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La corrupción se nutre de la desigualdad

Su ejemplo cunde y se extiende la idea de que apropiarse de lo público y hacerle “el quite” a la justicia es un privilegio personal o un signo de astucia reconocido por la sociedad.

Cuando los actos de corrupción se multiplican, la corrupción se convierte en un sistema que se nutre de la desigualdad y produce a su vez más desigualdad. Sus participantes son conspiradores que actúan en contra tanto del patrimonio público como de la confianza y la moralidad públicas. Estas son las claves para entender la extensión del fenómeno en Colombia.


No es casualidad que las denuncias de corrupción tengan como protagonistas a funcionarios públicos, muchos de ellos elegidos popularmente. Quienes tienen poder tienden a abusar de él, a menos que haya quienes los vigilen; el asunto es que los primeros eligen a los segundos. No nos llamemos a engaños: la mayoría de los procuradores y contralores han sido unos grandes impostores; sus grandilocuentes discursos no guardan proporción con los exiguos resultados en la lucha contra la corrupción, y ni qué hablar de aquellos jóvenes y ambiciosos que esperan usar su cargo para saltar a uno más alto. Deberían ser declarados peligro público.
 

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La corrupción de los representantes elegidos popularmente tiene su principal causa en la manera como funciona la competencia electoral. En los países donde hay una burocracia profesional y meritocrática, además de una judicatura independiente, si bien la competencia electoral es dura, se realiza dentro de los límites de la ley, como en un partido de fútbol en el que los árbitros no temen sacar tarjetas rojas y amarillas. En el caso colombiano, donde nunca ha habido mayores esfuerzos por liberar la administración pública de la interferencia clientelista y la justicia ha terminado politizándose, la competencia electoral es a patada limpia, con muchos fuera de lugar, penas máximas a favor de ciertos equipos y partidos arreglados con árbitros que tienen interés directo en el resultado del juego.


La consecuencia de tener un sistema político como este es tener a su vez un sistema económico que favorece a los poderosos. La cosa funciona así: los poderosos financian las campañas de los congresistas e intervienen en el Congreso para que las leyes se hagan a su favor. La evidencia más clara de este fenómeno es la legislación tributaria.
 

Leyes a la medida


Aunque en teoría todos tenemos que ponerle el hombro a las cargas públicas, en la práctica hay una minoría que logra liberarse de sus responsabilidades fiscales: aquella que tiene cabilderos en el Congreso y abogados tributaristas que promueven exitosamente exenciones y descuentos, amnistías para legalizar patrimonios no declarados, figuras legales para sacar la plata a paraísos fiscales, además de todos los atajos posibles a la hora de presentar la declaración de renta.


Otro tipo de leyes que promueven los poderosos son las que crean barreras artificiales a la entrada en el mercado, como por ejemplo los fondos de pensiones, que están en manos de grandes conglomerados económicos que administran el mayor ahorro que tiene el país como si fuera su propia plata. Tienen en sus juntas directivas representantes de los aportantes, pero nombrados por ellos mismos, como hacen los bancos con los “defensores del cliente”. Tales conglomerados maniobran política y legalmente para impedir que haya fondos de pensiones gestionados por asociaciones que no controlan, pues se les dañaría el negocio.


Otro tanto podemos decir de la manera como funcionan otros negocios. Los bancos, por ejemplo, han logrado que esté en vigor un sistema legal que los favorece, en el que las tasas de interés son exorbitantes y las comisiones injustificadas son legales. Aunque existe una superintendencia financiera, esta trabaja más para los bancos que para los ahorradores. El resultado de esta iniquidad es un gran cuello de botella que limita las posibilidades de crecimiento del país.


Tal y como funcionan las cosas, no debería extrañar que alrededor de la mitad de la población está por fuera del sistema financiero. De hecho, la mayoría prefiere no poner sus ahorros en los bancos, donde su dinero podría circular como inversión en proyectos productivos. Por eso la cultura del ahorro y de la inversión es débil, y por ende existe una fuerte propensión a la especulación, las apuestas y los atajos a la ley.
 

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En el país los poderosos también consiguen que la justicia no les aplique las leyes, cuando los desfavorecen. A la vista están los casos de Odebrecht e Interbolsa, que se pueden considerar como representativos de un patrón común. Desde luego hay casos en los cuales se ha castigado la iniquidad, pero se podría decir que son más para la galería, pues tenemos una justicia mediática, que habla menos por sus sentencias y más por la vía de filtraciones a los medios de comunicación.
 

Colegios y universidades sin rendición de cuentas


La corona de este sistema de la corrupción y la desigualdad es el sistema educativo, presidido en muchos casos por grandes simuladores. Hay rectores de universidades y de colegios que se echan discursos muy sazonados acerca de la importancia de la sanción social y del pensamiento crítico e independiente, pero bajo la superficie de sus palabras la realidad es otra: los establecimientos educativos tienen una estructura autoritaria, en la que lo que diga el rector o el consejo directivo es ley. No hay transparencia, y menos rendición de cuentas.


En paralelo al programa de estudio explícito, hay otro implícito, muchas veces inconsciente: el de que es mejor callar y no denunciar, y también cultivar el malsano arte del postureo y la lambonería. Entonces, que no nos extrañe que los protagonistas de muchos actos de corrupción sean personas educadas que se saben la “carreta” de la ética y la responsabilidad social.


Colombia tiene grandes desafíos por delante. Sin gobiernos locales competentes y honestos, por ejemplo, no podremos mitigar los efectos del calentamiento global; sin corregir las inequidades que hay en el país, estamos abocados a que numerosos conflictos se expresen por fuera de las instituciones, pues en este país la democracia es representativa, pero del interés de los poderosos.


Habrá quienes me repliquen que “estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca”. En el país de los daneses la gente es honesta, hay emprendimiento y prosperidad, y no hay concentración de la riqueza, lo cual sirve para confirmar que la honestidad y la igualdad van de la mano. Pero no es el único caso. Políticas equitativas han hecho que Kerala, un pequeño estado al sur de la India, sea ejemplar en muchos aspectos: uno de ellos, el de funcionar de manera más honesta.


Según estimaciones hechas por la Alianza Global por la Justicia Fiscal en su último informe, la evasión tributaria en Colombia, legal e ilegal, supera 105 veces la de Dinamarca. Este solo dato ya nos debería poner a pensar acerca de la íntima relación que hay entre la corrupción y la desigualdad. El asunto, sin embargo, no es solo de pensar sino también de actuar. La verdad es que, si quisiéramos, podríamos hacer de Colombia un país honesto y equitativo.

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