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La ambigüedad de la corrupción legal

En las últimas décadas, por primera vez en la historia ha surgido un discurso globalizado sobre qué es y cómo combatir la corrupción. La respuesta a la primera inquietud es que se trata de un delito grave con un enorme coste social; y para la segunda, que se combate haciendo cumplir no solo la ley, sino además un complejo sistema articulado de reglas, hacia el cual las administraciones públicas y las empresas deben mostrar su conformidad, para formar un “cordón sanitario” que aleje a la sociedad honesta de la tentación de sobornar.
 

Cuando una idea gana consenso global, adquiere un aura de inevitabilidad y casi una vida propia. Cuando un pensamiento se vuelve único suele ir acompañado de ceremonias que lo fortalecen, como el Día Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas (9 de diciembre de cada año); y de rituales, como el principio de “conformidad”, a los planes anticorrupción, que se convierten en liturgia articulada, recogidos en sustanciales documentos titulados “Plan nacional anticorrupción”.
 

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Entre los ritos que marcan el momento actual se encuentra la publicación anual de reconocidos índices de corrupción, uno de ellos el de “Percepción de la corrupción”, de Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín, o el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial. Otro, la publicación de rankings como una medida para absolver o condenar; según el lugar que se ocupe nos elevamos al cielo en el que se encuentran solo ciertos países escandinavos o Nueva Zelanda, o, en dirección contraria, hacia el calor del infierno, el de la corrupción total donde hay varios ejemplos de Estados fallidos. Tales indicadores, que se vuelven de diferentes matices en un mapa mundial, son tan ecuménicos como un globo terráqueo, casi como para bendecir –con el aire de aparente cientificidad que solo los números pueden dar– el discurso global sobre la corrupción, que se celebra y casi santifica.


Que mi tono no engañe al lector: personalmente contribuí al consenso sobre la corrupción que acabo de describir y no me arrepiento. Pero hoy nos equivocaríamos si no nos detuviéramos a reflexionar después de observar tanto los resultados mediocres que hemos obtenido en la lucha contra la corrupción, como los desagradables efectos de varios proyectos políticos alrededor del mundo, quedaría en la lucha contra la corrupción, la limpieza y la depuración (¿no es también la purificación ritual y ceremonia?) que sobre estos se ha fundado gran parte de sus ambiciones de poder.
 

No es ilegal pero es corrupción


Partiendo de esa equivalencia fundacional entre corrupción y crimen, ahora es necesario repensar el fenómeno de la “corrupción legal”, aquella que esconde de nuestros ojos los actos corruptos que no violan la ley, pero que aun así es corrupción.


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Pensemos en una empresa que desea aumentar sus beneficios contaminando el medioambiente. Puede hacerlo sobornando al inspector que debe hacer cumplir la ley que previene la contaminación, y será un delito grave. Supongamos ahora que esa empresa puede optar por otra vía para lograr el mismo objetivo: obteniendo la derogación o modificación de la ley que le impide contaminar, por ejemplo, financiando tanques de pensamiento –o think tanks– que niegan la evidencia científica sobre el calentamiento global y enfatizan en la primacía del ámbito económico; controlando los medios de comunicación que promueven los mismos puntos de vista y la misma agenda política, o realizando actividades de lobby. Así, la empresa se podrá enriquecer contaminando sin violar la ley, o ubicándose en esa zona gris entre lo permitido y lo prohibido, la cual es mucho más amplia cuanto mayor sea la cantidad de abogados capaces de contratar.


Otros ejemplos en el sector público son: someter las políticas públicas a los intereses de los grupos económicos; y utilizar información privilegiada para el beneficio propio y de terceros. Y en el sector privado, que los ricos hagan contribuciones a las campañas políticas, evadan sus responsabilidades tributarias o trasladen sus fortunas a paraísos fiscales sin que la justicia local le preste mucha atención a los movimientos extraños.


Por otro lado está la corrupción política, endémica en las sociedades latinoamericanas y que, en sí misma, encierra un mundo de prácticas que impiden el desarrollo de un país, como el abuso del poder, la obstrucción de la justicia, el encubrimiento o la naturalización de las malas prácticas políticas y la negación sistemática de los partidos políticos a admitir responsabilidades cuando han cometido errores.
 

Difícil de medir


¿Por qué la corrupción legal ha permanecido en la periferia del debate? Creo que por dos razones principales: la primera, no sabemos cómo medirla; tenemos buenas razones para creer que podría ser enorme, por ejemplo en Estados Unidos, donde una pequeña minoría tiene recursos económicos abrumadores y controla herramientas efectivas para convertir el resultado de los procesos democráticos a favor de sus propios intereses, de hecho, “capturarlo”. Allí la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza ha crecido: el ingreso del 1 % más rico en 1980 era el 10,7 % del ingreso nacional total, pero este porcentaje ahora es alrededor del doble. Se ha activado un círculo vicioso en el que una mayor desigualdad significa que una minoría privilegiada tiene más herramientas para influir en el proceso político, y por lo tanto puede enriquecerse aún más.


Si bien el aumento de la desigualdad en Estados Unidos es una señal de que el problema está empeorando, no se puede considerar como corrupción legal porque la desigualdad económica tiene múltiples causas. Así, es difícil hablar de lo que no se puede medir, y el énfasis del debate en un tipo de corrupción, la ilegal, y no en la otra, legal pero no menos importante, deriva
en parte de esta dificultad que hace impalpable y casi imposible afrontar lo que no sabemos cuantificar.


La segunda razón que explica la falta de atención a la corrupción legal es: centrar la atención en la corrupción-crimen reduce el problema a una dimensión individual, que concierne al cumplimiento de las leyes y normas, y el cumplimiento de los planes anticorrupción mencionados antes. Se ignoran así los aspectos colectivos y los problemas de funcionamiento de nuestras sociedades en su conjunto, y se logra ser eximido de responsabilidad, pues al redactar leyes y documentos sustanciales, y en definitiva, seguir al pie de la letra los rituales y liturgias vigentes, se demuestra que se cumple con las obligaciones.


Repensar la corrupción hoy puede no ser fácil, porque nunca es conveniente cuestionar hábitos, ritos y ceremonias compartidos. Pero es necesario repensar dicho fenómeno, precisamente porque se tiene que superar el discurso global actual partiendo de uno de sus pilares: esta es sumamente dañina, sea ilegal o legal.
 

Consulta aquí el especial de “Corrupción en Colombia: un mal que nace, crece, se reproduce y nunca muere”.

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