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Las controversias judiciales como expresión de la geopolítica del Caribe

Durante varias décadas reservada a las academias militares, la geopolítica ha evolucionado hasta adquirir cartas de nobleza en medios gubernamentales y universitarios como método idóneo para interpretar los conflictos internacionales clásicos –que van desde las luchas por la consolidación del poderío de las naciones hasta el control de recursos naturales y financieros– y para entender los conflictos de hoy, redimensionados por las religiones, los conflictos étnicos, el medioambiente, el cambio climático, el terrorismo y los ciberataques. En tiempos de la globalización, los Estados tienen que adaptar sus políticas internas a lo que ocurre al exterior de sus fronteras.
 

Controversias en el Caribe


La geopolítica de los mares se organiza alrededor de la distribución de los espacios marítimos, el control de pasos estratégicos, la lucha por el control de recursos naturales y la consolidación del poderío de los Estados, en especial, a través de sus flotas navales.


La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), no ratificada por Colombia, pero ampliamente reconocida, constituye un referente jurídico al establecer las zonas que se cuentan a partir de la línea costera, atribuidas al ejercicio de ciertos derechos por parte de los Estados: mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, más allá de las cuales está el alta mar.


A los usos tradicionales de los recursos marinos, como la explotación de hidrocarburos y el crecimiento de los intercambios comerciales, han venido a agregarse –con el desarrollo de nuevas tecnologías– la utilización extendida del contenedor, la perforación a profundidad, los recursos culturales y la explotación de nódulos polimetálicos en un futuro próximo.


El Caribe es la región que acumula un mayor número de controversias ante la CIJ, indicativo de la importancia geopolítica de esa parte del mundo.


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En los años 80 Nicaragua demandó a Estados Unidos en un sonado caso; antes Honduras había demandado a Nicaragua por la interpretación de una sentencia arbitral rendida por el rey de España en 1906.
 

En tiempos más recientes, Nicaragua demandó a Honduras dos veces por un diferendo territorial y marítimo en el Caribe y por acciones armadas en la frontera, y también ha demandado a Costa Rica en dos ocasiones por acciones armadas transfronterizas y por la construcción de una ruta a lo largo del río San Juan.


Costa Rica hizo lo mismo con Nicaragua en cuatro oportunidades por derechos de navegación, actividades en región fronteriza, delimitación marítima en el Caribe y en el Pacífico y por frontera en la isla de Portillos.


Pero Nicaragua ha sido interviniente en dos litigios entre El Salvador y Honduras. Guatemala ha demandado a Belice por una reivindicación territorial, insular y marítima.


Nicaragua ha demandado a Colombia tres veces. La primera, por un diferendo territorial y marítimo, caso en el cual se produjo la sentencia de noviembre de 2012. La segunda, utilizando un mecanismo equivocado, por unas alegadas violaciones de derechos soberanos en espacios marítimos en el Caribe, cuyas audiencias serán tramitadas este mes de septiembre y a principios de octubre. La tercera demanda está relacionada con la pretensión de Nicaragua a una plataforma continental extendida.

En total, son 16 casos. La evolución histórica de las controversias ante la Corte permite sacar tres conclusiones:

  1. Todas las controversias tienen como objetivo el mar o alguna relación directa o indirecta con él, expresión de las dinámicas que buscan reconfigurar los espacios marítimos en el Caribe de cara al siglo XXI.
  2. El activismo judicial y diplomático de Nicaragua –que aparece implicado en todos los procesos, con excepción del caso de Guatemala contra Belice– denota un proyecto geopolítico consistente en entablar y propiciar litigios con todos sus vecinos con la clara finalidad de ampliar sus espacios marítimos, para lo cual se desarrolla una habilidosa actividad litigiosa, se instrumentaliza a la CIJ y se agitó por varios años la bandera de un improbable canal interoceánico por Nicaragua.
  3. Aunque se debe admitir que los Estados disponen de cierta discrecionalidad para entablar procesos ante la Corte, visto el problema con realismo, la geopolítica para los Estados consiste en la posibilidad de imponer, pero también en no aceptar que le impongan –para el caso de Colombia– unas controversias judiciales de resultados muy inciertos en las que tiene mucho por perder y poco o nada por ganar.
     

Plataforma continental extendida


En el fallo de 2012, la Corte solo acordó mar territorial a ciertas estructuras emergidas, sobre la base de algunos artículos de la CNUDM, que disponen que una isla se debe prestar a la habitación humana o a una actividad económica propia. Sin embargo, en el caso del mar de la China meridional, promovido por Filipinas contra China, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya hizo en julio de 2016 una interpretación extensiva del criterio de isla, lo cual permite concluir sobre las incertidumbres y vacíos aún existentes en el derecho internacional del mar.
 

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El Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Popular de China declaró solemnemente que esa sentencia es nula y sin efectos, que carece de fuerza obligatoria y que China no la acepta ni la reconoce. El Estado chino se ocupó muy bien en sustentar que su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos en el mar de la China meridional no son, en ningún caso, afectados por la sentencia de ese tribunal.
 

La pretensión de Nicaragua por una plataforma continental extendida contra la zona económica exclusiva de Colombia mantiene similitud con las pretensiones de China y Corea, también sobre una plataforma continental extendida sobre el archipiélago japonés de Ryūkyū. La CNUDM no dice nada al respecto, lo cual deja espacio a las incertidumbres.
 

De prosperar las pretensiones de Nicaragua, un arco marítimo se extendería a su favor a lo ancho del Caribe, afectando intereses de otros países y rompiendo los frágiles equilibrios geopolíticos en la región de cara al tercer milenio, del cual se ha dicho será marítimo.
 

En conclusión, el desarrollo de una visión geopolítica, desde el Estado, es necesaria para comprender el complejo entramado de todas las controversias judiciales y su potencial para operar, no solo desde el derecho internacional sino también desde la geopolítica, una eventual reconfiguración de los espacios marítimos del Caribe, en detrimento de los espacios marítimos de Colombia. Una visión geopolítica pudo haber ayudado a ser más estratégicos en la forma de anticipar y enfrentar el fallo de 2012, para quitar piso a las pendencias de Nicaragua. Además, podrá contribuir a las estrategias para enfrentar lo que viene con el proceso sobre una pretendida plataforma extendida.
 

La visión geopolítica también sirve para construir proyectos de envergadura que le den cohesión a la nación más allá de las diferencias en la política doméstica, como la construcción de un canal por Colombia que permita conectar al océano Atlántico con el océano Pacífico. De todas formas, será necesario.

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