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La paz desfinanciada

En julio, el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez presentó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2021 por un valor de 314 billones de pesos, 13,3 billones de pesos más que en 2020, equivalente a un crecimiento interanual del 4,42 %.
 

En dicho proyecto, los recursos se destinarían así: el 24 % al pago de la deuda externa –amortización y abono a intereses–, el 15 % a educación, el 12,2 % a defensa y Policía, el 11 % a salud y protección social, el 8,6 % a trabajo, el 7,1 % a hacienda, y el 4,8 % a inclusión social y reconciliación.


De los rubros estimados sobresale que apenas el 0,6 % se asigne al agro, lo que representa una caída del -13,6 % con respecto a 2020. Un instrumento utilizado por el Gobierno nacional tanto para atender el Acuerdo como para cumplir con lo acordado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) es el Sistema General de Participaciones (SGP), que corresponde a las transferencias intergubernamentales que la nación les entrega a las entidades territoriales para proveer educación y salud, entre otros bienes esenciales.


En el marco del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación, los ingresos que aparecen en la Constitución para la provisión de bienes públicos esenciales no deberían formar parte del conjunto de recursos que financian el Acuerdo y la Ley 1448 de 2011, la cual define la ruta de asistencia, atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno.


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Por ejemplo, los recursos del SGP representan el 29 % de los rubros indicados en el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final; a su vez, en el caso de la Ley 1448, de los 16 billones de pesos contabilizados para 2020, el 60 % corresponde a los recursos que financian educación y salud, lo cual le resta transparencia a las  asignaciones presupuestales para atender las diferentes intervenciones prestacionales.


Ahora bien, según el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI) –herramienta que permite observar la implementación de las intervenciones de las unidades ejecutoras–, las intervenciones realizadas en el marco del Acuerdo Final son las que se desarrollan en seguida.
 

Reforma rural a paso lento


En el PMI, el Acuerdo Final se clasifica en seis pilares temáticos, a saber: i) Hacia un nuevo campo colombiano; Reforma Rural Integral; ii) Participación política: apertura democrática para construir la paz; iii) Fin del conflicto; iv) Solución al problema de las drogas ilícitas; v) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, y vi) Implementación, verificación y refrendación. Estos sirven de base para el seguimiento de las asignaciones presupuestales por parte del Gobierno entre 2017 y 2020.


Existen diferentes maneras de asociar los proyectos de inversión (no de transferencias) con el Acuerdo Final, entre ellos: i) proyectos que cuentan con una leyenda precisa en el Banco de Proyectos, o en los que se especifique que a su focalización se destinan todos los recursos; ii) los que están directamente relacionados con la implementación y ejecución del pmi, y iii) aquellos que en desarrollo de acciones misionales de las unidades ejecutoras del PGN focalizan un porcentaje de sus recursos como parte de una política transversal y se identifican con el respectivo clasificador de política transversal (“Construcción de Paz”).


Según la información reportada por las unidades ejecutoras del spi del Departamento Nacional de Planeación (DNP), todas iniciativas que de una u otra forma atienden el Acuerdo Final son 132, y su monto de inversión es de 44 billones de pesos para el actual año fiscal. De ese valor global, solo 5,5 billones de pesos impactan cada uno de los puntos del Acuerdo, lo cual equivale al 1,82 % del PGN.
 

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El 93,5 % asociado con la Reforma Rural Integral (RRI) está distribuido así: planes de acción para la transformación regional 25,7 %; desarrollo social: educación rural 44,3 % y producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa 10,4 %, entre otros.


En la composición de la intervención en la RRI sobresale una tendencia a desfinanciar las intervenciones en los componentes asociados con la tierra; por ejemplo, con respecto al ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo los recursos pasaron del 15,4 % en 2017 al 1,3 % en 2020; algo similar sucedió en infraestructura y adecuación de tierras, componente al que en 2017 se le asignó un presupuesto de 41 % y el presente año alcanzó apenas el 4,7 % (cuadro 1).

Para los demás componentes del Acuerdo Final se observa una alta volatilidad tanto en la presupuestación de recursos como en el número de proyectos que lo respaldan (cuadro 2), entre estos se destaca que en el componente de víctimas se mantiene la línea de obligatoriedad de la Ley 1448, pues varios de los programas de intervención se complementan e interceptan.

Presupuestos insuficientes


Para la estrategia “Ordenamiento social de la propiedad rural” del PMI, el PGN 2020 contempla 19 proyectos de inversión, pero infortunada e inexplicablemente tienen muy bajos niveles de ejecución. Por ejemplo, de los seis proyectos de inversión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) previstos para este año, dos finalizan en diciembre: “Asistencia técnica y jurídica para la formalización de la pequeña propiedad privada rural” y “Asistencia jurídica y técnica para la regularización de la propiedad”, que tienen como año de terminación 2020, y a pesar de que ya estamos en octubre no se les han asignado recursos.


Entre tanto, los proyectos “Implementación del programa de legalización de tierras” y “Fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas” cuentan con una solicitud por parte de la ANT por 48.000 millones de pesos para el PGN 2021, y en el Proyecto de Presupuesto solo aparecen asignados 34.000 millones de pesos.


Con respecto a la “Implementación del Sistema Nacional Catastral Multipropósito desde el dnp”, que tiene una asignación de 7.700 millones de pesos en 2020, solo se ha ejecutado el 10 % , y su avance dependía de la obtención de un crédito externo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, firmado hace solo un año.
 

Por considerarse como el corazón del Acuerdo Final de Paz, la RRI requiere de una mejor gestión por parte del Gobierno nacional, mediante la provisión de suficientes recursos y una mejor ejecución en correspondencia con su grado de importancia estratégica, si la quiere constituir en un eje nuclear para transformar el campo y consolidar la paz, y también para mejorar el bienestar de sus pobladores, además de cumplir con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 del actual Gobierno: “Impulsar la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y agroindustrial y el desarrollo rural, promoviendo condiciones que dinamicen la provisión de bienes y servicios, la inversión privada, la innovación y el emprendimiento para la generación de oportunidades de crecimiento y bienestar de toda la población rural”.
 

Consulta aquí el especial de UN Peródico: Posacuerdo, la paz postergada.

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