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Pandemia ahonda la inconstitucionalidad permanente en las prisiones colombianas

Andréi Sájarov fue otro prisionero célebre, del régimen soviético, preso por su activismo en defensa de los derechos humanos y su militancia en contra de la proliferación de las armas y los ensayos nucleares.
 

Si una detención arbitraria o una condena injusta son inadmisibles desde el Estado Social de Derecho y los instrumentos internacionales de derechos humanos, las condiciones actuales de la pandemia causada por el nuevo coronavirus están modificando los paradigmas de las políticas carcelarias en el mundo entero y generando la adopción de medidas de urgencia, promovidas también por organismos internacionales. 
 

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Preocupaciones internacionales


Los organismos internacionales se han preocupado por la protección de los derechos humanos de los reclusos desde hace varias décadas. 
 

Amnistía Internacional, organización fundada hace 60 años para abogar por los “prisioneros olvidados” -sobre todo presos políticos- es considerada un referente en materia de derechos de los prisioneros y ha expresado recientemente sus preocupaciones por la pandemia del COVID-19 y por la situación de precariedad que viven las personas privadas de su libertad en todo el continente. 
 

Sobre esta situación, Amnistía Internacional ha manifestado que el hacinamiento en las cárceles colombianas imposibilita el aislamiento de personas que pueden contraer el virus y que las limitadas condiciones de acceso a servicios de salud y a productos de higiene, así como la falta de suministros de agua potable, aumenta los riesgos de exposición al contagio y a su posterior recuperación.
 

A mediados de marzo este movimiento recomendó al Estado colombiano que para reducir el hacinamiento carcelario, se debía considerar el otorgamiento de la libertad de las personas en detención provisional y la libertad anticipada o condicional de prisioneros en situación de riesgo en casos de contagio, incluyendo personas mayores y quienes padecen afecciones médicas subyacentes o con un sistema inmunológico débil.

En diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las “Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos” -también conocidas como “Reglas Nelson Mandela”- un conjunto de 122 disposiciones que revisan e incorporan nuevos conceptos para superar las antiguas normas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre esta materia adoptadas desde 1955, respecto de uno de los grupos más vulnerables y en riesgo de sufrir abusos y malos tratos.
 

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El periodista Julian Assange simboliza las condiciones de injusticia de una detención que parece prolongarse indefinidamente. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), declaró como arbitraria la detención de Assange desde su arresto inicial el 7 de diciembre de 2010 y llamó a los gobiernos de Suecia y el Reino Unido, a poner fin a su arresto y a respetar su integridad física y libertad de movimiento, además de garantizar su derecho a una compensación.
 

Este grupo estableció unos criterios básicos para determinar si una detención es arbitraria, como por ejemplo cuando es claramente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de libertad; cuando dicha privación resulta del ejercicio de derechos o libertades relacionados con la libertad de expresión consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y cuando la inobservancia de normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial es de tal gravedad que confiere un carácter arbitrario a la privación de la libertad.

A finales de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a los Estados para que tomen medidas para proteger la salud y la seguridad de las personas que están recluidas en centros carcelarios, con el fin de frenar la pandemia de coronavirus y evitar su propagación en las cárceles.
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 10 de abril una resolución sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, en la cual alerta sobre el potencial que tiene la pandemia del COVID-19 para afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de las poblaciones de los Estados miembros, como Colombia.
 

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En la parte de dicha resolución que trata de los “Grupos en especial situación de vulnerabilidad”, se dedica un aparte a las “Personas Privadas de Libertad”, en el cual se pide a los Estados adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las cárceles.
 

También se pide a los Estados adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio del COVID-19, como también establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad.
 

Es claro que el Estado colombiano tiene en esos instrumentos, decisiones y declaraciones, para no citar sino unos pocos, unos referentes muy valiosos para garantizar los derechos de la población reclusa frente al COVID-19 y para avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional que ha declarado la Corte Constitucional respecto de la situación carcelaria en Colombia.
 

El hacinamiento


La situación de hacinamiento, graves deficiencias de servicios públicos y asistenciales, la violencia, la extorsión, la corrupción y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos, desde hace varios años ha generado preocupación tanto para las autoridades del Estado como para organismos internacionales.
 

La Corte Constitucional de Colombia, en sentencia de 1998, estableció que la situación carcelaria en el país correspondía plenamente a una definición del estado de cosas inconstitucional por la situación de violación continua de los derechos de sindicados y procesados detenidos en las distintas cárceles del país, de la cual podía deducirse una flagrante violación de un conjunto de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia.
 

Desde hace dos décadas, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conformó una Misión Internacional de Derechos Humanos y Situación Carcelaria que elaboró un Informe completo y detallado sobre los Centros de Reclusión en Colombia, el estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos humanos.
 

Dicha misión hizo una serie de recomendaciones para superar la crisis, dirigidas al Estado colombiano sobre política criminal y penitenciaria, los órganos de control y protección, el cumplimiento al Código Nacional Penitenciario y el cumplimiento urgente de las tutelas, destacando la importancia del respeto a los derechos humanos de la población reclusa y la observación periódica y rigurosa a los convenios multilaterales sobre derechos humanos suscritos por Colombia.
 

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Pese a que el informe fue presentado en 2001- casi dos décadas después- los avances reales y efectivos han sido muy limitados.


En una sentencia de 2018, la Corte Constitucional recordó haber declarado en 2013, por segunda vez, el estado de cosas inconstitucional para las cárceles, como también haber ofrecido lineamientos para el seguimiento al estado de cosas inconstitucional a partir de mínimos constitucionalmente asegurables. 
 

Es en ese contexto que sobrevino la pandemia del coronavirus, como si en lugar de un mejoramiento de la situación, se abrieran espacios para riesgos reales y el agravamiento de la situación de la población reclusa en Colombia, sobre todo en materia de salud.
 

La pandemia tomó al Estado con un déficit en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales respecto de la población reclusa y en la mora para la ejecución de las obligaciones que le incumben para superar el estado de cosas inconstitucional sobre las cárceles. 
 

Las decisiones


El Gobierno del presidente Iván Duque -dentro de las facultades extraordinarias generadas por la actual situación de pandemia- adoptó el Decreto 546 de abril 14 de 2020, “por el cual   se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
 

Dicho decreto expresa una preocupación del Gobierno por aportar mecanismos para aliviar los riesgos de salud que corre la población de reclusos en tiempos de la pandemia del coronavirus. También es cierto que este establece un “régimen de exclusiones” para dejar sin los beneficios establecidos por el decreto, a autores de delitos que revisten cierta gravedad.


Sin embargo, las medidas adoptadas parecen insuficientes: primero, porque se trata de medidas aisladas que no aparecen acompañadas de recursos ni de medios para una ejecución eficaz, en particular las de carácter sanitario que, aunque de difícil ejecución en las prisiones dadas las condiciones de hacinamiento, son exigibles al Estado que tiene a su cargo las garantías mínimas de los derechos humanos de los reclusos particularmente el derecho a la salud y cuya inobservancia podría llegar a generar responsabilidades para el mismo Estado.
 

Segundo, porque las medidas no se inscriben en un contexto más amplio tendiente a superar o al menos a avanzar en la superación del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte. Para ello se requiere adoptar como premisa una conexión entre las medidas para asegurar el avance en los “mínimos constitucionalmente asegurables”, como los ha llamado la misma Corte y al tiempo, la preservación del derecho a la salud de la población reclusa frente a la pandemia.
 

Además, no aparece previsto en el decreto un protocolo para hacer seguimiento epidemiológico y cuarentena rigurosa a los excarcelados, lo cual implica riesgos graves extendidos a toda la sociedad.  


Por último, es evidente la ausencia de una mayor voluntad del Estado para la fundamentación del decreto en los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos de los reclusos.  

En la actual coyuntura pandémica, habría que concluir que, a pesar de los esfuerzos, el Estado continúa en un déficit en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, tanto constitucionales como internacionales, respecto de la población reclusa. Hace falta mayor voluntad para superar un estado de inconstitucionalidad que ya parece permanente.

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