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La renta básica de emergencia, urgente para el sector rural colombiano

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) –todavía sujetos a revisión crítica– con la pandemia la brecha pareciera haberse reducido, al menos coyunturalmente, en 2020. En el sector rural persiste un conjunto de indicadores sociales que muestran una grave situación que se debe atender con intervenciones eficaces por parte del Estado.

Clases sociales según nivel de ingreso


Con base en la metodología de clases sociales aplicada por el DANE, según la cual una persona se considera: (i) en pobreza si vive con menos $11.000 al día, (ii) en vulnerabilidad si se encuentra entre la línea de pobreza ($11.000 y $22.000 diarios), (iii) de clase media si tiene un ingreso mensual entre $653.781 y $3.520.360, y (iv) de clase alta si vive con un ingreso mensual superior a $3.520.360 por persona.

Según lo anterior, y teniendo como fuente los microdatos del DANE a diciembre de 2020, se encuentra que:

(i) El 25 % de las personas del país se clasifican en clase media según su ingreso. En las cabeceras y en los centros poblados y rural disperso dicho porcentaje es del 30 y 9 % respectivamente.

Las personas en pobreza monetaria alcanzan el 42,6 % de la población nacional, en tanto que en vulnerabilidad llegan al 30 %, por lo que en el país casi 3 de 4 personas se encuentran en pobreza o vulnerabilidad monetarias, con el agravante de que alcanza a cerca del 91 % de las personas en centros poblados y rural disperso.

Las personas catalogadas en la “clase media” según ingreso representan el 25 % de la población nacional, pero no llegan a ser sino el 9 % a nivel de cabeceras y rural disperso.

Puedes leer: Desempleo e inflación, hacia el camino de la miseria.

(ii) El número de personas por hogar aumenta a medida que se incrementa el ingreso del conglomerado social, siendo mayor el incremento en el caso de los hogares pobres del sector rural.

Cuadro 1. Ingreso per cápita mensual por clase social según nivel de ingresos

El costo fiscal de esta propuesta

En este contexto, se procede a calcular el costo fiscal que tendría una política de intervención por parte del Estado con el objeto de erradicar la pobreza monetaria a todos los hogares del campo colombiano, teniendo como base cada una de las líneas de pobreza y pobreza extrema estimadas por el DANE según dominio geográfico.

El costo fiscal bruto de una intervención que tendría como objetivo sacar a todas las personas de la pobreza monetaria en el país según su dominio geográfico, sería del orden de los $3 billones al mes (3,7 % del PIB al año), distribuido en un 88 % en las cabeceras y el restante 12 % en lo rural (cuadro 2). Es decir, el costo fiscal bruto para el sector rural propiamente dicho ascendería a 0,45 % del PIB al año.

El mayor costo para la erradicación de la pobreza monetaria en el sector rural se concentraría en los departamentos del Cauca (9,9 %), Chocó (9,3 %), La Guajira (8,3 %), Córdoba (7,5 %), Nariño (7,2 %) y Antioquia (7,04 %).

El costo fiscal bruto que tendría una política de intervención cuyo objeto sea erradicar la pobreza monetaria extrema (miseria), teniendo como base sus respectivas líneas de indigencia estimadas por el DANE para cada uno de los dominios geográficos, sería del orden de los $491.000 millones al mes (0,6 % del PIB al año), distribuido en un 83 % en las cabeceras y el restante 17 % en lo rural. El correspondiente costo fiscal bruto sería del 0,1 % del PIB para el sector rural propiamente dicho.


Puedes ver: Pobreza, ¿qué es y cómo está situada Colombia en el panorama latinoamericano?.
 

El costo fiscal de una asignación de un salario mínimo legal vigente

En algunos espacios se ha hablado de asignar 1 smlv. Para evaluar el costo de esta medida es importante señalar cuál sería la población objetivo de la medida y sus posibles impactos sobre la equidad horizontal y vertical, es decir, si el tratamiento, la medida, es igual entre iguales, y diferente entre diferentes. Los escenarios contemplados aquí fueron:

  1. Igualar a 1 smlv el ingreso de cada persona con un ingreso inferior a 1 smlv. En este escenario la asignación se realizaría a personas que pertenecen a hogares en pobreza extrema (indigencia), en pobreza no extrema (no indigentes, pero sí pobres), en vulnerabilidad y pertenecientes a la “clase media”. Los ciudadanos impactados con esta medida serían del orden de los 40.400.000, y el costo ascendería a 26 % del PIB al año.
  2. Igualar a 1 smlv el ingreso de cada una de las personas en indigencia. El costo fiscal anual de esta medida es del orden del 7,3 % del PIB, impactando a cerca de 7.468.000 personas. Esta medida genera inequidades entre las personas y hogares en pobreza.
  3. Asignar 1 smlv a cada uno de los 5.433.000 hogares en pobreza (incluidos los hogares en indigencia), independientemente de su ingreso y del número de personas que lo integran. El costo fiscal anual de esta medida es del orden del 5,7 % del PIB.
  4. Asignar 1 smlv a cada uno de los hogares en pobreza extrema, independientemente de su ingreso y del número de personas que lo integran. El costo fiscal anual de esta medida es del orden del 2,1 % del PIB.

El costo fiscal bruto de erradicar la pobreza monetaria en el sector rural colombiano sería del orden del 0,45 % del PIB al año, siendo el 0,1% lo correspondiente al costo bruto para erradicar la pobreza extrema monetaria.

Con la peculiaridad de que cerca de la mitad de ese costo bruto les correspondería a apenas unos seis departamentos del país. Por supuesto, el costo fiscal neto sería aún menor ante la existencia de determinados programas sociales nacionales y territoriales.

Esta es una muestra fehaciente de la falta de compromiso político, social y económico del Estado y la sociedad colombiana para garantizar unas condiciones de vida digna a la población rural en correspondencia con su papel estratégico, siendo una de las dimensiones de su importancia el que hecho de que en el país más del 60 % de la canasta de alimentos consumida por las poblaciones urbanas es provista por las economías campesinas.

Por último, el costo fiscal bruto de algunas posibles medidas en las que se busca asignar 1 smlv tiene un costo superior al que se tiene cuando se considera el ingreso como el número de personas de cada uno de los hogares, así como las líneas de pobreza e indigencia por dominio geográfico.

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