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Nuevo enfoque territorial permitiría combatir narcotráfico en San Andrés

San Andrés atrae tanto a los turistas –que buscan disfrutar de sol y playa– como a los carteles de la droga, que encuentran en su ubicación geográfica una posibilidad de crear y mantener las rutas para el narcotráfico, ya que la Isla comparte frontera marítima con Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.


Para los expertos en seguridad y narcotráfico del Centro de Pensamiento del Gran Caribe, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en el país y en Centroamérica el fenómeno de la seguridad se vincula con el conflicto interno y con el tráfico de estupefacientes, ya que se interconectan en un circuito mercantil del narcotráfico que tiene como destino la demanda creciente de los Estados Unidos.


En este sentido, señalan: “tanto el Caribe colombiano continental como el insular forman parte del eslabonamiento de este tráfico ilícito, ya que desde el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se comparte una frontera marítima que, más allá de su condición de reserva de biosfera, se ha convertido en un espacio por donde transita y se interconectan las complejas redes delictivas asociadas con el tráfico de estupefacientes, y su accionar parece exitoso ante las bajas tasas de incautación por las autoridades”.


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De hecho, en el informe más reciente del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Balance de una década de políticas de drogas: informe sombra de la sociedad civil, se indica que en la última década fracasó el objetivo que se fijaron los Estados miembros de Naciones Unidas de eliminar o reducir el tráfico, consumo, producción y uso de drogas ilícitas en el mundo, y las políticas punitivas o penales, antes que reducir el narcotráfico, han generado más violencia.


Con respecto al Archipiélago, estudios adelantados por el Centro de Pensamiento del Gran Caribe* revelan su contexto actual, evidencian los efectos del fenómeno del narcotráfico en aspectos como la seguridad, por ejemplo, y proponen alternativas de política para el territorio insular, el cual hasta hace unos años era considerado por nativos y turistas como un “remanso de paz”.

Se incrementó el sicariato


La profesora Silvia Mantilla menciona que aunque desde los años ochenta el fenómeno del narcotráfico comenzó a permear las relaciones sociales y económicas del Archipiélago, cuando arribaron los carteles de Medellín y de Cali, no se ha vivido una confrontación armada en sentido convencional, y tampoco ha existido producción a gran escala de cultivos ilícitos ni presencia de la antigua guerrilla de las FARC; sin embargo, en la última década el territorio se ha visto afectado por la violencia derivada de las bandas criminales, que lo utilizan, y a sus jóvenes isleños, como activos para el paso estratégico de las drogas hacia los principales mercados consumidores.


Estudios adelantados por la investigadora muestran que en años recientes se ha hecho evidente que en San Andrés se está viviendo un estado de posconflicto relacionado con los efectos de la desmovilización paramilitar de 2003, la cual se desplazó hacia las islas irrumpiendo en forma de violencia criminal. Así, entre 2010 y 2017 se asesinaron, por ajustes de cuentas relacionados con las drogas y la violencia criminal, entre 20 y 25 personas cada año. De igual forma, cifras de la Policía Nacional indican que para el mismo periodo se registró la muerte de 62 personas por cuenta del sicariato en un territorio de solo 35 km2.


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Así mismo, a través de las investigaciones, se han podido describir las dinámicas más frecuentes de la participación de los traficantes en San Andrés, entre las cuales se encuentran: (i) en el agua, a través de la escala de abastecimiento de combustible en el mar, apoyada internamente por lancheros; (ii) por medio de líneas mercantes que abastecen la Isla y hacen relevo en el puerto; y (iii) en tierra, con el microtráfico impulsado por la demanda de los turistas que visitan la Isla, o viajeros que las ingresan en vuelos comerciales para luego distribuirla, aun siendo este aeropuerto uno de los más seguros del país.


Según la docente, “se sabe que casi todas las operaciones ilícitas se desarrollan en el mar a través de las lanchas go fast, prácticamente sin que las drogas toquen territorio isleño. De hecho, los lugares de captura más comunes son el mar, alta mar y los muelles y oficinas en las salidas marítimas (ver gráfico)”.

Joven y barata, así es la mano de obra dedicada al narcotráfico


Otro aspecto evidenciado en los estudios adelantados por la profesora Mantilla y que merece la pena destacar es que como resultado de la ausencia de oportunidades para la educación y el desarrollo socioeconómico de la juventud, en el Archipiélago existe además una mano de obra activa y barata de hombres jóvenes que durante décadas se han involucrado en el negocio del tráfico de drogas, ofreciendo sus conocimientos de navegación marítima para el tráfico de recursos ilegales que atraviesan constantemente las aguas territoriales colombianas.


“Estos jóvenes juegan un rol fundamental en el proceso de reabastecimiento y acopio de combustibles y trasbordo de la cocaína o la marihuana que transita en alta mar y que busca penetrar las costas centroamericanas para su final tránsito hacia los Estados Unidos”, señala la politóloga Mantilla.


Afirma además que el negocio del narcotráfico, junto con el fenómeno de la violencia y las fuertes políticas de interdicción implementadas durante las últimas décadas, han provocado la desaparición de unos 700 jóvenes isleños entre 1999 y 2017. De hecho, las familias isleñas se han identificado como víctimas del narcotráfico, por cuanto casi una generación completa de jóvenes ha desaparecido o caído presa en las cárceles de otros países por cuenta de este flagelo.


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De otra parte, la docente indica que la crítica condición de seguridad del Archipiélago ha llevado paulatinamente a una militarización del territorio que riñe con la vocación turística de las islas. “Las estadísticas de la Policía Nacional de 2017 indican que el pie de fuerza se ha incrementado, al pasar de 260 policías en 2004, a 479 en 2008, y a 597 en 2015. Además se ha instalado una estructura de edificios de enormes proporciones para los comandos que operan allí, sin que nada de esto haya solucionado los problemas de violencia, criminalidad y tráfico de drogas todavía persistentes en el territorio insular”.


Para el profesor Raúl Román Romero, director del Centro de Pensamiento del Gran Caribe de la UNAL, “el aumento de grupos de pie de fuerza civil y militar es un indicador importante de la preocupación por la seguridad y el control del circuito de la droga, en un marco de cooperación entre países de Suramérica, Centroamérica y México, donde el Archipiélago juega un papel clave no solo con respecto a la recuperación de soberanía, sino también en relación con la defensa”.
 

Inseguridad y violencia


Como una manera de contribuir a la comprensión de este fenómeno de inseguridad, el profesor Román y Francisco Javier Maza Ávila, de la Universidad de Cartagena, realizaron en mayo de 2018 un análisis sobre la percepción de seguridad que tienen los habitantes del Archipiélago.

Así, tras aplicar una encuesta en 17 barrios o sectores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, evidenciaron que el narcotráfico, el hurto, los actos vandálicos y los ciberdelitos son algunos de los factores que están provocando que los habitantes no se sientan seguros en el Archipiélago y que se profundice la desconfianza hacia las instituciones que deben garantizar el orden, la seguridad y la justicia.


El cuestionario “Percepción de seguridad entre habitantes de San Andrés Islas” –conformado por 36 preguntas agrupadas en tres categorías– se aplicó a una muestra de 394 viviendas; en este se asumió un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 4,95 %. El 45,18 % de los encuestados son adultos jóvenes (18-34 años) y el 40,1 % adultos medios (35-64 años). Los resultados arrojaron que el 80,96 % de la muestra considera que la Isla es insegura, y su sensación de inseguridad es alta (46,08 %); esta es mayor que la reportada por el DANE en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, cuyo resultado en 2017 fue del 31,5 %.


Por otro lado, la desconfianza de la población en las instituciones alcanza un 58 %, lo que significa que las acciones desplegadas por diferentes administraciones han sido insuficientes ante la problemática.


De igual manera, aunque la percepción de seguridad está más asociada con hechos vinculados al narcotráfico –considerados por la sociedad como detonantes de violencia y crimen–, prevalecen los hurtos comunes (19,8 %), seguidos del atraco (16,3 %), el robo a viviendas (11,5 %) y de vehículos (10,7 %).
 

Urge diseñar una política pública integral


Según el profesor Román, la percepción de inseguridad se ha incrementado desde comienzos del presente siglo hasta hoy; entre 2002 y 2010, a pesar de la política de Seguridad Democrática que aumentó el número de policías en la zona, no se percibió una disminución del sicariato, la extorsión ni los asesinatos selectivos, ni dejó de haber presencia de bandas criminales. “Solo hasta la firma del Acuerdo Final de Paz se vio una disminución de estas tasas sin que representara un cambio significativo”.


Al respecto, la docente Mantilla agrega que, con respecto al Archipiélago, también es importante pensar en la construcción de paz con enfoque territorial a partir de una propuesta que permita revisar la situación del territorio.


En su opinión, “el aspecto más crítico a resaltar es que en lo relativo al cuarto punto de la agenda sobre drogas ilícitas, los acuerdos de La Habana tienden a enfocar la solución del problema de las drogas y la violencia que de allí deriva desde el lugar que Colombia ocupa como país cultivador y productor, mas no como el escenario desde el cual se tejen las redes de intermediación y el tráfico de las drogas; ello implica que siga siendo un territorio ideal para la expansión de las redes de comercio y la intermediación de drogas próximas a revitalizarse en la región”.

Los investigadores consideran que es urgente diseñar una política pública que permita incluir la región en el posacuerdo, que debe ir más allá de la militarización, con la que se busca garantizar la confianza y tranquilidad de los habitantes de la Isla y el restablecimiento del turismo como el principal sector legal de crecimiento económico.


Tal política integral debe trabajar –según sus aportes– en dimensiones como la confianza en las instituciones; la atención y participación ciudadana; información para el control de entrada y salida de personas; el fortalecimiento de la agenda internacional para la lucha contra las drogas, y la pedagogía para un ejercicio compartido de seguridad.


Aunque la Isla no vivió todas las aristas del conflicto armado colombiano, los profesores proponen tener en cuenta sus necesidades –en cuanto a educación superior, seguridad, control del crimen, turismo sostenible, gestión de riesgo climático, reincorporación de desmovilizados– contemplando las características de los habitantes insulares, claves en la ejecución y apropiación de un plan que avance en dirección de una paz territorial y focalizada.


* Los resultados del trabajo de investigación se recogen en el libro Seguridad y narcotráfico en el Caribe. Hacia una política pública en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, publicado por la Editorial UN.

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