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La importancia de la política de competencia en tiempos de crisis

Frente a esta situación, las empresas están implementando soluciones para enfrentar la crisis, las cuales en muchos casos pueden afectar la libre competencia en el mercado. Sin embargo, durante el trance la ley de competencia en todas las jurisdicciones se sigue aplicando, como una forma de garantizar que los mercados continúen funcionando bajo la premisa de libre competencia económica.
 

En consecuencia, autoridades en países como Francia, España, Portugal, el Reino Unido, México y Estados Unidos, entre otros, han anunciado mayores esfuerzos en el seguimiento a los precios y al suministro de bienes de alta demanda en la crisis.
 

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Esto con el fin de evitar, por ejemplo, el abuso de posición de dominio de ciertas empresas en los mercados, que las lleven a fijar precios excesivos, los cuales naturalmente no responden a la escasez temporal resultante de la emergencia. Otra práctica que se busca controlar durante la emergencia es la formación de “carteles de crisis”, los cuales se pueden formar si las empresas se ven tentadas a generar acuerdos que produzcan, por ejemplo, mayores ganancias mediante la restricción de la producción o la fijación artificial de precios, y por esta vía afectar la estructura de la industria.
 

Sin embargo, al mismo tiempo una práctica común ha sido la aplicación de excepciones temporales a las normas de competencia, muchas de ellas orientadas especialmente a permitir acuerdos de cooperación entre agentes económicos con el fin de mantener o aumentar la oferta, satisfacer la demanda, proteger la cadena de suministro y evitar la escasez o el acaparamiento de bienes.
 

En Alemania y en Reino Unido esta flexibilización se orientó específicamente a la cadena de suministro de alimentos; en Noruega la excepción se aplicó al transporte aéreo, marítimo y terrestre de carga y pasajeros por un periodo de tres meses que terminará el próximo 19 de junio. Por su parte, la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor le otorgó una autorización condicional temporal a la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos y Biosimilares y a sus miembros para trabajar conjuntamente en permitir el suministro continuo de medicinas esenciales durante esta pandemia, con el fin de identificar y mitigar cualquier escasez o problema en la cadena de suministro que pudiera afectar la disponibilidad de medicamentos en el país.
 

El caso colombiano


En Colombia, el Gobierno nacional adoptó una serie de excepciones a las normas de competencia en relación con la COVID-19, a través del Decreto 482 del 26 de marzo de 2020, con el cual se creó un centro de logística y transporte que tiene como finalidad analizar y autorizar acuerdos de colaboración que busquen generar sinergias logísticas eficientes en industrias como medicamentos, alimentos y bebidas de primera necesidad, entre otros, con el objetivo de evitar el desabastecimiento nacional durante el tiempo que dure la pandemia.
 

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La libre competencia también se puede ver afectada en el mediano y largo plazo, ya que una de las consecuencias esperadas de la crisis económica generada por esta pandemia será un incremento del nivel de concentración en los mercados.
 

Debido a esto, algunas empresas tendrán que cerrar por problemas financieros, y en algunos casos acogerse a la Ley de Insolvencia (Ley 1116 de 2006) que tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor. El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.
 

Además, dicha ley acoge que el proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor y el régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias.

Otras, en cambio, buscarán mejorar su condición fusionándose con sus competidores. No obstante, algunas de estas solicitudes pueden resultar pro competitivas por cuanto la salida de una empresa del mercado puede llevar a un aumento del bienestar del consumidor mayor que el que se generaría debido al incremento del poder de mercado de la entidad resultante de la fusión.
 

En consecuencia, los esfuerzos de las autoridades de competencia seguirán siendo igualmente claves, por lo que en materia de concentraciones empresariales la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) –de la cual Colombia forma parte desde abril de 2020– es evaluar minuciosamente las solicitudes de fusiones de rescate, fundamentadas en la quiebra de una de las empresas solicitantes, evitando crear beneficios en el corto plazo a costa de mayores costos en el largo plazo y teniendo en cuenta consideraciones de política pública en circunstancias excepcionales.
 

Entre otros mecanismos que resultan igualmente importantes está el fortalecimiento de la abogacía de competencia, con acciones que abarcan el territorio nacional que promuevan una cultura de competencia sostenible en la comunidad de consumidores y productores.
 

Así, la implementación por parte de las autoridades de competencia de acciones de política pro competitivas que ayuden a los Gobiernos no solo a enfrentar los retos inmediatos impuestos por la pandemia, sino también los desafíos pospandemia, son fundamentales y facilitarán una recuperación rápida y sostenible en el largo plazo.

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