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La urgencia de una reforma tributaria con ocasión del paro nacional

Sin embargo, el principal reto ahora es priorizar esas demandas e identificar las posibles fuentes de financiamiento para que sean atendidas, sobre todo cuando este es un momento de “vacas flacas” para el Gobierno, dada la caída en el recaudo y el aumento del gasto público que ha generado la pandemia. En 2020 el déficit fiscal fue del 8 % del PIB, y para este año se proyecta en 9 %1.
 

Si bien el comité organizador del paro nacional ha identificado posibles fuentes de financiamiento, en el mejor de los casos estas son insuficientes pues el costo total de las respectivas peticiones ronda los 81 billones de pesos al año2. Por ejemplo, se ha planteado que para financiar parte de las demandas sociales abanderadas en este paro –como la renta básica y la matrícula cero– se podrían considerar préstamos del Banco de la República (en otras palabras emisión monetaria), la monetización de las reservas internacionales o incluso la venta de activos.
 

No obstante, varios miembros de la Junta Directiva de esta entidad se han manifestado sobre lo inconveniente que sería prestarle dinero al Gobierno, en parte por las presiones inflacionarias que ello podría ocasionar3. Así mismo, las reservas internacionales de Colombia (alrededor de 60.000 millones de dólares), además de que se encuentran invertidas (no están disponibles), no alcanzan a cubrir el 40 % de la deuda externa, de modo que frente a una señal sobre su potencial monetización, cabría esperar que los acreedores del Estado hicieran lo posible para evitarlo; incluso usar dichas reservas contribuiría al cierre del mercado financiero para el país, por lo que nos veríamos abocados a una reducción drástica del gasto público.
 

Por último, aunque se podrían liquidar algunos activos improductivos del Estado, primero habría que garantizar que haya interesados en adquirirlos a un precio razonable, que debería estimarse.
 

Puedes leer:  ¿Qué sigue para una nueva reforma tributaria?.
 

Se requiere con urgencia de una reforma tributaria, por más odiosa que resulte durante una crisis económica y en un año preelectoral.


Es conveniente releer el proyecto de reforma tributaria recientemente hundido, pues aunque incluye algunos puntos insalvables, como el caso de la reclasificación de bienes y servicios de excluidos a exentos o gravados (al 5 o 19 %) por el IVA, también incorpora propuestas que merecen ser reconsideradas, pues, entre otras cosas, contribuyen a eliminar algunos gastos tributarios sin justificación o a fortalecer la tributación directa en el país. Ejemplo de ello es la eliminación de tratamientos diferenciales como los que atañen a los aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) o a las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC), así como la disminución de la limitación para las rentas exentas y deducciones imputables del 40 al 25 % de los ingresos netos del contribuyente.


A pesar de que no es posible estimar el gasto tributario –es decir el ingreso que se deja de percibir– para cada uno de estos beneficios de manera desagregada, para el año gravable 2019 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estimaba –en su informe de gasto tributario presentado en diciembre de 2020– que el Gobierno perdía alrededor de 6,5 billones de pesos solo por concepto de las rentas exentas concedidas a personas naturales. En contexto, esto equivale a la cuarta parte de la meta de recaudo adicional que se perseguía con el proyecto de reforma tributaria que se hundió.


Cabe considerar que uno de los elementos que aporta a ese gasto tributario es el tratamiento tributario que reciben las pensiones, pues sus pagos mensuales están exentos por las primeras 1.000 UVT (alrededor de 36.308.000 pesos). Este era otro de los puntos abordados por el proyecto de reforma tributaria, al fijar un monto anual de rentas exentas para las pensiones de máximo 1.600 UVT anuales (hoy 12.000 UVT al año).


Si se asume que las tarifas del impuesto sobre la renta personal no se modifican, esta propuesta implicaría que solo los pensionados con mesadas superiores a 8.449.000 pesos mensuales empezarían a pagar este tributo, por lo que no tendría sustento la idea de que este tipo de iniciativas afectarían a los más pobres. Por otra parte, y en relación con el gasto público, cabe recordar que según el informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública presentado a finales de 2017, cerca del 86 % de los subsidios por pensiones que se asumen en el presupuesto público se dirigen al 20 % más rico de la población.


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El proyecto de reforma tributaria en discusión además favorecía la aplicación del artículo 90 del Estatuto Tributario, que busca evitar la subdeclaración del precio en las actividades de compra-venta de activos. Aunque la norma aduce que el valor escriturado debe corresponder al valor comercial y que habrá lugar a rechazarlo fiscalmente si difiere en más de un 15 % de los precios establecidos en el comercio, desafortunadamente al día de hoy no hay listas consolidadas que permitan hacer esa comparación.
 

Al respecto, el mencionado proyecto establecía que sería la DIAN la que tendría que establecer por resolución un sistema de georreferenciación que permitiera identificar subdeclaraciones en los precios informados en las escrituras públicas.
 

Aunque el Proyecto de Ley 594-2022C –o Ley de Solidaridad Sostenible– fue fuertemente criticado, al punto de tener que ser retirado del Congreso, no por eso se debe desechar en su totalidad. Algunas propuestas relacionadas con el impuesto sobre la renta, como las ya comentadas, o la extensión del impuesto al patrimonio con una tarifa marginal progresiva (a diferencia de la estructura plana que tiene hoy) iban en la dirección correcta y deberían ser retomadas en el próximo proyecto de reforma tributaria, que como ya se indicó, es urgente.
 

Paradójicamente este carácter de urgencia podría ser una oportunidad para superar algunos de los obstáculos que en otras ocasiones se han impuesto a iniciativas similares, caso de la reducción de las exenciones por pensiones, que también se discutió en 2016.
 

Otro punto importante concierne a los impuestos verdes, sobre los que también se hicieron propuestas, pues a pesar de ser insuficientes se deben reconsiderar a la luz de los compromisos adquiridos por el Gobierno colombiano en torno a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 20304.

 


1 https://www.valoraanalitik.com/2021/04/22/fitch-colombia-seria-unico-pais-que-aumente-deficit-fiscal/

2 https://www.larepublica.co/economia/pliego-de-peticiones-del-comite-del-paro-tendria-un-costo-aproximado-de-81-billones-3165584

3 https://www.elespectador.com/economia/no-es-bueno-que-el-banco-de-la-republica-le-haga-un-prestamo-al-gobierno-article/

4 https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4877-colombia-reducira-en-un-51-sus-emisiones-de-gases-efecto-invernadero-para-el-ano-2030#

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