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Política criminal, reformas penales y necesidades reales en la lucha contra la corrupción en Colombia

A pesar de las reformas implementadas y de los aparentes esfuerzos realizados en política criminal, los índices de corrupción y transparencia del país –tanto nacionales como internacionales– evidencian a Colombia como uno de los países más corruptos del mundo. La percepción de corrupción en el público especializado y en la población en general es cada vez mayor y los escándalos de corrupción internos y transnacionales son cada vez más frecuentes; en estos se involucran no solo sumas millonarias, sino que también impactan la provisión de bienes y servicios básicos para la calidad de vida de la población.
 

La corrupción dejó de ser la expresión de la comisión de delitos independientes en actuaciones particulares para convertirse en un fenómeno sistémico y transnacional, al punto de que, pese a ser una actuación abiertamente contraria al sistema normativo de carácter penal, en algunos contextos informales, como por ejemplo el económico, puede ser soportada y hasta incentivada.
 

A lo largo de estos años, Colombia no ha tenido una política criminal definida y unitaria para la lucha contra la corrupción. Los esfuerzos de política criminal gubernamentales no han sido claros, y la mayoría de las leyes y reformas penales (también fiscales y disciplinarias), responden a escándalos de corrupción o a la imposición de normativas internacionales.
 

Por ejemplo, la época electoral y el inicio de los periodos de gobierno son momentos en los cuales el fenómeno se mide a partir de presiones mediáticas (instrumentalizadas como rédito electoral o para desvirtuar las acciones del gobierno opositor), las cuales se evidencian de manera directa en índices de percepción, lo que conduce a la presentación de proyectos y la expedición de leyes, muchas de ellas sin un análisis de pertinencia y unidad de política, con una clara influencia mediática, y obviando el correspondiente análisis de costo-beneficio en cuanto a la efectividad del sistema penal, la prospectiva en implementación y la evaluación de impacto de medidas similares o existentes dentro de la normatividad interna o en la experiencia comparada.
 

En este contexto, la investigación “Política criminal, reformas penales y necesidades reales en la lucha contra la corrupción en Colombia. Una relación trilemática. Periodo 2005-2018” sustenta que el tratamiento penal de la corrupción en Colombia en los últimos trece años no ha tenido un desarrollo lógico y consecuente con los principios que debería profesar una política criminal de un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, la relación entre el desarrollo de estos conceptos es incoherente: la relación es trilemática.

Para abordar esta pregunta de investigación se relacionaron analíticamente las aparentes propuestas de política criminal implementadas en Colombia, con la motivación de las leyes penales y las necesidades reales de intervención en la materia, expuestas a través de los principales indicadores de medición del fenómeno.
 

Así, el desarrollo metodológico y analítico del documento permite dar cuenta de:
 

  • Un concepto de trabajo respecto de la política criminal con un enfoque de lucha contra la corrupción en Colombia.
  • Un concepto de trabajo de corrupción que sirve para los fines de la pregunta de investigación de la tesis, además de un estado del arte de los avances del país sobre el tema.
  • La determinación de necesidades de intervención en materia anticorrupción a través del análisis de los principales indicadores internacionales y nacionales.
  • Un desarrollo analítico que vincula los conceptos de corrupción, reformas penales y política criminal a través del examen de la política criminal implícita en las diez reformas legales.
  • Un análisis de triangulación entre los tres conceptos tratados en cada capítulo (política criminal, corrupción y reformas penales), y de esta manera, la respuesta a la pregunta de investigación y la argumentación de la tesis que sustenta el trabajo de investigación.
  • Por último, unas recomendaciones generales de carácter metodológico y sustancial para elaborar una política criminal de lucha contra la corrupción.


Para desarrollar este planteamiento, los dos primeros capítulos del documento apuntan a entender los conceptos relacionados, así:
 

  • El primero analiza las características de la política criminal aplicable al tratamiento de la corrupción en Colombia y se asume un concepto de trabajo para su interpretación.
  • El segundo expone la corrupción como un fenómeno de tratamiento penal e internacional, y a través del análisis de las principales mediciones establece necesidades y realidades de la lucha anticorrupción. Allí se analizan las principales medidas de política implementadas por Colombia para la lucha contra la corrupción, lo cual implica la primera puesta en escena de la relación entre los tres conceptos (relación trilemática), pues se sintetiza la información de propuestas de política, los indicadores de corrupción y el análisis político criminal de los proyectos de ley estudiados por el Consejo Superior de Política Criminal.
  • Después se analizaron las reformas penales a la luz de la calidad de la motivación realizada para justificar la medida como necesaria o no, así como de las posibles influencias de política criminal y de contexto en la expedición de la ley, demostrando las claras influencias mediáticas y de populismo que tuvieron dichas reformas legales al mismo tiempo que se expone la carencia de una técnica legislativa en su elaboración.
  • Luego se hizo un análisis de triangulación entre política criminal, necesidades de intervención y norma penal, y según esta se comprobó que existe la relación es de incoherencia.


Entre otras recomendaciones generales para elaborar una política criminal de lucha contra la corrupción se destacan:
 

  • elaborar diagnósticos de mejor calidad, lo cual es muy importante;
  • definir y fortalecer un organismo rector de la política criminal;
  • sustentar políticas criminales en estudios y definiciones técnicas y científicas, obviando en lo posible la influencia populista y mediática;
  • exigir el cumplimiento de algunos mínimos requeridos en términos de motivación, justificación, estudios prospectivos y evaluaciones para expedir nuevas normas;
  • concurrir al análisis criminológico como fundamento y motivación de la política criminal y la articulación de la política con nuevas estrategias de gobernanza, particularmente en términos de prevención y autorregulación.

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