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“Las cenicientas” del Presupuesto Nacional 2022 y la desconfianza frente al Gobierno

Más allá de que en el Presupuesto Nacional de 2022 se haya incluido la suspensión de la Ley de Garantías, preocupa el nivel de endeudamiento evidente del Gobierno, la crisis inminente de los fondos privados de pensiones y el poco rubro para cultura y ciencia y tecnología, sectores bandera de la “economía naranja” del presidente Iván Duque.

El profesor Jairo Bautista, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), explicó cuáles son los puntos clave de este presupuesto, qué quedó por fuera, y lo que representa que algunos sectores como la paz y el medioambiente queden relegados a ser “las cenicientas” de este.

Periódico UNAL (PU): ¿cuál es su análisis sobre el presupuesto aprobado para 2022 y cuáles son los sectores con mayor presupuesto?

Jairo Bautista (JB): una vez un analista dijo: “si usted quiere conocer o presentarle su país a un extranjero, muéstrele su presupuesto y allí dirá cómo es que ese país prioriza cosas”. El presupuesto para 2022 es de 350,4 billones de pesos; en el primer debate el Gobierno lo había presentado por 1,2 billones más, pero luego descubren que no tiene cómo financiarlo, pues habían presentado uno desequilibrado. Así, ajustaron el monto y quedó en 350,4 billones, unos 11 billones más que en 2021 con sus adiciones.

Al analizar la distribución vemos que no hay sorpresas, y ahí está lo malo, porque básicamente la asignación presupuestal ha seguido los patrones de lo que ha sido los gobiernos de los últimos 20 años, es decir, privilegiar gastos que son poco productivos para la sociedad colombiana, para el “ciudadano de a pie” y agudizar esa tensión. El primer rubro de gasto –algo que por lo general no dicen los análisis oficiales– es el servicio de la deuda, que se lleva 72 billones de pesos, 40 de los cuales son intereses y 32 son amortizaciones. Así el Gobierno paga una deuda que cada vez es más cara y cada año paga más intereses.

Si usted tiene una tarjeta de crédito en la que lo que aporta en abonos a capital es inferior a lo que paga de intereses, sabe que es una deuda costosísima. La deuda del país aumentó brutalmente entre 2020 y 2021 por el COVID-19, pero también como resultado de la desfinanciación a través de las reformas tributarias en 2018 y 2019. Estamos viendo que el efecto de reducir impuestos no era abstracto sino concreto: como no hay impuestos hay que endeudarse más.
 

Aunque el gasto en educación aumentó de manera importante, sigue siendo insuficiente. Pese a que desde 2015 ganó espacio como el primer renglón de gasto después de la deuda, sigue siendo insuficiente para las necesidades en el sector educativo en Colombia. Esto incluye la Matrícula Cero 2022 para 920.000 estudiantes de las universidades públicas del país, pero sigue habiendo un rezago en calidad, estructura y alimentación escolar, que no logra superar la crisis.

Puedes leer el análisis: Las garantías en el Estado constitucional de derecho.

PU: ¿qué quiere decir que el presupuesto para Defensa sea casi equiparable al de Salud y cercano al de Educación?

JB: otro sector que llama la atención es el de Defensa y Seguridad, con 41,8 billones de pesos. Uno nunca verá en el Congreso a personas de las Fuerzas Militares haciendo lobby para que les den más presupuesto, y eso lo dice todo. El gasto militar es uno de los frentes de gastos más altos, y su incremento más importante es el sistema de pensiones y salarios que tienen: el país les entrega un salario de retiro a perpetuidad altamente financiado por el Estado y en un Ejército cada vez más grande. Así, cuando llegan a la edad de retiro hay que pagarles un salario de retiro y también a quienes están en las fuerzas. Si este gasto sigue siendo más grande, ese sistema pensional se tornará inviable.

En 2021 el costo de las pensiones del estamento militar creció 1,3 billones de pesos, y frente a eso no parece haber una decisión, por lo cual una preocupación a futuro es cómo se va a enfrentar ese déficit pensional que se está adquiriendo con los hombres y mujeres de las fuerzas militares.
 

PU: en este presupuesto también se incluyó la suspensión de la Ley de Garantías electorales, ¿qué riesgos representa esto?

JB: no sé qué tan eficaz sea esta medida: lo que sí es claro es que el uribismo vino a cambiar las reglas de juego cuando le convenía. En 2016 cuando el presidente era Juan Manuel Santos y se propuso esto fue un escándalo, terrible pero ahora en 2021 les parece muy buena idea. Lo que pretenden es utilizar a determinados alcaldes y gobernadores en las regiones para reproducir el sistema clientelar en favor de esa vieja clase política tradicional que se reproduce a través del presupuesto público. Esta medida no fue impulsada por el Gobierno sino por el Partido Conservador y luego avalado por los partidos Cambio Radical y La U, y más adelante se sumó el Partido Liberal.

Insisto: mandan un pésimo mensaje al país de que van a utilizar el presupuesto público para presionar las elecciones legislativas y presidenciales. Esto es preocupante en una democracia tan frágil como la nuestra.

Uno tiene que pensar no en los presupuestos sino en los rangos de politiquería que se están moviendo detrás de este tipo de decisiones.

Te puede interesar: Reformas políticas buenas y malas en el país.

¿Podría pasar algo con este artículo ya aprobado sobre la Ley de Garantías y cuál sería el proceso a seguir? El docente explica:
 

“Es una extrema politiquerización del presupuesto”

Según el profesor Bautista, lo que está muy mal visto es que esta ley se apruebe cuando hay una contienda electoral: “lo pudo haber hecho el año pasado, lo que genera una gran desconfianza de los sectores de oposición política que ya vienen muy desconfiados; pero además la ciudadanía desconfía tanto del Gobierno como del Congreso. Ahora el tema es que se van a robar las elecciones y eso no le da estabilidad a un sistema político”.

PU: ¿qué quedó por fuera del presupuesto?

JB: por fuera quedaron temas polémicos como el traslado exprés entre los fondos privados y Colpensiones, lo cual da varias señales: la crisis de los fondos privados es inminente, pues la gente se está dando cuenta de que no se va a pensionar, o de que sus pensiones serán muy bajas.

Aprobar este traslado también implica cargar un montón de responsabilidades nuevas a Colpensiones, y por ende al Gobierno nacional, que luego tendrá que ver cómo resuelve el pasivo pensional con unas entidades financieras que durante años han administrado los recursos, han sacado su tajada y le devuelven al Gobierno el resto, es decir, el fondo de pensiones, y ellos se lucraron durante años de la administración de unos recursos, en algunos casos de una manera bastante ineficiente.

Se está mostrando un problema de fondo, que para muchos colombianos significa que van a seguir haciéndolo por la vía jurisdiccional, pues deben instaurar una demanda, etc. Cada vez más gente está muy poco convencida del funcionamiento adecuado de los fondos de pensiones. Otra vez el problema de la desconfianza, que no es inmerecida.

Así mismo, la democracia también quedó por fuera del debate, pues el trámite entre el legislativo es cerrado, de tal forma que los textos se acuerdan en secreto y algunas veces traen sorpresas y se involucran cosas que no están en la discusión y que luego pasan a una discusión exprés.
 

Una advertencia de crisis fiscal

Por último, el docente señala que “el Gobierno nacional se ha vuelto adicto a la deuda, pues por cada peso de financiación del presupuesto, alrededor de 54 centavos provienen de impuestos y unos 37 vienen de endeudamiento. ¿Qué pasa si hay una crisis financiera internacional y el acceso a los mercados de crédito se cierran, qué va a pasar con eso? Es un Gobierno que durante 4 años se dedicó casi que sistemáticamente a destrozar la poca tranquilidad fiscal que se tenía y una muestra de esto es que se volvió extremadamente adicto al endeudamiento público. Si no existieran esos flujos de financiamiento del gasto público Colombia viviría una crisis fiscal tremenda”.
 

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