Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
Periódico UNAL

Resultados de Búsqueda:

Periódico UNAL
Penalizar el aborto es violencia contra la mujer

En 2014, mediante una declaración titulada: “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) visibilizó lo que por muchos años se ha ocultado o justificado en la hipersensibilidad atribuida a los cambios hormonales propios del embarazo. Si bien la expresión violencia obstétrica no se explícita, es viable preguntarse cómo más le podemos llamar a: “[…] evidente maltrato físico, profunda humillación y maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluido esterilización), falta en la confidencialidad, incumplimiento con la obtención de consentimiento informado incompleto, negativa a administrar analgésicos, violaciones flagrantes de la privacidad, rechazo de la admisión en centros de salud”, todo ello en torno al embarazo y el parto1.
 

En Colombia seguimos en la discusión sobre la despenalización completa del aborto. Han sido tres decenios que iniciaron con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, la primera demanda de inconstitucionalidad del entonces artículo 343 del Código Penal Colombiano (que era un decreto-ley de 1980) decidida mediante la Sentencia C-133 de 1994, la promulgación de un nuevo Código Penal (ya como ley) en 2000 y la nueva demanda de inconstitucionalidad al artículo 124, decidida mediante la Sentencia C-647 de 2001, el cambio de jurisprudencia con la decisión mediante la Sentencia C-355 de 2006 que resolvió otra demanda contra el modificado artículos 122, 123 y 124 del Código Penal, por la entrada en vigor de un nuevo procedimiento penal y la Sentencia de Unificación SU 096 de 2018.
 

Esto en materia penal, pero en materia civil se abrió la discusión a propósito del “inicio de la vida” y por tanto del reconocimiento de personas como sujetos de derechos que hay que proteger y garantizar. Los detractores han enfilado el debate hacia la protección de derechos, no de la mujer gestante sino del nasciturus o del que tiene la expectativa, según ellos, de existir.
 

Dado que a la luz de la Constitución la batalla legal ha sido todo un parto, que se ha efectuado en materia penal, civil y hasta administrativa en sede judicial (recordemos el fallido decreto 4444 de 2006 que fue suspendido provisionalmente y luego declarado nulo por el Consejo de Estado), conviene prever otros escenarios de debate legal, esta vez administrativos-en sede administrativa y ético-disciplinarios.
 

Puedes leer: El derecho que contradice la libertad de conciencia.
 

¿Que si el reproche a una mujer –físico, verbal, gestual, institucional (burocratización)– por decidir practicarse la Interrupción y Voluntaria del Embarazo (IVE) es violencia obstétrica? La respuesta es sí.


La obstetricia, como especialidad médico-quirúrgica, se ocupa de la salud materno fetal, es decir que gira en torno a la mujer como gestante y al producto que se gesta. Según el perfil deseado del egresado de dicha especialidad –publicado en el estudio realizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y que se titula “Gineco-Obstetricia”–, se espera que como persona integral parta de un enfoque primario de los problemas relacionados con el aparato reproductor femenino, pasando por sus patologías y llegue hasta un entendimiento de su entorno psicológico2. Llama la atención que se refieran a problemas y patologías, no a estados de bienestar integral.


El ejercicio del derecho fundamental a la IVE es un asunto obstétrico. Para efectos de responsabilidades administrativas, disciplinarias y ético-disciplinarias se requiere precisar que: si quien efectúa el reproche está adscrito al servicio de Ginecobstetricia de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), o es responsable de un trámite relacionado para hacer efectivo ese servicio de salud ante una Entidad Administradora de Planes de Beneficios (EPS de ambos regímenes), sea personal profesional o auxiliar del área de la salud o administrativa, debe responder como institución ante la Superintendencia Nacional de Salud o la Secretaría de Salud del ente territorial por violación a la garantía de calidad en la prestación del servicio de salud, siendo el trato humanizado uno de los atributos de la calidad, y bajo estándares profesionales o de la ocupación respectiva, además de protocolos de atención en cada servicio.

En tal caso, si se trata de una entidad de naturaleza pública y el agresor o agresora tiene la calidad de servidor público, e incluso siendo contratista o supernumerario, cabe también responsabilidad personal disciplinaria por violación al Código Disciplinario Único.
 

Por último, y en todos los casos, si quien agrede es un profesional del área de la salud, de ser médico el Tribunal Seccional de Ética Médica debe conocer de tal falta profesional, y si es una enfermera profesional, el Tribunal de Ética de Enfermería, por presunta violación a su respectivo código de ética profesional.
 

Estas responsabilidades administrativas (en sede administrativa), disciplinarias (con el operador disciplinario) y ético-disciplinarias (con el tribunal ético profesional de la respectiva profesión), no son excluyentes o incompatibles.
 

Te puede interesar: Las disputas por el aborto en América Latina.
 

La reflexión es frente a lo que tenemos hoy, efectuada la claridad de que la violencia obstétrica requiere de un agresor miembro del servicio de GinecoObstetricia de un prestador de servicios o de una administradora de planes de salud involucrada en el trámite administrativo de autorización, reembolso, entre otros, o de la calidad de médico tratante o enfermera al cuidado de la paciente, cabe preguntarse si hay violencia institucional obstétrica fuera del ámbito de la salud, y la respuesta es: sí, porque el legislativo se ha negado reiterada, sistemática e injustificadamente a regular mediante el trámite debido a una ley estatutaria la garantía de acceso y disfrute pleno del derecho fundamental a la IVE.
 

Sí, porque el ejecutivo, dentro de sus reglamentaciones en materia de salud pública o de vigilancia y control de la prestación del servicio de salud, y de la tan mentada “garantía de calidad”, no ha puesto en marcha políticas con enfoque de género e interseccionalidad, que, así sean copiadas de la OMS, permitan ser implementadas en el territorio disminuyendo la morbimortalidad materna (siendo el aborto riesgoso una de las causas) o la disminución del primer y segundo embarazo adolescente.
 

Sí, porque el judicial –en sus decisiones bipolares– “borra con el codo lo que ellos u otro han hecho con la mano”, o cómo calificar un “fallo inhibitorio” contenido en la sentencia C-89 de 2020, cuando ha debido zanjar la perversa discusión que sobre el artículo 90 del Código Civil Colombiano –que desde 1873 regula el inicio de la vida– iniciaron los autodenominados provida.
 

Sí, porque los entes de control no han incorporado dentro de su vigilancia administrativa (en sede administrativa), disciplinaria o ético disciplinaria, la violación o amenaza de violación al derecho fundamental a la IVE como un hecho susceptible de considerarse como falta sancionable en sus ámbitos.
 

El movimiento “Causa Justa”, que convoca a diferentes actores cuyo objetivo común es la eliminación del reproche social y legal, la discriminación y consecuente estigmatización hacia las mujeres que decidan ejercer uno de sus tantos derechos reproductivos, como el de interrumpir voluntariamente su embarazo, que, como si fuera poco, tiene carácter de derecho fundamental, une esfuerzos en torno a la lucha que por tres decenios ha estado vigente.


Si el movimiento autodenominado “Causa justa” es realmente eso, un movimiento social con una lucha política de otrora y mecanismos jurídicos para plantear batallas legales “como la nueva demanda ante la Corte Constitucional paar despenalizar el aborto completamente”, es preciso no conformarse como persona jurídica y que así sucumba la causa en los tentáculos del formalismo jurídico, sino a incorporar la deliberación y el consenso para tomar decisiones en justicia política y constitucional a su interior.
 

Así como a superar las dicotomías y los binarismos, no se trata de adscripción proaborto/antiaborto; provida (autodenominación) vs. Promuerte?; prolibertad vs. prohibición, se trata de sacudirse los binarismos, propiciar discusiones y debates informados a todo nivel que no sucumban a la mediocridad de la regla de mayorías fetichizada en nuestro medio por una protección a la libertad de decidir de la mujer al continuar o no un embarazo y que esas reivindicaciones de libertades se evidencian en todas las fases y escenarios del movimiento, Pro Choice a todo nivel y se geste como movimiento en permanente cambio.
 

Puedes escuchar el Podcast: Por una maternidad deseada, detrás del embarazo adolescente.
 


1 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf;jsessionid=A5E72B49D7CFCA5D98326AC688945756?sequence=1

2 https://ascofame.org.co/web/catalogo-bibliografico/

Relacionados

5307,5308,1641,1137,5309

“La maternidad será deseada o no será”, así han definido las jóvenes en los últimos años lo que significa ser madre. Como una decisión que va más allá...

En los últimos años ha sido común escuchar que personas y colectivos aluden a la objeción de conciencia para mostrar su rechazo hacia una conducta que...

Las circunstancias actuales de aislamiento y confinamiento de las personas en sus hogares exacerban las expresiones agresivas que buscan el control de...

En Colombia el “derecho a la objeción de conciencia” en Colombia para los médicos que se nieguen a practicar la interrupción voluntaria del embarazo...

Es la región menos favorable en relación con el derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción. En el Día de acción global por el acceso al...

Consejo Editorial