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Mujeres y jóvenes, los más afectados con la situación de pobreza en Colombia

Con base en esa línea de pobreza monetaria, el DANE calcula que el 35,7 % de las personas en Colombia se encontraría en pobreza, y de estos el 9,6 % en pobreza extrema. Así, en 2019 habría 4.367.500 hogares en pobreza, de los cuales 1.172.250 estarían en extrema pobreza. En consecuencia, cerca de un 30,4 % de los hogares habría estado viviendo por debajo de la línea de pobreza en ese año.
 

Estructura social según ingresos


Según la última Encuesta Nacional de Hogares del DANE, y teniendo como base los rangos mediante los cuales el DANE clasifica los hogares en: (i) Pobres, si el ingreso mensual es inferior a 1.310.696 pesos al mes; (ii) Vulnerables, con un ingreso diario per cápita por encima de la línea de pobreza monetaria definida por el DANE, pero por debajo del umbral de 10 dólares PPA1; (iii) Clase media, cuyo ingreso diario per cápita está en el rango de 10 a 50 dólares PPA, y (iv) Clase alta, con un ingreso per cápita superior a 50 dólares PPA al día (cuadro 1).

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Sin considerar las diferencias entre dominios territoriales, se obtendría la siguiente estructura social de la población colombiana para 2019, justo antes de la irrupción de la pandemia del COVID-19:
 

  1. Solo un 3 % de los hogares se podrían clasificar como de clase alta, con una participación de 22,3 % en el total de ingresos de los hogares o personas del país.
  2. Un 41 % de los hogares se podrían catalogar como de clase media, los cuales participarían con un 56 % del ingreso total de personas u hogares.
  3. Cerca de un 27,0 % de los hogares del país se encontraría en situación de vulnerabilidad, con una participación del 13,3 % de los ingresos totales.
  4. Un 29,0 % de los hogares se encontrarían bajo la línea de pobreza, con una participación de solo el 8,4% de los ingresos totales en el país.


Tal estructura social según ingresos resulta claramente consistente con un elevado grado de desigualdad o de concentración de ingresos en Colombia, que de acuerdo con Garay y Espitia 2020a y 2020b2, se ubicaría en un rango alrededor de 0.62 —estimado mediante el índice de Gini—.


Cabe anotar que esta aproximación a la estructura social según ingreso no tiene presente el dominio geográfico en el cual se encuentra cada una de las personas u hogares —que, como se mencionó, a cada dominio se le aplica diferente línea de pobreza—, lo cual puede afectar las estimaciones en algunos puntos porcentuales, pero sin que se llegue a afectar de manera significativa la estructura básica de referencia.
 

Considerando los dominios territoriales, la pobreza habría alcanzado en 2019 el 30,1 % en términos de hogares y el 35,7 % en términos de personas, en comparación con el 29 % y 32 %, respectivamente, sin considerar los dominios territoriales, es decir una diferencia, en su orden, de 1,1 y 3,7 puntos porcentuales.


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Lo anterior muestra la gravedad de la crítica situación social que se estaría viviendo en el país en 2019, aun con antelación a su agravamiento con la irrupción de la pandemia por el COVID-19, con el agravante de que, de acuerdo con las estadísticas del DANE en términos de personas: (i) el nivel de pobreza monetaria de la población desempleada habría sido del 58.8 % y para los trabajadores de cuenta propia del 44.7 %, (ii) que el conglomerado de mujeres resultaría ser el más afectado en todos estos casos, al superar el nivel de pobreza monetaria de los hombres (34.4 %) en más de 3.8 puntos porcentuales, (iii) que el nivel de pobreza monetaria de los jóvenes menores de 25 años rondaría el 43 % a nivel nacional y del 50.6 % en los centros poblados y rural disperso, (iv) que la pobreza monetaria en los centros poblados y rural disperso habría superado incluso el 47.5 %, en comparación con el 32.3 % en el caso de las cabeceras, el 27.6 % de las 13 grandes ciudades y áreas metropolitanas y el 35.7% del promedio nacional (cuadro 2).

¿Y el 2020?


La matriz del número de hogares que consumen diferentes tipos de bienes y la relación de estos con su nivel de gasto, permite señalar, de un lado, que un 65.6% de los hogares tienen un gasto inferior a 2 SMLV y un 18 % entre 2 y 3 SMLV; y, del otro lado, la existencia de diferencias estadísticamente significativas, entre la cabecera y los “centros poblados y rural dispersos” en cuanto al porcentaje de hogares con un nivel de gasto menor de un SMLV: 21.1 % vs. 59.2 %. Así pues, de los 14 millones 350 hogares que hay en Colombia, el 29 % tenía un nivel de gasto inferior a un (1) SMLV y el 36% entre 1 y 2 SMLV. En las cabeceras, estos porcentajes fueron de 21 % y 38 %, mientras que en las áreas pobladas y rural disperso fueron de 59 % y 31 %, respectivamente.


Ahora bien, si la línea de pobreza monetaria del DANE es superior a un SMLV, entonces el porcentaje de hogares con un gasto inferior a la línea de pobreza en el área rural es cercano al 60 % y en la cabecera al 25 %. En este orden de ideas, y dado el impacto social y económico del confinamiento para detener la pandemia del COVID-19 sobre la población pobre y vulnerable, se debe impulsar, una renta básica de emergencia para el sector rural que cubra al 100 % de la población pobre y vulnerable. Si esta renta es de un SMLV, su costo mensual ascendería a 0.22 % del PIB y cubriría un porcentaje importante de los hogares del sector y tendría un gran impacto social sobre la pobreza.


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Dada la alta probabilidad de que la situación de pobreza y vulnerabilidad social se haya profundizado de manera ostensible en todo el país (el resultando es que las mujeres y los jóvenes son los conglomerados más afectados), se puede pensar en la renta básica para todos los hogares en pobreza y vulnerabilidad de 1 smmlv, el cual tendría un costo mensual igual al 1 % del PIB.
 

Las personas en situación de vulnerabilidad que cuentan con un ingreso per cápita inferior a 0,5 smmlv suman cerca de 4.800.000, que por esa condición enfrentan una alta probabilidad de caer en la pobreza con una reducción de sus ingresos ante la pérdida de empleo o la imposibilidad de realizar su trabajo por cuenta propia.


En este contexto, el conglomerado de personas bajo la línea de pobreza se podría haber incrementado en otros 5 a 10 puntos porcentuales hasta el tercer trimestre de 2020, llegando a representar entre el 37 y 42 % de la población colombiana, y hasta un 40 a 45 % si se consideran las diferencias en dominios territoriales.


Una situación similar acontece con personas de la “clase media”. Suponiendo que los hogares que tienen un ingreso inferior a 2,5 smmlv de este conglomerado, las cuales suman cerca de 5.800.000 personas, sufrieran una determinada caída de sus ingresos por la pérdida de su empleo formal o informal, entonces se podrían enfrentar a una situación de vulnerabilidad; lo cual incrementaría por este concepto la población en vulnerabilidad en cerca de unos 4 a 8 puntos porcentuales, ascendiendo entre 23.5 y 27.5 % de la población colombiana. Sin embargo, en términos netos la población en vulnerabilidad se reduciría a cerca de 17.5 %.

En suma, bajo este escenario hipotético la población en pobreza o vulnerabilidad monetarias habría podido ascender a un nivel cercano entre el 54.5 y el 59.5 % —en términos de personas— hacia el tercer trimestre de 2020, resultante de la caída del PIB y el consecuente aumento del desempleo, con la drástica reducción de ingresos de la población que, entre otros casos, hubiera perdido su empleo o no hubiera podido realizar sus actividades normales —como en el caso de los trabajadores por cuenta propia, mayoritariamente de tipo informal— ante el confinamiento y aislamiento social para enfrentar la irrupción de la pandemia del COVID-19.
 

A modo de reflexión conclusiva


En estas circunstancias, resultaría claro que los programas gubernamentales de transferencias monetarias —Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario— no solo resultan claramente insuficientes en términos de su monto porque equivaldría a menos de un 12 % de la línea de pobreza de un hogar con 4 personas, sino que su cobertura neta en términos de hogares no habría cubierto en la práctica ni siquiera al equivalente a la totalidad de los hogares en pobreza, sin haber podido cubrir en la práctica a los hogares en vulnerabilidad.
 

Además: Reducir de 3 a 2 comidas diarias en los hogares, un problema antiguo en Colombia.


Razones suficientes por las cuales habría de reformularse el monto y la cobertura de las transferencias monetarias gubernamentales para hogares o personas en pobreza y vulnerabilidad en el país con el propósito de aliviar su situación crítica de ingresos y garantizar su derecho a un mínimo vital para una gran mayoría de la población colombiana, sin perder de vista la situación especial de colectivos como las mujeres, los jóvenes menores de 25 años, así como los trabajadores por cuenta propia.


Una medida de política social idónea para ese propósito sería la de implantar una renta básica de transición —sustituta o complementaria a los programas de transferencias existentes— para los hogares de los “centros poblados y rural disperso” (59 % de las familias con un nivel de gasto inferior a la línea de pobreza) como de las cabeceras (21 % de los hogares).

 


1 Paridad del poder adquisitivo: la suma final de cantidades de bienes y servicios.

2 Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2020a). “Elementos técnicos para un necesario debate sobre mediciones de concentración de ingresos en Colombia”. Septiembre 21; y Garay, L. J. y Espitia, J. E. (2020b). “La concentración y composición de ingresos de las personas naturales en Colombia”. Octubre 5.

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