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Los retos económicos de la pospandemia

Pero también en la estructura de protección social que haya construido la misma sociedad frente a este y los demás riesgos biológicos o sociales. Para esto es importante revisar la direccionalidad de dicho cambio desde un par de las oposiciones tradicionales:
 

Estado – Mercado


Ha quedado al descubierto, la insustancialidad de los poderes económicos y sus castillos de papel frente a una crisis como la actual, al mismo tiempo que el Estado se revela como la organización esencial de la sociedad. Nadie grita ya que el Estado, su burocracia y sus regulaciones son poco convenientes para el desarrollo de los pueblos y las naciones, como se ha venido haciendo en los últimos 30 años de la historia.
 

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La privatización de las instituciones de protección social trajo como consecuencia una gran discriminación de los ciudadanos según pertenencia a clase o grupo social y por tanto, mayor desigualdad.
 

Para instalar las organizaciones privadas o negocios de la salud fue necesario primero destruir los sistemas de salud de los países y fragmentar a conveniencia la organización, las funciones y las responsabilidades, en feudos que se limitaron a defender sus intereses, construyendo un sistema intensivo e inestable en normas, contratos, facturaciones, glosas y pagos, que acabó generando enormes costos de transacción, además de francos comportamientos rentistas, y por tanto mayor corrupción e ineficiencia.
 

Los sistemas de salud resultantes -considerados como estratificados- con grandes diferencias en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos, en función de la capacidad de pago de los diversos grupos sociales, han mostrado su aversión a la población pobre y marginada, social o geográficamente, que acabó desprovista de una mínima infraestructura de servicios, mientras desarrollan, para los grupos de mayor poder adquisitivo, modernas clínicas en las zonas urbanas donde residen, instituciones que excluyen a la mayoría de la población.
 

Por otra parte, los sistemas fragmentados han demostrado su incapacidad para construir la necesaria respuesta unificada de la sociedad ante la pandemia del COVID-19, pues excluyen a grupos poblacionales, al tiempo que sus sistemas de facturación y venta de servicios -que dan crédito obligado a los aseguradores- impiden el flujo oportuno de recursos a los hospitales para enfrentar una crisis.
 

Dichos sistemas resultan inoperantes en el campo de la salud pública y en el manejo epidemiológico de los grupos de riesgo: la privatización en salud, en síntesis, por haber demostrado ser un obstáculo para la respuesta efectiva dirigida a la preservación de la salud y la vida de la mayor parte de los ciudadanos, será fuertemente cuestionada social y políticamente en todas las naciones, las que en mayor o menor grado retornarán hacia sistemas más unificados y controlados por el Estado.
 

En los fondos privados de pensiones, los trabajadores -en función de la crisis económica global- verán disminuidas sus cuentas para enfrentar la vejez: si ya los sistemas de ahorro individual habían demostrado la incapacidad de garantizar pensiones dignas, después de esta crisis, ofrecerán aún menos retorno de la inversión. Quedarán en evidencia y resultarán seriamente cuestionados, por limitarse a arriesgar los ahorros de los trabajadores, o utilizarlos para sus propios negocios, sin arriesgar ni un centavo propio y además cobrar por ello exageradas rentas de administración.
 

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La flexibilización laboral, junto con la privatización de la seguridad social, conduce a que quienes tienen la posibilidad de hacer cotizaciones –porque tienen un estatuto laboral pleno– deben comprar su seguridad social en el mercado, mientras que quienes no lo pueden hacer reciben la gratuidad del Estado.
 

El Sistema de Asistencia Social fue construido sobre la identificación de personas que viven en pobreza extrema, que justifican apoyos monetarios, frente a las que no lo justifican (pobres no extremos). La gratuidad del bien social nace a partir del reconocimiento del fracaso social, fenómeno que se ha denominado como “ciudadanía invertida”. La Protección Social acaba presentándose como una dádiva o generosidad del Estado hacia los más pobres, quienes, por su parte, tienen que declararse como tales para tener derechos en el campo de lo social.
 

El estigma social hace parte de las políticas basadas en la focalización, modelo que aparenta ser modernista y tecnocrático, cuando en realidad pertenece a la antiquísima categoría de los “derechos de pobres”, en la medida que no son derechos establecidos para todos los ciudadanos –como lo sería el ingreso mínimo de ciudadanía o salario mínimo legal vigente–, sino sólo para los marginados de todos los beneficios sociales; hecho que reafirma la existencia de derechos diferentes para grupos diferentes, en un contexto de grandes desigualdades sociales.
 

La pandemia y la crisis económica generada por esta, pondrán en evidencia la limitación, la insuficiencia y el enfoque clasista de esta aproximación a la pobreza estructural.


Como dijera ya hace muchos años sabiamente Karl Polanyi, el problema no es el mercado, pues el mercado es una función esencial de la sociedad. El problema son las tesis en boga sobre las supuestas ventajas para la sociedad de dejar operar libremente al mercado bajo el supuesto de que la mano invisible garantizará una asignación y distribución eficientes; el problema es que se invierte el orden social, cuando el mercado deja de servir a la sociedad y la sociedad comienza a supeditarse al mercado.
 

En adelante, será necesario recuperar la democracia real frente a la democracia de mercado, la justicia social frente a la justicia de mercado. Democratizar implicará “crear instituciones con las cuales sea posible volver a poner los mercados bajo control social: mercados de trabajo que dejen espacio para la vida social, mercados de bienes que no destruyan la naturaleza”, como señala Wolfang Streeck.
 

Centralismo- Descentralización


La epidemia ha desnudado también al Estado central, ha evidenciado su absoluta inoperancia en la ejecución de las políticas dirigidas a la mayoría de la población, debilidad que contrasta con su fortaleza y destacada capacidad para regular en favor de los grandes poderes económicos y políticos. Por el contrario, la crisis muestra con claridad que sólo las autoridades locales tienen la capacidad de ver y actuar efectivamente frente a las necesidades urgentes de sus pueblos, especialmente frente a la tragedia de los marginados.
 

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La descentralización ha sido limitada a su mínima expresión en Colombia, al menos en lo relativo a la autonomía en la administración y distribución de rentas. El establecimiento y el centralismo del Estado justifican apoderarse de todo, supuestamente por causa de la reiterada corrupción en los territorios. Sin embargo el problema de la corrupción no reside en la descentralización, sino en el régimen político.
 

Las entidades públicas están privatizadas por cuotas y responden a intereses particulares de las empresas políticas en cabeza del respectivo congresista o diputado, que aprueban las leyes y regulaciones presentadas por el Ejecutivo a cambio del control de entidades, cargos y contratos que le son indispensables para reproducir la empresa política y reelegirse. Es, por tanto, el régimen político el que condiciona la corrupción en las entidades públicas en diverso grado, entidades que dejan de ser públicas, en esencia, cuando responden solo en segunda o tercera instancia al interés público, después de satisfacer el interés de las empresas políticas, muchas veces compradas por los poderes económicos.

Por otra parte, será preciso estar atentos para impedir que el despertar del descontento social y la protesta popular, consecuencia de la crisis y la enorme desigualdad, como en los años treinta, caiga de nuevo en manos de populismos, en manos de líderes mesiánicos, financiados y vendidos por los medios y la publicidad del gran capital, como cualquier jabón de lavar, para defender su poder y sus múltiples intereses.
 

Construir democracia en la pospandemia significa, evitar a toda costa la concentración del poder y los tributos en un Estado central, poder y recursos que deben repartirse en múltiples organizaciones geográficas, en múltiples organismos colegiados e instituciones con poder de decisión, apoyados en una meritocracia de servidores públicos no comprables, que tengan como fin la construcción de instituciones cimentadas en la equidad y la solidaridad.

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