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“Muerte de civiles en acciones contra grupos criminales no son efectos colaterales”

Según los datos del Observatorio de Conflictividades de Indepaz, desde 2020 hasta el 18 de abril del presente año se han cometido 220 masacres en Colombia. Un registro dramático, si se tiene en cuenta que además de las masacres, también se han incrementado otros hechos de violencia sumamente graves.

Por ejemplo, en Tame (Arauca), donde recientemente asesinaron a dos niños y dos adultos, la versión de las comunidades indica que los hechos sucedieron porque no se atendió la orden de un grupo armado sobre horarios de confinamiento, de restricciones en la movilidad.

También en Balboa (Cauca), donde otras cuatro personas fueron asesinadas por grupos disidentes que se disputan el control del territorio.

“Algunos testimonios señalan que las personas asesinadas estaban inermes, pueden incluso ser combatientes, pero está claro que este tipo de hechos no son legítimos”, señaló el director González.

En relación con el asesinato de 11 personas en Puerto Leguízamo, las informaciones coindicen en señalar que a partir de un trabajo inteligencia –en el que se detectaron movimientos de integrantes de un grupo armado ilegal– las Fuerzas Militares emprendieron una operación de aniquilamiento en la que dispararon contra personas en estado de indefensión, no hubo combate. Se trata de acciones distintas, pero graves ¿por qué?

El director de Indepaz considera que “el Acuerdo Final de Paz es la estrategia más elaborada para la transición del conflicto armado al posacuerdo; para eso fue diseñado, y las dinámicas de violencia actuales exigen una implementación urgente e integral. Por el contrario, se le dejó la cancha abierta a la recomposición de grupos armados ilegales y residuales; además, Cauca es el ejemplo de las consecuencias de la falta de implementación del Acuerdo, no se aplicó nada en temas de acceso a la tierra”.

Por su parte, la politóloga Ángela Olaya, de la Universidad de los Andes, mencionó que “la política de seguridad del actual Gobierno ha estado relacionada con la lucha contra el narcotráfico, lo cual implica que la seguridad no se refiere solo a la protección de la población civil.

Con respecto a las masacres y la escasa seguridad en el país, otro elemento importante para la investigadora y cofundadora de la Fundación Conflict Responses, es que el Gobierno no ha sabido leer de manera pública acertada los distintos conflictos que se están dando.

Según la experta, tal generalización lleva a pensar que todos los conflictos son iguales, y que por lo tanto para solucionarlos se debe aplicar la misma estrategia.

El tercer invitado a Análisis UNAL fue el militar retirado John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas (ACORE), quien afirmó que en el país hace falta más apoyo ciudadano a las Fuerzas Armadas localizadas en las áreas de conflicto, y también por parte de los estamentos gubernamentales.

Los expertos González y Olaya señalaron que en el territorio las comunidades muestran mucha preocupación por el actuar de la Fuerza Pública, porque hace falta promover la llegada a los territorios de otras instituciones del Estado, como por ejemplo la Fiscalía y otras autoridades civiles que permitan generar legitimidad. “La presencia debe ser integral”, concluyeron.

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