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Ni “máquinas de guerra” ni criminales: los menores reclutados y bombardeados son víctimas

El Instituto de Medicina Legal identificó a 8 de las 10 personas que murieron en el ataque. Una de ellas fue una adolescente de 16 años, que en Colombia se considera como menor de edad.


El profesor Mauricio Cristancho, subdirector de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez” (Polcrymed) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), explica por qué los menores involucrados en un conflicto armado y en bombardeos no pueden considerarse como “máquinas de guerra” ni como criminales.


“Lo primero que se debe tener en cuenta es que según el derecho internacional los bombardeos son una ventaja militar, y cuando se va a acceder a una ventaja de estas se deben respetar unas reglas mínimas: la primera es que se prohíben los ataques indiscriminados, es decir los que se hacen mediante bombardeos, pues estos deben ser focalizados a objetivos militares previamente delimitados”, señala el investigador.


Además se deben respetar tres principios:

  • Distinción: el cual demanda que quien va a hacer un ataque debe identificar que no haya población civil que corra riesgo al momento del bombardeo.
  • Precaución: si se advierte la presencia de población civil, quien ordena el ataque debe mermar ese daño e incluso llegar al punto de abstenerse de adelantar el bombardeo.
  • Proporcionalidad: que exige hacer una ponderación entre la ventaja militar que se va a obtener y los bienes jurídicos que se van afectar para que valga la pena llegar a esa ventaja militar.


El bombardeo se realizó en un campamento de disidencias de las FARC, en donde –según información de inteligencia– se encontraba uno de los jefes máximos: Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”.


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A la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los menores son considerados como población civil a pesar de haber sido reclutados, y por lo tanto, cuando se hace el ejercicio de ponderación esto debe tenerse en cuenta.


Menores reclutados, ¿máquinas de guerra?


Partiendo del hecho que tanto en la Convención de Ginebra –y sus protocolos adicionales– como en el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) considera niños a los menores de 15 años y estas personas deben ser consideradas como población civil, el profesor Cristancho destaca que, “esto quiere decir que el simple hecho de portar un uniforme militar no los convierte en objetivo legítimo, esto solo sucede cuando el menor participa directa y activamente de las hostilidades de los ataques militares, de lo contrario se debe tratar como población civil”.


Sostiene además que “esto está determinado por las normas internacionales y por el principio de distinción. Así, quien esté al mando debe saber identificar. Que un menor esté en un campamento no lo convierte en un objetivo legítimo, sino en población civil”.

Para el investigador, el hecho de que el ministro Molano defendiera su proceder llamando a los menores “máquinas de guerra” es una apreciación desafortunada, pues está desconociendo que no todo menor que se encuentre en un campo operacional o que porte un uniforme puede ser considerado como objetivo legítimo: “está desconociendo abiertamente el principio de distinción y la obligación que se tiene cuando se va a adelantar un operativo de identificar que no haya población civil”, afirma.


En diversas entrevistas, el ministro indicó que “los menores dejan de ser víctimas cuando cometen delitos, pues se convierten en criminales”. Ante esto, el docente explica que lo primero que se advierte es que él desconoce el principio de no reciprocidad, el cual indica que aunque la contraparte en un conflicto vulnere o quebrante las normas del DIH, esto no autoriza a que la otra parte –en este caso el Estado– también lo contravenga.


Ante esta situación con los menores existe un deber constitucional de protegerlo y no de atacarlos. Según explica el docente, “es cierto que excepcionalmente los menores pueden ser considerados como objetivos legítimos, pero exclusivamente cuando participan de manera activa en la confrontación de los ataques o de las hostilidades. En términos de hablar de un criminal, esto solo se da cuando el menor participa en estos últimos sentidos, de lo contrario no podría dirigirse a estos menores como criminales sino como víctimas”.


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Reclutamiento forzado y la revictimización


El Estatuto de Roma regula todo lo relacionado con la CPI, que tiene una competencia de delitos graves que el derecho internacional rechaza, es decir, delitos verdaderamente graves. Allí se establece que en la regulación de los conflictos armados toda confrontación debe respetar unos mínimos. “Las afectaciones graves a este mínimo se configuran como un crimen de guerra y una manifestación de esto es el reclutamiento de menores, que en un proceso de reconciliación nacional o de paz no podría ser objeto de amnistía o de indulto, o incluso podría ser competencia de la CPI porque es un delito grave”, recalca el profesor Cristancho.


Cuando se señala a menores como criminales o como “máquinas de guerra” se comete un doble señalamiento. Cuando los grupos armados reclutan a los menores violan el DIH, pues este es un crimen de guerra por el cual dichos grupos deben responder severamente. Ahí surge un primer escenario de victimización, que consiste en que, ante el abandono estatal, los menores se vuelven presas de estos grupos armados al margen de la ley.


Según el investigador, la revictimización se da cuando el Estado no atiende esa situación de vulnerabilidad que hace que los menores terminen reclutados, y los compara con unos combatientes y termina bombardeándolos. Así, lo que se da en un escenario como el bombardeo sucedido en el Guaviare es una revictimización, es decir que los menores sufren una doble victimización tanto por las organizaciones criminales como por el Estado colombiano.

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