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La Ley 100 borra los derechos de salud de los pueblos indígenas

El proceso del CRIC resulta revelador de las transformaciones de las luchas de los 10 pueblos indígenas que lo conforman y de las acaecidas tanto en el movimiento indígena nacional como en la configuración de las políticas de salud del Estado.

Entender esta contienda por la salud implica asumir el movimiento indígena como sujeto político diverso pero unificado alrededor un proyecto político-cultural inspirado en la ley de origen, el derecho mayor y el derecho propio que traducen cosmovisiones, formas de autoridad y gobierno y modelos de relacionamiento territorial alternos al modelo eurocéntrico y colonial.

En este contexto las luchas indígenas por el derecho a la salud parten de una perspectiva propia basada en saberes y prácticas que el modelo biomédico hegemónico (el actual del país), más allá de la demanda de servicios de salud, en la búsqueda por alcanzar condiciones territoriales, políticas, culturales, espirituales, económicas y sociales para promover, mantener y recuperar el equilibrio de las relaciones individuales, familiares y comunitarias con base en la sabiduría ancestral.

Puedes escuchar: Podcast: Reivindicación, la eterna espera de los pueblos originarios.

La trayectoria de las luchas indígenas hasta nuestros días ha estado atravesada por la violencia racista por parte del régimen político, y los desarrollos en las políticas públicas en materia de derechos a la vida, la tierra, la educación y la salud, entre otros, han seguido una “espiral”, entendida como ciclos permanentes de resistencia, exigencia propositiva, represión, movilización, negociación, acuerdo parcial e incumplimiento para dar inicio a un nuevo ciclo que reitera pero posiciona nuevos desafíos al movimiento indígena y al Estado.

Este sujeto político en construcción permanente ha confrontado la estructura colonial, violenta, racista y patriarcal del régimen político y la institucionalidad del Estado en su versión integracionista previa a 1991, la cual, en un escenario de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación establecida en la Constitución Política de 1991, transitó al integracionismo de mercado del modelo neoliberal, siempre en medio de sucesivos periodos de violencia.

En salud, estos 50 años transitaron del Sistema Nacional de Salud (SNS), entre 1974 y 1993, y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) creado con la Ley 100 de 1993, el cual –con centenares de reformas y ajustes– prevalece hasta hoy.

El SNS fue una expresión frágil de un inacabado Estado de bienestar con un mayoritario subsector público para población pobre urbana y rural financiado por oferta y de corte asistencialista. En este marco los pueblos indígenas lograron –mediante presión y negociación– la expedición de la Resolución 10013 de 1981 que reconoce la gratuidad de los servicios de salud, el respeto por la medicina tradicional y la capacitación de promotores de salud comunitarios.

Así, mientras surgían instrumentos de política pública en salud indígena, el CRIC y otras regionales de la ONIC organizaban sus programas de salud e instituciones indígenas, desde las cuales se trabaja en el fortalecimiento de la medicina tradicional, la formación técnico-política e intercultural de agentes comunitarios de salud bilingües, el apoyo a pacientes para el acceso sin discriminación a servicios de salud y la conducción de las negociaciones de política de salud con el Estado.

Con la expedición del Decreto 1811 en 1990, que –como todo instrumento de política pública– expresa la correlación de fuerzas, en este caso entre pueblos indígenas y Gobierno, por un lado fortalece los contenidos de la Resolución 10013, al tiempo que en el marco de la Ley 10 del mismo año sienta las bases para la privatización de la salud, retomadas de manera general en el artículo 49 de la nueva Constitución y convertidas en realidad con la Ley 100 de 1993.

Después de la Constituyente

Como pacto político histórico para superar el Frente Nacional y la Violencia, la Constitución Política de 1991 es un instrumento de modernización del Estado que incorpora parte de las reivindicaciones de las luchas indígenas en materia de derechos socioculturales, políticos y territoriales, reconociendo su autonomía en razón de la diversidad para el ejercicio del gobierno y la justicia en sus territorios.

En ella, la salud es un servicio público que podrá ser prestado por públicos y privados, y aunque no se alude a lo indígena, sí se entiende que el marco constitucional de reconocimiento a la diversidad étnica servirá para interpretar y sustentar los nuevos términos de la disputa política en salud entre los pueblos indígenas y el Estado.

La euforia constitucional no duró mucho antes de que la violencia se ensañara de nuevo con los pueblos indígenas de Colombia –en particular en el Cauca con la masacre del Nilo en 1991– y para que avanzaran reformas neoliberales como la de la salud, las pensiones y los riesgos laborales con la Ley 100 de 1993.

A diferencia del SNS, el nuevo SGSSS de la Ley 100 se estructuró con el fin de habilitar los recursos públicos de la salud para el mercado, sin ninguna concertación con los pueblos indígenas a quienes menciona como “pobres sin capacidad de pago” beneficiarios del régimen subsidiado y de la posibilidad de conformar empresas administradoras de salud.

En esta nueva arena la disputa política en salud entre los pueblos indígenas y el Estado tuvo un primer momento de resistencia para ingresar a la Ley 100, en especial por parte del CRIC, que luego declinó ante la avalancha de empresas de salud, prestadores privados fortalecidos y públicos debilitados, unidades de capitación, paquetes obligatorios, todos instrumentos de mercado en salud individual.

Puedes ver: Antonio Navarro Wolff: “Pese a la desigualdad, indígenas siguen luchando por sus derechos”.

El nuevo momento fue de adecuación sociocultural del SGSSS y adaptación forzada de las comunidades a este, y surgieron ajustes como la afiliación colectiva, la eliminación del mercadeo en las comunidades, la unidad de capitación diferencial, la creación de empresas promotoras de salud indígenas (EPSI) y de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPSI) entre otras medidas, todas ellas reunidas en decenas de normas, la mayoría de las veces como fruto de movilizaciones y exigencias del movimiento indígena.

En 2001, el Congreso de la República aprobó la Ley 691 –contra la voluntad del Gobierno de Andrés Pastrana y gracias a la revisión de la Corte Constitucional– que condensó una década de disputa política alrededor de la adecuación sociocultural de un SGSSS cada vez más privatizado y sumido en su propia crisis, al tiempo que se congeló la iniciativa de los pueblos indígenas de contar con un “régimen especial indígena en salud” por fuera de la Ley 100 y del mercado.

Mientras en la primera década del siglo XXI siguió la tensión por reglamentar dicha ley y por continuar la llamada adecuación sociocultural, los pueblos indígenas, con base en sus propias instituciones y modelos de salud, definieron en 2010 en una Asamblea Nacional una política pública indígena denominada Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI). Este representaba una postura alterna al SGSSS promoviendo el gobierno indígena en salud, la administración de los recursos de la salud, el reconocimiento pleno de modelos de cuidado propio e intercultural y de los procesos de formación e investigación, todo articulado a la sabiduría ancestral.

En los últimos años la trayectoria en espiral de la disputa política no ha cambiado y el movimiento indígena registra que no existen condiciones reales en el orden legal y financiero para hacer realidad el SISPI por fuera del mercado.

El balance provisional indica que hoy los pueblos indígenas han desarrollado y fortalecido sus instituciones, sus modelos de salud, su capacidad de exigencia y diálogo con el Estado y el modelo biomédico, además de sus horizontes de lucha para hacer realidad un sistema de salud acorde con sus cosmovisiones y planes de vida.

Esto se ha traducido en relativos mayores niveles de gobierno indígena en salud en sus territorios, una revalorización de la sabiduría ancestral junto al fortalecimiento de modelos propios e interculturales de cuidado de la salud, la apropiación de herramientas institucionales, técnicas y administrativas para operar sistemas de salud; el aumento en el acceso a servicios de salud con relativa pertinencia cultural, sobre todo en aquellas comunidades con procesos organizativos más consolidados o ubicadas en la Región Andina y Caribe –que reúnen cerca del 70 % de la población indígena– y un gran avance en los procesos de formación de personal comunitario, técnico y profesional, además de la investigación en salud.El desafío latente puesto sobre la arena política es la necesidad de una reforma profunda al SGSS por fuera de la intermediación administrativa y financiera y de la mercantilización de la salud que consulte las demandas de los pueblos indígenas contenidas en el SISPI, de tal manera que en el sistema de salud no haya subordinación sino asimetría de poderes y saberes.


[1] Este artículo retoma y ajusta la introducción de la investigación doctoral sobre la configuración de las políticas de salud indígena en Colombia entre 1971 y 2017, y además la complementa con la observación de hechos relevantes en la materia hasta febrero de 2021, cuando se conmemoran 50 años de creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

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