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Políticas anticorrupción en los territorios colombianos, tarea en lento proceso

Los gobiernos locales son actores determinantes en la modernización del Estado, por cuanto son reconocidos por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República como los escenarios de mayor riesgo de corrupción en el país. De ahí que sean los primeros llamados a implementar en sus territorios tanto las políticas y estrategias de lucha contra la corrupción que ha formulado el Gobierno nacional, como aquellas que forman parte de los acuerdos y convenios internacionales.


En la última década ha sido prolífica la promulgación de normas y políticas de lucha contra la corrupción, entre las que sobresalen el Estatuto Anticorrupción y la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), las cuales establecen medidas para que todas las entidades públicas asuman la responsabilidad de atacar este fenómeno. Sin embargo, no es suficiente promulgar leyes, sino que es necesario garantizar su aplicación mediante una institucionalidad fuerte. Además está la necesidad de fortalecer las acciones pedagógicas para que los ciudadanos reconozcan y defiendan los intereses públicos, realicen control social a la gestión pública y demanden la rendición de cuentas de sus gobernantes.


Para lograr estos objetivos es necesario enfrentar algunos desafíos en los territorios, entre ellos la debilidad institucional, que se caracteriza por mecanismos de control insuficientes; la normatividad con poca capacidad vinculante; la cultura política y de gestión que elogia los hechos de corrupción (cultura del avivato); y el desinterés por las normas.
 

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Además de las anteriores, otras problemáticas afectan de manera especial a las entidades territoriales e inciden en la resistencia o incapacidad para crear o implementar medidas o acciones protransparencia. Por ejemplo en algunos municipios –especialmente en aquellos más pobres o alejados– aún no se ha logrado modernizar la institucionalidad pública, ya sea por insuficiencia económica o por falta de acceso a plataformas tecnológicas que faciliten algunas de las estrategias relacionadas con el gobierno abierto, los trámites o la participación ciudadana.
 

La violencia armada también ha limitado la articulación entre las administraciones locales y el nivel nacional, generando condiciones propicias para la corrupción; en la ciudadanía hay escepticismo, desconocimiento o miedo ante los asuntos públicos, la gestión pública y la transparencia, en cuanto a su cuidado, denuncia o protección. Esto aumenta los niveles de discrecionalidad en los servidores públicos para llevar a cabo los objetivos que establece el poder político.
 

Además, desplegar la estrategia anticorrupción requiere recursos para su implementación, que el Estado haga presencia en los territorios a partir de programas permanentes, dependencias subregionales instaladas, disposición y acceso a la información y despliegue de justicia territorial.


Así, los gobiernos locales se transforman para responder a las acciones y políticas asociadas con las necesidades ciudadanas e institucionales, que exigen prácticas en transparencia como rendición de cuentas, control social y uso del derecho fundamental de acceso a la información pública. Pero se debe tener en cuenta que casi el 90 % de los municipios de Colombia son de categoría 6 (con población igual o inferior a 10.000 habitantes), y entre ellos existen diferencias fuertemente marcadas tanto de capacidades institucionales como culturales, económicas y sociales.
 

Vacíos administrativos


¿Cómo incide esta heterogeneidad de capacidades institucionales en la implementación de la PPIA en los territorios colombianos? Esto es importante porque el proceso descentralizador colombiano entregó múltiples funciones y responsabilidades a las entidades territoriales, sin que esto represente más ingresos o capacidades para ejecutarlas.


En este sentido, si la oferta institucional y los recursos del Gobierno nacional no llegan de manera equitativa, se seguirá alimentando el círculo vicioso de la dependencia de las transferencias, y la brecha de capacidades institucionales para responder a las exigencias en la implementación de la PPIA.
 

De esta manera, en las entidades territoriales se identifica: i) falta de claridad y exhaustividad en la identificación de los riesgos de corrupción, ii) falta de coherencia y correlación entre los riesgos identificados, sus causas, consecuencias, y las medidas tomadas para intervenirlas, iii) aunque en el país existe un reconocimiento generalizado de la corrupción, las medidas institucionales aplicadas no logran impactar las prácticas de esta en los territorios, por ser insuficientes o poco claras. El fenómeno de la corrupción no disminuye en los municipios colombianos.
 

Entre los aspectos negativos más preocupantes están: i) la escasa pedagogía y apropiación de la metodología por parte de los funcionarios encargados de elaborar los planes anticorrupción, ii) la obligatoriedad se puede traducir en una lista de chequeo formal solo por cumplir con el requerimiento para evitar sanciones y por lo tanto se descuida el cumplimiento del propósito, iii) para la elaborar e implementar los planes anticorrupción y de atención al ciudadano no se tienen en cuenta las capacidades institucionales que requieren los gobiernos territoriales, iv) en los municipios de categoría 5 (entre 10.000 y 20.000 habitantes) y 6 existe mayor rotación de servidores públicos, además de exceso de funciones y responsabilidades para un cargo u oficina, lo que puede incidir en la calidad de la puesta en marcha de las acciones anticorrupción.


Es por eso que visibilizar riesgos de corrupción implica reconocer vacíos administrativos en el control, intereses particulares de los actores que participan de la operacionalización del Estado en los territorios, falta de capacidad técnica de los funcionarios, entre otros, lo cual implica mayor compromiso político para imponer y transformar la cultura de la prevención del riesgo en instituciones y actores locales que pueden aprovechar esta opacidad para beneficio individual. Un requerimiento técnico y normativo como la implementación de la PPIA implica un cambio de cultura en la gestión de lo público, que paulatinamente le puede quitar posibilidades de beneficio individual a los corruptos.
 

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Además, la capacidad operativa de los entes de control o de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República –como ente responsable de la territorialización de la PPIA– es insuficiente para cubrir el nivel nacional; su falta de autonomía administrativa limita las acciones a desplegar en los territorios, por lo cual es necesario contar con un órgano con mayor autonomía administrativa y presupuestal.


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) sugiere que en el marco de la PPIA se contemple la opción de conformar una entidad con personería jurídica y presupuesto propio, cuyo direccionamiento debe permitir la incidencia de la sociedad civil. Con este propósito, la Secretaría debe incentivar con más fuerza la participación de la ciudadanía en los ejercicios de control a la administración pública, articulando acciones con los demás componentes de la estrategia, tales como la rendición de cuentas, la gestión de pqrs (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias), la estrategia antitrámites, el control social, el acceso a la información y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.


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