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La cadena perpetua y la dignidad humana

Su posición al respecto se resumía con un ejemplo: qué tal si, en un mundo alterno en el que Colombia hubiera adoptado esa sanción penal en los años 90, el tristemente famoso Luis Alfredo Garavito hubiera sido condenado a vivir el resto de sus días en prisión. Una vez recluido conoce a otro individuo, también acusado por la violación y el homicidio de menores, y ambos deciden negociar lo siguiente: que, a cambio de dinero, Garavito confesara la comisión de todos los delitos por los que acusaban al otro procesado, con el fin de salvarlo de la cadena perpetua. Garavito no tendría nada que perder, porque estando condenado a prisión de por vida, qué más daría si se le imputa una muerte o una violación más. Desde su perspectiva resultaría incluso lucrativo, un buen negocio, y al mismo tiempo se propiciaría la impunidad del otro delincuente.


La idea es que bajo la cadena perpetua un criminal que conozca el derecho podría estar tentado a maximizar su actividad punible, pues ella implica el perdón real de cualquier otro delito: un asesino en serie, un violador pederasta, nunca sería realmente condenado por los nuevos delitos que llegara a cometer, o por otros que hubiera perpetrado antes, sin importar la gravedad del crimen ni la calidad de las víctimas. Todo quedaría olvidado por el sistema penal, ya que le sería impuesta una pena única, por uno solo entre todos los delitos en los que pudo haber incurrido.


Así, si el principal argumento a favor de la cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños es no permitir la impunidad, curiosamente el efecto que se termina propiciando es el contrario.


Puedes leer: Cadena perpetua, ¿una propuesta inconstitucional en Colombia?.
 

Ahora bien, en julio de 2020, mientras el país entero estaba confinado debido al nuevo coronavirus, el Congreso de la República modificó el artículo 34 de la Constitución Política, que entre otras cosas prohibía la prisión perpetua. Según la nueva disposición, esta pena solo se podría imponer de forma excepcional cuando se hallara culpable al procesado de los delitos de homicidio doloso o de acceso carnal violento contra niños, niñas y adolescentes.
 

Esta disposición, desarrollada a través de la Ley 2098 de 2021, fue recientemente declarada inexequible por la Corte Constitucional, aludiendo a la teoría de la sustitución constitucional.
 

En general, la Corte ha sostenido que cuando una reforma constitucional, que en principio solo se puede controlar en sus aspectos formales (el trámite en el Congreso, los debates, las mayorías), resulta contrariando alguno de los principios fundamentales de la Constitución Política de 1991, esa reforma puede ser interpretada como una sustitución constitucional y debe ser rechazada. Es lo que sucedería si en algún momento el Congreso estableciera que Colombia es una monarquía, o el carácter vitalicio de la Presidencia de la República, y es lo que pasó, según la Corte, con esta reforma constitucional.
 

En la Sentencia C-294 de 2021 (con ponencia de la magistrada Cristina Pardo S.), el Tribunal consideró que la reforma introducida sustituyó la Constitución porque contradecía el principio de la dignidad humana, esencial en el Estado social de derecho colombiano y transversal en el constitucionalismo occidental desde 1949, pues imposibilita la garantía de resocialización de las personas condenadas, que es una de las formas en que aquella dignidad humana se manifiesta en el derecho penal.

 

Entonces, hasta ahora se han expuesto dos argumentos –a mi juicio válidos– sobre la inconveniencia y la inconstitucionalidad de la cadena perpetua: la impunidad que propicia, y la afectación del estándar constitucional contemporáneo, centrado sobre todo en la dignidad humana. Quisiera añadir un tercer argumento, uno de carácter histórico, en el que me voy a detener brevemente.
 

La decisión de la Corte fue recibida con entusiasmo y con furia al mismo tiempo, y es evidente que un amplio sector de la opinión pública está descontento con la sentencia, porque parte de la consideración de que a los criminales, simplemente, hay que castigarlos, y que el castigo debe ser tanto más ejemplarizante cuanto más grave sea el delito.
 

Puedes ver: Cadena perpetua: ¿cómo y bajo qué condiciones se aplicaría en Colombia?.
 

Desde esta perspectiva no tiene sentido alguno que se hable de la función resocializadora de las penas. Se trata, pues, de un pensamiento premoderno anclado, a fuerza de tradición, en esta era constitucional. Durante cientos de años, antes de las revoluciones ilustradas, los castigos penales eran adjudicados con la intención de que el delincuente fuera excluido de la comunidad política. De ahí que fueran frecuentes las penas del destierro y el extrañamiento (con la confiscación de las propiedades).
 

Y, de los tres nodos principales desde los que brotaron esas revoluciones ilustradas, a saber, Estados Unidos, Francia e Hispanoamérica, el que más se introdujo en los conceptos racionalistas y garantistas del Derecho penal moderno fue el último. Mientras en Estados Unidos todavía hoy existe la cadena perpetua y la pena capital, y mientras en Francia ejecutaron (privadamente) al último condenado con la guillotina en 1977, y la misma fue abolida hasta 1981, Colombia fue el primer país en todo el mundo que, en una Constitución y de forma prolongada en el tiempo, abolió la pena capital por cualquier crimen, en 1863. En esa misma Constitución, la de Rionegro, se prohibió que la prisión pudiera prolongarse por más de diez años indistintamente del delito que fuera cometido.
 

Y si bien el movimiento gótico de la Regeneración volvió a implementar la pena de muerte y la cadena perpetua, cuando estas se volvieron a abolir, en 1910, Colombia seguía siendo pionera en ambos ámbitos en el plano global. Y no solo Colombia: Venezuela (1864), Costa Rica (1877), Ecuador (1897) y Uruguay (1907) fueron los primeros Estados en prohibir la pena capital en el plano constitucional, mucho antes que Alemania (1949), Suecia (1972) o España (1995).
 

Los movimientos conservadores que se oponían, y se oponen, a este avance en materia penal, siempre acuden al mismo razonamiento: la terrible impunidad que propicia creer en las bondades del ser humano. Pero ese argumento se derrumba fácilmente, como se ha visto, y considerando la antehistoria vanguardista de la región en estos temas, se entiende por qué la Corte Constitucional mencionó, en su nota de prensa sobre la sentencia aludida antes, que “admitir un retroceso de este tipo (se habla de la cadena perpetua) implica caer en la deshumanización del sistema penal, situación contraria a la voluntad y el espíritu del constituyente”.
 

Así, el problema con la cadena perpetua no es solo que sustituye la Constitución, o que resulta siendo una bandera del populismo punitivo, sino también que desconoce un aspecto único y llamativo de la historia colombiana: que más allá de nuestras falencias como sociedad, en algún momento creímos que hay algo bueno en el ser humano que merece ser rescatado, y que pese a la bajeza moral de algunas personas, todas tienen un derecho a la dignidad.

 


1 https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/cadena-perpetua-column-679152/

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