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La represa Urrá y sus conflictos a 20 años del inicio de operaciones

El río Sinú –aquel que inmortalizaran David Sánchez Juliao y Máximo Jiménez con su canción El indio sinuano, en la voz de Alejo Durán– atraviesa diversos ecosistemas que van desde los páramos y selvas húmedas de donde nace, en el Parque Nacional Natural Paramillo, hasta los complejos cenagosos y estuarinos, cuyas dinámicas condicionan las múltiples formas de habitar ese entorno complejo, detrás del cual se edificó el legado de la cultura zenú, con sus camellones y demás obras de adecuación hidráulica que aún despiertan admiración.
 

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Esa abundancia ha sido objeto de disputa por el control de varios de los atributos del entorno sobre los que se fundamentan los principales sectores económicos del departamento, relacionados con la agricultura y la ganadería, los cuales suponen unos requerimientos que se han traducido en el cambio de coberturas y en el deterioro de ecosistemas, como se registra en la Ciénaga Grande de Lorica desde 1960.
 

Estos cambios obedecen no solo a la necesidad de tierras, sino también a la de controlar los ciclos hidrológicos que traen implícito un grado considerable de incertidumbre para las inversiones en estos sectores, lo cual les representa riesgos que se traducen en pérdidas económicas por no estar acoplados a las dinámicas naturales del río, de creciente y estiaje (nivel más bajo de un río u otra corriente durante una época del año determinada).
 

Muchas de las motivaciones que impulsaron la construcción de esta central hidroeléctrica tienen que ver con el control del caudal del Sinú, que pareciera estar en un segundo plano frente a la generación de electricidad; aunque en la práctica se ha constituido en un importante motor de cambio a lo largo de su cuenca, en la que se registran sistemáticos procesos de desecación de humedales desde el reformismo agrario de mediados del siglo XX, los cuales han buscado revertirse como en su momento lo intentó la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-194 de 1999.
 

Así, lo que inició como un proyecto multipropósito de generación eléctrica, adecuación de tierras y control de inundaciones, se convirtió en la punta de lanza para la consolidación del control territorial por parte de una élite departamental (legal e ilegal).
 

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Tales intereses se tradujeron en la inundación de 7.400 ha en la cuenca alta del Sinú, superficie a la cual se habrían sumado otras 53.000 ha de haberse aprobado la licencia ambiental al Proyecto Río Sinú, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual respaldó ampliamente una iniciativa que habría comprometido áreas del Parque Paramillo, junto con las dinámicas de los complejos cenagosos del medio y bajo Sinú, así como las del río San Jorge. En ese caso se habría requerido un trasvase de cuencas, buscando incrementar la disponibilidad de agua, dada la magnitud del área a inundar.
 

Esto sin dejar de lado a las comunidades embera katío –pueblo en riesgo de extinción según reconoce la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009–, que ha sufrido los rigores de la violencia, la estigmatización y la ruptura de elementos esenciales de su cosmovisión y subsistencia material, al punto de enfrentar lo que expertos denominan como “etnocidio”.
 

También aquellas comunidades de pescadores que han visto comprometidos sus referentes identitarios y fuentes de subsistencia, ante los efectos negativos del control artificial del caudal y de las intervenciones sobre las ciénagas, frente a los cuales han estructurado procesos de permanencia territorial encaminados a recuperar las dinámicas naturales y culturales de los entornos con los que interactúan. Así lo reflejan la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (Asprocig) y la Asociación de Campesinos, Pescadores e Indígenas Residentes en Cereté (Asoparcer).

El conflicto


Acercarse a lo que sucede en torno a esta central va más allá de las discusiones sobre la generación eléctrica y los impactos ambientales que supuso su construcción, para involucrar la disputa por la tierra, máxime cuando la aprobación de la licencia ambiental para el llenado del embalse y la operación de la central otorgada hacia octubre de 1999 se dio en medio de un contexto de violencia generalizada en el que el proyecto paramilitar se consolidó en el país.
 

Esto posicionó un discurso de securitización -a favor de la seguridad- en el que la defensa del territorio se equiparaba a la subversión, lo que dejó como saldo fenómenos de desplazamiento forzado y abandono de predios en departamentos como Córdoba, con periodos álgidos como el de 1997 a 2007, además del asesinato y la desaparición de líderes defensores del territorio de los cuales el guerrero embera –o sarra– Kimy Pernía Domicó es uno de los casos más emblemáticos por la relación del hecho con Urrá.
 

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Considerando las discusiones en torno al quehacer de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esto toma más importancia, pues si bien los grupos paramilitares ya fueron objeto de la justicia transicional en el marco de la Ley 975 de 2005, el proceso para esclarecer los hechos en que estuvieron involucrados estos actores armados quedó en el limbo, con muchos silencios e inquietudes por resolver; entre esas el rol de los megaproyectos en la dinamización del conflicto armado, a lo que habría que sumar los presuntos beneficios que percibieron familias tradicionales en Córdoba del contexto de violencia en municipios como Tierralta.
 

De igual forma, el control de los ciclos hidrológicos naturales y la destinación de recursos para la reforestación hacia la puesta en marcha o profundización de monocultivos, de lo que se acusa al exministro de Ambiente José Vicente Mogollón, quien presuntamente se habría beneficiado de recursos para la reforestación por la pérdida de coberturas asociadas con Urrá, los cuales aparentemente se habrían invertido en plantaciones bajo su control en predios ubicados en las lomas de la Cuchilla de Cispatá (Bajo Sinú).
 

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Así, a la par que se avanza en el esclarecimiento de hechos y móviles detrás de Urrá, se contribuye a la construcción de paz, considerando que la verdad es el primer paso para la reconciliación; constituyendo además una oportunidad para reiterar los riesgos a los que están expuestos los líderes defensores del territorio, siendo un debate clave ante la ratificación del Acuerdo de Escazú (por ahora sólo se tiene la firma del Gobierno Nacional) que no solo salvaguarda el derecho a la información, participación y justicia ambiental, sino que posiciona la defensa de estos actores como compromiso de los Estados Parte, en reconocimiento al rol que ejercen en la democracia y protección del patrimonio natural.

Información de consulta:

Hidroeléctrica Urrá, Córdoba. Conflictividades ambientales derivadas de las alteraciones ecológicas y socioculturales en las dinámicas del río Sinú: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/media_references/view/3023

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