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Los efectos de la mercantilización de la salud en Colombia

Como nunca, estos días de crisis han evidenciado los efectos de las reformas que se han implementado desde la década de los ochenta en el mundo, pero especialmente en la región latinoamericana.
 

Los países de América Latina -a excepción de Cuba- reformaron sus sistemas de salud bajo la lógica del mercado; en unos casos los cambios fueron más profundos como en Chile y Colombia pero todos sin excepción incorporaron criterios de eficiencia y rentabilidad empresarial en su funcionamiento.
 

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Durante más de dos décadas, gobiernos de la región como Brasil, Argentina, Chile y Colombia le apostaron a fortalecer los servicios privados de salud bajo el postulado de un manejo más transparente de los recursos, mejores servicios, y la posibilidad de tener mayor competencia y libertad de elegir. Desde entonces, los sistemas de salud adoptaron la premisa de que  el mercado resuelve todos los problemas y es la solución más eficiente.
 

Por años, movimientos sociales, partidos políticos y hasta premios nobeles de Economía como Joseph Stigliz, mostraron los problemas del modelo económico, pero es el coronavirus el que está develando -sin matices- los efectos de la desfinanciación de los Sistemas de Salud Pública y las consecuencias de las inequidades persistentes que aún en el siglo XXI dan cuenta de miles de ciudadanos sin acceso a derechos básicos como el agua, la alimentación y el acceso a los servicios de salud.

En el caso colombiano, esta pandemia arriba cuando el sistema de salud es notablemente frágil y con múltiples problemas desde hace varios años, pese a las modificaciones hechas a la Ley 100 de 1993, a través de la Ley 715 en 2001 y la Ley 1751 en 2015; esta última en particular, estableció los principios legales que obligan al Estado a garantizar y reconocer el derecho a la salud. Sin embargo, este sigue siendo más un deseo que una realidad, todavía lejos de cumplirse. Las diferencias entre el régimen contributivo (privado) y el subsidiado (público) persisten, así como las barreras para una atención oportuna y de calidad.


Durante los años que ha permanecido el modelo de mercado en la salud se han cerrado hospitales públicos, muchos de los cuales no pudieron seguir funcionando por falta de recursos2, mientras que la red privada ha seguido en constante expansión. A esto se suman las múltiples denuncias por hechos de corrupción y apropiación de recursos del sector que han derivado en la falta de camas hospitalarias, de insumos médicos, así como la sistemática pauperización de las condiciones laborales del personal de salud.
 

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En medio de este escenario sanitario, la Federación Médica Colombiana (FMC) informó al gobierno que durante esta crisis se han presentado despidos y amenazas por parte de las Empresas Administradoras de Salud (EPS), por denunciar los contratos lesivos y los problemas en los protocolos para detectar y diagnosticar el COVID-19 en el país3. Así mismo, los profesionales de la salud se han pronunciado contra las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) por la carencia de elementos de protección para los trabajadores de sector que ya han empezado a padecer contagios.
 

Estos son solo algunos de los elementos que han salido a la luz  en esta pandemia, lo cual abre muchos interrogantes, pero, sobre todo, genera un ambiente de total incertidumbre ante los retos que se avecinan. Según el registro de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), para 2018, en Colombia solo se disponía de 1.7 camas por cada mil habitantes cuando lo recomendado es 2.6, lo que muestra que la cifra nacional está muy por debajo de otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Brasil y Argentina.
 

Para el mismo año, el país contaba con 84.556 camas hospitalarias, de las cuales aproximadamente 5.700 estarían en cuidados intensivos, todas concentradas en las principales ciudades. No obstante, Bogotá, una de las ciudades con mayor número de infectados hasta ahora, cuenta únicamente con 1.000 camas de cuidados intensivos con respiradores. Solo basta pensar en las cifras de algunos países europeos y de Estados Unidos, para imaginarnos lo que el virus podrá hacer en contextos de tanta desigualdad y con sistemas de salud débiles y desestructurados, como el colombiano.
 

Lo más cercano, hasta ahora, a ese posible escenario es lo que se vive en el Ecuador, pero sin llegar aún a un número de contagiados tan escandaloso como el observado en otras latitudes.

Los servicios de salud


En Colombia se detectó el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo y tanto el Gobierno nacional como los gobiernos locales lograron coordinarse para decretar las medidas de confinamiento que ya se extendieron hasta el 28 de abril. Y aunque los servicios de salud del país todavía no han colapsado, las cifras siguen aumentando, augurando un panorama poco alentador en el futuro inmediato.
 

Según el Instituto Nacional de Salud, para el 11 de abril había en Colombia 2.776 casos confirmado y 100 muertes por este padecimiento, en solo dos días se registraron 300 casos nuevos. Pero las cifras sobre el número de contagios y fallecimientos por este virus podrían quedarse cortas debido a que el número de pruebas realizadas es muy bajo con respecto a otros países y según el Gobierno se han realizado aproximadamente 41.000 pruebas.
 

Todo esto lleva a ampliar la reflexión más allá del espectro epidemiológico, para incorporar otros de análisis que muestren con mayor contundencia las dificultades que enfrenta el país para hacer frente a este titánico desafío. A todo lo dicho sobre las carencias del sistema de salud, se suman otros aspectos como los efectos del confinamiento en un país en el que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para 2018 la informalidad económica alcanzaba el 62%, lo que se traduce en “se trabaja o no se come”.


Esto no significa que no se reconozca la importancia de implementar medidas sanitarias como el distanciamiento social, quedarse en casa y lavarse las manos continuamente, pero también es necesario señalar que el confinamiento no es sostenible en el mediano plazo porque quedarse en casa es algo que no todos se pueden permitir.
 

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Conforme pasa el tiempo, se siguen conociendo casos de personas que no cuentan con agua potable o carecen de este servicio básico por la falta de pago -aproximadamente un millón de personas, según datos reportados por el mismo Gobierno-. También ha aparecido la peor cara de la pobreza en los desalojos de inquilinatos con hacinamiento, especialmente de población migrante e indígena en Bogotá y otras ciudades del país.
 

En este sentido, esta emergencia también requiere respuestas políticas: no se puede contener el contagio sin estructuras mínimas de bienestar y sistemas de protección social que permitan que la población más vulnerable pueda quedarse en casa sin hambre.
 

Mientras pasa esta crisis, se hace más evidente que el Sistema de Salud colombiano es débil, fragmentado e inequitativo. Cuando pase la emergencia se debe recordar que la salud tiene que ser un derecho efectivo y que los sistemas de salud no funcionan mejor bajo las reglas del mercado.
 

Cuando se trata de la vida, siempre será necesario un Estado capaz de coordinar y aglutinar esfuerzos y garantizar que todos los ciudadanos accedan a la atención en igualdad de condiciones, sin importar su condición laboral o económica. Los bienes públicos, pero especialmente la salud, no pueden responder a la lógica exclusiva de la rentabilidad financiera.
 

Si algo ha mostrado de manera contundente este momento histórico es que, aunque las naciones necesitan que sus economías se desarrollen, no se puede perder de vista que es igualmente indispensable contar con seres humanos saludables y protegidos no solo de los riesgos biológicos sino también de los riesgos sociales. Es posible que la forma en que se concibe el mundo cambie por completo a partir del COVID-19 y también que nunca más, las mismas personas vivan otra pandemia. Es necesario que se logren capitalizar los aprendizajes de esta crisis para redireccionar las políticas públicas sobre la base de los derechos humanos y a favor de los más vulnerables y desprotegidos.

 


1 “Seguir siendo humano, albergando ilusión en el alma, deseos frenéticos en el corazón, en medio de esta pesadilla, eso le pido yo a los dioses”, esta frase del escritor español Manuel Vilas fue citada en un el periódico el País de España el pasado 5 de abril, en una columna sobre “la muerte sin rostro”.

2 Según datos del Ministerio de Salud, en Colombia existen 1800 hospitales y clínicas. De estos, para 2018 el 22% de los hospitales públicos dedicados a la atención de la población en mayor vulnerabilidad estaban en alto riesgo fiscal y financiero.

3 En Revista Semana del 4/08/2020. “En medio del Covid 19 médicos denuncian despidos y amenazas”. Disponible en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/medicos-colombianos-despedidos-por-denunciar-inconsistencia-en-atencion-a-covid-19-dicen-que-los-tratan-de-terroristas/662250

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