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Políticas sociales en Tumaco: ¿apoyo o problema para mitigar la pobreza?

“Por mucho tiempo se ha dicho que Tumaco ha sido un pueblo olvidado y sigue estando olvidado. Pareciera que nadie tuviera interés en sacarlo adelante”, expresó Rocío Cabezas –de 45 años– docente, madre cabeza de familia y ciudadana de este municipio ubicado en el sur del Pacífico colombiano.

 

La isla de San Andrés de Tumaco es considerada como la segunda ciudad de Nariño; según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2020 y del Plan de Desarrollo Municipal de Tumaco (2017), la ciudad tiene más de 257.052 habitantes integrados por 13 corregimientos (área no colectiva), 15 consejos comunitarios y 15 resguardos indígenas.

 

Sin embargo, alrededor del 53,7 % de su población sufre de pobreza multidimensional (DANE, 2020), es decir “se volvió una cultura del diario vivir tener condiciones de extrema pobreza”. Así lo expuso Ricardo Castillo Torres, magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Palmira, quien mediante encuestas, entrevistas y grupos focales con ciudadanos y funcionarios públicos analizó el impacto de las políticas sociales implementadas en Tumaco entre 1991 y 2016 para reducir su pobreza.

 

Según la investigación, la Constitución Política de 1991 rompió con el pasado republicano en Colombia, al establecer la multiculturalidad como factor de identidad nacional. Luego, en 1993 el Gobierno de César Gaviria sancionó la Ley 70 de Negritudes, la cual reconoce la existencia y los derechos ancestrales sobre un territorio y una cultura propia a la población de comunidades negras, afrocolombiana, palenquera y raizal. Dichos cambios obligaron a formular políticas, planes, programas y proyectos para atender, en este caso, a la población tumaqueña, compuesta por población afrocolombiana e indígena.

 

Algunos de estos programas han sido los subsidios Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, entre otros; sin embargo, el investigador observó que “la pobreza en vez de disminuir aumenta, pues la mayoría de las políticas sociales para la erradicación de la pobreza en el Pacífico fracasan porque no incluyen en su implementación el componente étnico y cultural”.

 

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Otros factores como la presencia de grupos armados –como el ELN, el Clan del Golfo y el Frente Óliver Sinisterra, emisarios del Cartel de Sinaloa, entre otros–, la consolidación de economías ilegales alrededor del narcotráfico y el contrabando han contribuido a aumentar la miseria y la exclusión del grueso de la población al desarrollo con equidad.

 

A esto se suma la delincuencia que se genera por falta de trabajo, y el alto número de embarazos a temprana edad; según la organización Save the Children, el 90 % de las mujeres tumaqueñas son madres antes de cumplir los 20 años, y una de cada 20 niñas queda embarazada antes de los 15 años. Así lo relata la docente Cabezas:

 

Mucho asistencialismo, poca transformación

 

Para el investigador Castillo, “en Tumaco la población nace, se reproduce y muere pobre. El Estado no le brinda las herramientas y otorga poco acceso a bienes productivos para generar ingresos, por lo que la población suele esperar que le subsidien y den un auxilio para sobrevivir”.

 

“En las poblaciones se están generando las trampas de pobreza, condición en la que una familia carece de mecanismos para romper con su situación de pobreza, y generación tras generación perpetúan esta condición en su descendencia. La trampa sucede por las múltiples necesidades del hogar y la incapacidad familiar para satisfacer las carencias que enfrentan sin la ayuda integral del Estado”[1].

Agrega que “tanto es así, que para algunos es más fácil acceder a estas políticas si es una persona desplazada, que si pertenece a una etnia o condición sociocultural, pese a que la Constitución lo demande”.

 

Aunque los subsidios se entregan de manera indiscriminada, habría una falla estructural del Estado en diseñar la política social al no diferenciar la idea de pobreza y economía de las poblaciones indígenas o la población afro, entre otras variantes.

 

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Así mismo, el programa Jóvenes en Acción estaría igual de condicionado por el rango de notas que tengan los estudiantes en determinados meses. La docente Cabezas denunció que para que su hijo pueda tener este pago debe entregar un promedio alto sin excepción, así estén en virtualidad, pese a no tener los suficientes recursos ni medios para lograrlo. Así lo relata:

Al preguntarles por otro tipo de políticas sociales en vivienda o en educación, el silencio fue la respuesta. Una baja escolaridad en la población y viviendas vulnerables también fortalecerían la pobreza estructural en Tumaco.

 

“Por una parte, el 54,8 % de los adultos mayores de 18 años no terminan su ciclo escolar, se quedan con primaria completa o bachillerato incompleto. Esto forma parte del fracaso de estos programas, porque el Estado no brinda suficientes oportunidades para que a través de la educación, la escuela y la Universidad puedan calificarse y profesionalizarse”, agregó el magíster Castillo.

 

Por otra parte, el 58 % de los encuestados construyen sus viviendas con recursos propios y sin ninguna ayuda del Estado, y el 55 % la tiene en estado vulnerable. Lo más grave son los niveles de ingresos de las 39 familias encuestadas: el 60 % de esta población no alcanza los 200.000 pesos mensuales, y muchos viven del dinero obtenido en el día para su sustento.

De 9 integrantes convocados para un grupo focal de la investigación, el 25-26 % se sienten igual de pobres, el 9,7 % menos pobres, lo mismo que aquellos que piensan que son más pobres, y el 3,2 % se ven muy pobres. Solo una integrante mencionó sentirse “no tan pobre”, pero la misma población era consciente de que con estos programas no iban a superar su precaria situación.

 

“La unión hace la fuerza”

 

Pese a la violencia y los miles de problemas que enfrentan, los tumaqueños encuentran apoyo y fortaleza entre ellos mismos: “la gente puede tener muchos problemas, pero siempre dan una mano. Si hace falta un vaso de agua, el vecino lo da, si se tiene hambre a nadie le faltará su plato de comida; aquí todo se comparte sin distinción de raza o edad, todos somos uno solo”, afirmó Víctor Quiñones (31 años), cocinero y ciudadano tumaqueño.

 

También lo corroboró el magíster Castillo: “la condición de desplazado, pobre, afro o indígena ha generado redes de ayuda mutua y mejoramiento de la convivencia en zonas barriales de la isla, sobre todo cuando hay presencia de grupos armados”.

 

Como lo evidencia la investigación, muchos tumaqueños no se sentirían representados por el Estado, tampoco consideran que sea una garantía para su bienestar. Aunque no rechazan las políticas sociales, piden que el Gobierno comprenda que “la pobreza se debe abarcar en los ámbitos material y mental; aunque por ahora quieren resolvernos el material, el mental es el que más daño nos hace”, explica la docente tumaqueña Lida Requejo (47 años).

 

Por su parte la socióloga y ciudadana de Tumaco Glendy Quiñones (26 años), precisa que ya no quieren seguir siendo pobres y por eso piden oportunidades: “se necesita empleo, se necesitan fuentes de trabajo, industrias donde las personas puedan ganar recursos por medio de su mano de obra y que no todo lo estén regalando”.

Para erradicar la pobreza de Tumaco, y en general del Pacífico colombiano, el magíster concluye que el Estado debe considerar la pobreza como una dimensión de cinco esferas: cultural, económica, social, política y ambiental, en las cuales es fundamental involucrar la percepción propia de pobreza desde las mismas comunidades, quienes la identifican en dos ámbitos: material y mental.

 

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[1] De acuerdo con Nuñez y Carvajal, 2017. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2007/5270.pdf

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