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Los decretos de la emergencia para mitigar el COVID-19

Uno de ellos es el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, mediante el cual el Gobierno nacional hace uso en calidad de “préstamo” de recursos que le pertenecen a las Entidades Territoriales, y llama la atención de la instauración de un sistema de corresponsabilidad a la inversa (Robin Hood a la inversa), en el sentido de que las entidades con menor capacidad fiscal para generar recursos propios y con acuciantes necesidades de gasto público le prestan forzosamente al Gobierno Central Nacional, la entidad con mayor capacidad financiera y fiscal para generar recursos por medio de la tributación, entre otros, reiterándose una vez más la fuerte tendencia centralista que ha regido a la Hacienda Pública en Colombia.
 

En dicho documento se especifica que entre las fuentes de financiamiento se encuentran los recursos “a cargo de la Nación y de las Entidades Territoriales, tales como el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías y el Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales (Fonpet), a título de préstamo o cualquier otro que se requiera”.

Con base en el Decreto 417 de emergencia, el Gobierno busca privatizar sus acciones en las entidades financieras en las que participa aduciendo la optimización de este capital. Cabe recordar que con la promulgación del Decreto 2111 de 2019 la actual Administración creó la Holding Financiera Estatal que lleva por nombre “Grupo Bicentenario”, en la cual se concentran 18 entidades que desarrollan actividades conexas al servicio financiero público con participación directa e indirecta la nación, y cuyo valor patrimonial a diciembre de 2018 ascendía a 15,8 billones de pesos, de los cuales la participación del Estado es del 94,3 %.
 

Puedes escuchar: Aportes de la Universidad Nacional de Colombia para enfrentar el coronavirus.
 

Observando las fuentes de financiamiento para hacerle frente a la actual crisis, llama la atención que para la provisión de bienes y servicios básicos y para atender la salud pública de todos los ciudadanos no se recurra a impuestos directos nacionales y otras medidas, sino a la privatización de activos y al crédito, suponiendo que no se cambian las reglas del juego estipuladas en el Decreto 444, en el cual se establecieron los mecanismos de repago de esta deuda con el fin de garantizar que las entidades territoriales tengan acceso a estos en el momento estipulado por ley.
 

Las medidas de confinamiento para hacerle frente al COVID-19 tienen consecuencias económicas y sociales especialmente sobre la población más vulnerable (cuadro 1).
 

Cuadro 1. Número de personas ocupadas por actividad noviembre 2019-enero 2020

Fuente: DANE. Consulta: 24 de marzo de 2020.
 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 59 % de la población empleada se concentra en actividades que se verán fuertemente afectadas por las medidas: comercio con el 19,1 % de los ocupados; industrias manufactureras 11,3 %, agricultura, ganadería y pesca 15,7 %, administración pública 10,4 %, alojamiento y servicios de comida 8,1 %, construcción 7,1 %, transporte y almacenamiento 7 %; actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras, 9 %.

 

Además, solo un 39,5 % de la población empleada labora formalmente como obrero o empleado de empresas privadas o del Gobierno (3,6 %), los cuales –según la duración y profundidad de la pandemia– podrían no ver impactados sus ingresos mensuales de manera considerable en el corto plazo, mientras que más de la mitad de los ocupados, que son clasificables como informales –el 42,8 % son trabajadores por cuenta propia, por ejemplo–sí los va a ver sustancialmente recortados en el muy corto plazo (cuadro 2).


Puedes leer: “No se puede despedir a un empleado en virtud del COVID-19”.
 

A lo que hay que agregar que casi la mitad del trabajo informal en el país es considerada como de subsistencia mínima, con baja productividad y condiciones laborales y sociales precarias, y sin contar con margen de maniobra para enfrentar una reducción de sus ya de por sí precarios ingresos diarios, que no sea a costa de su integridad física y de sus muy frágiles condiciones de salubridad (Garay, 2007)1.
 

Cuadro 2. Tipo de ocupación noviembre 2019-enero 2020

Fuente: DANE. Consulta: 24 de marzo de 2020.
 

Estas estadísticas básicas sobre el tipo de ocupación llevan a observar que las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno favorecen tanto a las grandes y medianas empresas como a las instituciones financieras, sin que vayan a impactar los ingresos generados en las más importantes fuentes de ocupación en el país –el trabajo informal– , ni en consecuencia a la población más vulnerable.
 

Lo anterior lleva a preguntarse: ¿cuáles son los mecanismos de transmisión mediante los cuales se va a irrigar la liquidez que la población ocupada informalmente necesita para asegurar niveles de ingreso que permitan atender sus necesidades básicas?
 

Sobre los micronegocios, refiere el DANE, se destaca que “la mayor fuente de financiación de los dueños o propietarios de los micronegocios que crearon o constituyeron el negocio, fueron los ahorros personales con el 61,2 %, no requirió financiación el 14,3 %, 10,1 % por préstamos familiares y el 9,4 % préstamos bancarios”.
 

De esta manera, ¿las medidas establecidas en el marco del Decreto 417 van orientadas especialmente a este 9,4 % que requirió de préstamos bancarios, o a las medianas y grandes empresas o las personas naturales ricas y superricas que tienen créditos con el sistema financiero?
 

El objetivo más importante expresado por el Gobierno nacional es el de “minimizar el impacto económico”, buscando mantener el canal financiero y las relaciones crediticias libres de dificultades, de tal manera que las empresas y las familias “puedan cumplir sus obligaciones”. Subsidiariamente pretende “habilitar canales de transferencias monetarias para la población no asalariada y vulnerable” que no se encuentra en los programas de “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” y “Adulto Mayor”, los cuales van a recibir un giro adicional.
 

En este plano también se va a acelerar la devolución del IVA para abril, en vez de 2021, como fuera aprobado en la última reforma tributaria.


Puedes ver: Medidas económicas por COVID-19, ¿funcionan?.
 

El Decreto 419 del 18 de marzo de 2020 –que reglamenta esta línea de política– es claro en señalar que la focalización se realizará con base en la selección de la entidad territorial y la caracterización de los hogares beneficiarios. Sin embargo, llama la atención que el primer criterio sea el de la entidad territorial y no el de “población vulnerable”.
 

Así pues, no resulta difícil señalar que las medidas de emergencia parecieran estar más orientadas a las personas y empresas con obligaciones financieras que a la población más vulnerable desde el punto de vista de su precario y extremadamente frágil flujo de ingresos, pues además el Estado no los ha identificado debidamente en su totalidad ni cuenta todavía con mecanismos mediante los cuales pueda acceder a ellos.


Para consultar:

Estos son todos los decretos que se han publicado durante el mes de marzo y que incluyen los de emergencia por la pandemia.

 


1 Garay, L. J. (2007). Una aproximación analítica a la economía informal en la globalización. Evidencia empírica a propósito del caso de Bogotá y Colombia. En: Garay, L. J. y Rodríguez, A. Colombia: Diálogo pendiente. Vol. II. Políticas de empleo, salarios y vivienda. Bogotá: Planeta Paz.

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