden a 29,9 billones de pesos, el 50 % del servicio total.

Si el servicio de la deuda externa 2020 se hubiese liquidado a la tasa representativa de mercado de 3.129 pesos por dólar, uno de los supuestos del PPGN, entonces una devaluación del tipo de cambio de un 1 %, representaría un impacto fiscal en el presupuesto del servicio de la deuda externa de 143.000 millones de pesos.

En cuanto al rubro de funcionamiento para el año fiscal 2020, este asciende a 172 billones (15,4 % del PIB), el 63 % del PPGN. Los ítems más representativos son las transferencias corrientes (125,9 billones de pesos – 11,3 % del PIB), los gastos de personal (33,4 billones de pesos – 3 % del PIB) y la adquisición de bienes y servicios (8,7 billones de pesos – 0,8 % del PIB). Estos tres ítems representan el 97,7 % del rubro de funcionamiento.

¿Por qué son importantes las transferencias corrientes?

Las transferencias corrientes contabilizan gastos que realizan otras unidades ejecutoras del Estado como departamentos y municipios o algunas entidades del sistema nacional de pensiones o del Gobierno. Corresponde en lo fundamental a asignaciones aprobadas previamente por la Carta Política o por alguna norma en particular.

Los rubros más representativos de las transferencias corrientes corresponden al Sistema General de Participaciones (SGP) (43,9 billones de pesos - 3,9 % del PIB); las “prestaciones sociales relacionadas con el empleo” (31,2 billones de pesos - 2,8 % del PIB); las transferencias a otras entidades del Gobierno (24,1 billones de pesos - 2,2 % del PIB); además de las “Prestaciones sociales asumidas por el Gobierno” (15,8 billones de pesos - 1,4 % del PIB).

Los gastos del personal

En el rubro de gastos de personal (33,4 billones de pesos) se contabiliza el gasto asociado con las personas vinculadas que prestan servicios personales remunerados en las entidades del PGN a través de una relación legal o de una relación contractual laboral. Los gastos de personal se clasifican en planta de personal permanente (99,5 % del rubro del PPGN), y personal supernumerario y planta temporal (0,5 %).

Los gastos de planta de personal permanente se clasifican según objeto de gasto en: salario (19,9 billones de pesos); contribuciones inherentes a la nómina (6,2 billones de pesos); remuneraciones no constitutivas de factor salarial (5,5 billones de pesos); otros gastos de personal (1,7 billones de pesos); personal extranjero en consulados y embajadas (local) (16,4 billones de pesos).

Las remuneraciones no constitutivas de factor salarial dependen del poder de negociación frente a la institucionalidad presupuestal. Cuando se relaciona el valor de estas remuneraciones con el salario de cada una de las unidades ejecutoras del PGN, se encuentra que los valores máximos corresponden a la rama judicial. Por ejemplo, para la Corte Suprema de Justicia, las remuneraciones no constitutivas de factor salarial corresponde al 95 % del salario, el 80 % para el Consejo de Estado, el 72 % para los tribunales y juzgados, el 70 % para el Consejo Superior de la Judicatura, el 69 % para la Corte Constitucional y el 54 % para la Fiscalía General de la Nación.

Además: La ley de financiamiento no es viable.

La nómina inequitativa

El número de cargos que se programan por sectores y el costo unitario de los gastos de personal asociados asciende a un 1.100.000 (3,3 % de la población económicamente activa) y un costo de 62,3 billones de pesos (5,6 % del PIB). Aquí se incluye los gastos de personal financiados con recursos del SGP para el sector educación y salud, como las transferencias a las universidades. El costo unitario mensual promedio para este número de cargos es de 4.735.206 pesos, algo más de 5 salarios mínimos.

Un elemento por destacar de esta aproximación es la diferencia que existe entre los costos unitarios de los funcionarios del Congreso de la República (52,2 smlmv) y los civiles de la Policía Nacional (4,2 smlmv) o del Ministerio de Defensa (4,4 smlmv) o los profesores (6 smlmv) y profesionales de la salud (5,8 smmlv). Esto contrasta con las unidades ejecutoras con mayor poder de negociación (las fuerzas militares, la rama judicial, la Fiscalía y el Congreso, entre otros).

Con base en este marco se confirma el mito de que la “cultura de la dependencia” sobre la cual la dirigencia del Gobierno nacional trabaja pues con este ajuste fiscal se desincentiva el crecimiento económico, reducen el bienestar de los ciudadanos y profundiza la inequidad y la injusticia social.

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