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¿Ley de “borrón y cuenta nueva” para los morosos ayudaría a recuperar la economía?

Uno de los pilares sobre los cuales descansa la economía de mercado es la confianza que debe existir entre quienes realizan transacciones, al punto que se considera una forma de capital: el capital social. Se trata de que las partes que intervienen tengan seguridad en el cumplimiento de los compromisos, es decir que quien vende recibirá un dinero y quien compra recibirá una mercancía, o quien concede un crédito obtendrá su cancelación en el plazo estipulado.
 

Como no siempre es posible verificar el grado de confianza que una de las partes merece, se han desarrollado instituciones que actúan como vigilantes del cumplimiento de los compromisos que adquiere un cliente, a partir del registro de su experiencia crediticia. Las centrales de riesgo se han constituido como agencias privadas que recogen información sobre el historial crediticio de las personas y empresas, de manera que, según criterios de puntualidad en el pago, incumplimiento y duración en condición de morosidad, califican como “riesgosos” a los agentes incumplidos.
 

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Desde el punto de vista de los deudores debe existir la garantía de que la información recogida por las centrales de riesgo sea verídica, pero además la condición de que cuando se pongan al día con sus pagos sean retirado de las listas negras. Esto es lo que se conoce como habeas data, o el derecho que tiene toda persona a que se proteja la información referida a ella, en este caso la relacionada con su situación financiera. Por lo tanto, existe un límite en el tiempo relacionado con la figuración en listas de mora dado el cumplimiento de las obligaciones de pago.
 

En Colombia las centrales de riesgo se establecieron hace 60 años y aún existen tres grandes: Transunión, Datacrédito y Procrédito.
 

¿En qué consiste la Ley?


El proyecto aprobado establece una amnistía a los deudores morosos que se pongan al día, es decir que serán borrados de las listas negras para que puedan tener acceso inmediato a nuevos créditos. La amnistía tendrá validez de un año y también beneficiará a quienes ya habían pagado sus deudas antes de la expedición de la ley. Esto, teniendo en consideración el momento de cuarentena para enfrentar la COVID-19 y la dificultad para obtener ingresos, por lo cual muchos ciudadanos han visto afectados sus ingresos y por lo tanto su capacidad de pago.
 

Las centrales de riesgo tendrán hasta seis meses para eliminar el reporte negativo de los morosos puestos al día.


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La ley también contempla que son sujetos de amnistía las familias con estudiantes que tengan créditos educativos en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y que se pongan al día con sus obligaciones; los pequeños campesinos que tengan reporte negativo y paguen su obligación, al igual que las víctimas del conflicto que se encuentren en mora y cancelen su deuda. Así mismo no habrá reporte de las centrales de riesgo durante la emergencia sanitaria, e incluso seis meses después de declarada su terminación.

Esta ley viene a reemplazar la ley de habeas data de 2008, pues amplía sus beneficios a quienes cumplan con sus compromisos de deuda, pero conserva el plazo de mantener hasta por cuatro años el registro de la experiencia negativa del moroso.
 

Expectativas sobre la Ley en la actual coyuntura


Aunque el proyecto de ley se presentó en 2019, en el momento en que cumple su trámite por el Congreso sus promotores esperan que tenga efectos importantes para la situación por la que atraviesa la economía, en plena recesión por efectos del confinamiento general en que entró el país desde marzo.
 

Se calcula que 7 u 8 millones de personas que figuran en las listas podrían acceder a nuevos créditos.


Según información de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las deudas de personas y empresas con las entidades bancarias ascendieron en el último trimestre de 2019 a 501 billones de pesos, y el porcentaje en mora ascendía a un 4,2 %, equivalente a 21 billones de pesos. Las empresas son responsables de la mitad de esos saldos, y tanto las tarjetas de crédito como los créditos de consumo ascienden a 7,4 billones de pesos. Con el paro de la actividad económica, la SFC estima que la mora mayor a 90 días podría escalar hasta un monto de 60 billones de pesos.
 

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Las expectativas positivas se basan en que, si muchos colombianos logran acceder a nuevos créditos gracias a la ley de “borrón y cuenta nueva”, esta podría llegar a constituirse en un reforzamiento de la demanda efectiva, de manera que ayude a la recuperación de la economía.
 

No obstante, se debe tener en cuenta que muchos de los hogares colombianos no tienen acceso real al crédito, no porque estén reportados en estas listas negras de las certificadoras sino porque sus niveles de ingreso y de patrimonio no constituyen garantía para el otorgamiento de créditos en el sistema financiero.
 

La realidad es que muchos colombianos se encontrarían en una situación sin salida, en la medida en que necesitarían endeudarse para retornar a sus actividades, pero al estar reportados por las centrales de riesgo deberían cancelar sus deudas pendientes. Para poder hacerlo tendrían que acceder a nuevo crédito y de esta manera estarían en un cuello de botella en donde tampoco se pueden endeudar, de tal manera que el efecto de la ley finalmente se debilita ante la realidad que enfrenta el país por la situación de parálisis económica.

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