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¿Nueva oleada de violencia o crisis de la implementación del Acuerdo de Paz?

Dichas zonas tienen en común la presencia de actores del conflicto armado –grupos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC– y grupos del crimen organizado como el Clan del Golfo, entre otros; también tiene gran relevancia la siembra de cultivos de coca por los productores campesinos. Las masacres han tenido como víctimas, en la mayoría de los casos, a población de jóvenes.
 

Sin duda la explicación de lo anterior tiene que ver con aspectos coyunturales y otros de más largo plazo, cuyo factor de peso ha sido la débil o inexistente presencia del Estado en la mayoría de esos territorios. Infortunadamente se desaprovechó un momento fundamental, como fue la desmovilización de las FARC, lo cual implicó el abandono por parte de los distintos frentes de esa guerrilla de territorios donde, desde tiempo atrás, ejercían un poder regulador, ilegal sí, pero con gran capacidad de controlar esos territorios.
 

Puedes leer: Iván Mordisco y el asesinato de indígenas en el Cauca.
 

Se esperaba que el Estado, incluida la Fuerza Pública, diseñara y ejecutara una estrategia de copamiento de esos territorios e iniciara allí un fortalecimiento de la presencia del Estado –siempre ausente–. Sin embargo, hay que decirlo, ni el anterior Gobierno –que hizo bien la fase de negociación pero se descuidó completamente en la fase de posacuerdo– ni el actual adelantaron una estrategia adecuada en ese sentido. Ahí tenemos el problema de mayor peso.
 

Debido a esto, hoy presenciamos en esas regiones una disputa entre grupos irregulares –en el Catatumbo predomina la disputa entre el ELN y los sectores remanentes del EPL; en la región pacífica sur la disputa es entre grupos disidentes de las antiguas FARC, grupos del crimen organizado, y del ELN– por dominar el territorio y acceder al control de rutas para el narcotráfico, y en ocasiones también por establecer formas más permanentes de ejercer un poder ilegal allí, un control que termina igualmente por someter a los pobladores a las lógicas que busca imponer el actor armado ilegal que pretende ese control.
 

Sin embargo, esa disputa no se expresa en lo fundamental en enfrentamientos entre estos diversos grupos, sino en afectar a la población civil, un poco al estilo de lo que hicieron en el pasado los grupos paramilitares en varias regiones, contra la población civil considerada como el apoyo social de sus rivales.
 

En esos territorios se ha dado la siembra de cultivos de uso ilícito, junto con la presencia de grupos de crimen organizado encargados de la compra, procesamiento y transporte de los narcóticos, y hay presencia de grupos guerrilleros o de otros grupos del crimen organizado, justamente porque nunca ha habido una presencia real del Estado; en algunos solo ha existido una presencia fugaz del componente policial o militar, sin una estrategia militar y de inteligencia adecuada.
 

Por eso en esta zona no ha existido la posibilidad de desarrollar una economía que le dé posibilidades de vida a los pobladores, y las rentas ilegales de los cultivos de uso ilícito ha sido una opción de sobrevivencia; igualmente, como no ha habido Estado, o este ha sido indolente, la regulación de la vida social la han desarrollado grupos ilegales, que resuelven e imponen sus “normas” a los pobladores.
 

Puedes ver: “El Gobierno también desconoce los acuerdos con las comunidades”.


Al respecto es importante señalar que el débil impulso a los programas de sustitución de cultivos ilícitos –o la desfinanciación de estos, porque paradójicamente hay mayor apoyo internacional para los programas de fumigación que para los de sustitución voluntaria– ha hecho que esa dinámica de sustitución, que muestra los mejores niveles de eficacia, no se haya desarrollado plenamente, y la ausencia de Estado ha impedido una eficaz estrategia de protección de los líderes de sustitución.


Cuando suceden estos hechos de violencia, absolutamente condenables, y a posteriori aparece la Fuerza Pública, difícilmente hay confianza en los pobladores, que la perciben como una presencia transitoria, como “de paso”, y eso hace difícil obtener información –una de las bases fundamentales de la inteligencia policial o militar–; la información de los pobladores a las autoridades está relacionada con la confianza y la legitimidad, y para ello se requiere que haya un Estado con presencia estable en el territorio y que le brinde apoyos y servicios.


Con seguridad, en esas regiones la mayoría sabe quiénes han sido los autores de esos crímenes, pero para que esa información sea suministrada a las autoridades se requiere que exista confianza, y eso solo se construye en el tiempo. No solo se trata de identificar y capturar a los autores de los delitos –aunque eso es importante–, lo fundamental es prevenir que se vuelvan a cometer esos crímenes, y para ello se necesita que haya Estado en esos territorios como jueces, inspectores de Policía, adecuados servicios de salud y educación, vías de comunicación e inversión que genere empleo, entre otros.


Bajo este contexto, se requiere una estrategia integral del Estado que involucre la presencia permanente de Fuerza Pública –especialmente de fuerzas especiales, inteligencia sobre los actores de estos hechos y sus dinámicas, un combate sistemático a los grupos de narcotraficantes, especialmente los que hacen el procesamiento y transporte–, pero también y es fundamental una estrategia de desarrollo social con énfasis en la oferta y el apoyo educativo que suministre opciones de futuro a los jóvenes, y también de empleo; igualmente programas de desarrollo alternativo para los campesinos, con opciones de comercialización y transformación de los productos que vayan a reemplazar a los cultivos de uso ilícito –sobre eso ya hay suficiente experiencia negativa en intentos del pasado, sobre lo cual se puede y debe aprender.


Puedes escuchar: Durante la pandemia, siguen los asesinatos de líderes sociales y excombatientes.
 

No hay duda de que en la implementación de algunos componentes del Acuerdo de Paz hay fallas, en algunos casos por deficiencias presupuestales o administrativas, en otros por estilos de concepción acerca, por ejemplo, de lo que deben ser los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pedet), los cuales pretendían no simplemente una sumatoria de obras de infraestructura en los municipios, que por supuesto son necesarias, sino una concepción de desarrollo territorial especial en cada caso, con un alto componente de participación de los pobladores y un estructura administrativa con instrumentos y capacidad de gestión.
 

Eso es lo que hemos denominado como el inicio por el Estado de un serio fortalecimiento de su presencia permanente en esos territorios, o construcción de Estado en las regiones, tarea que sigue pendiente y que está teniendo altos costos sociales, políticos y económicos para los pobladores.

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