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Justicia indígena en el marco jurídico del país

Ejemplo de ello son los palabreros Wayúu, quienes existen desde hace más de tres siglos y cuya forma de gestionar es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como patrimonio inmaterial de la humanidad.


La jurisdicción, como figura constitucional, surgió ante uno de los movimientos indígenas más importantes del continente y en los albores del quinto centenario del comienzo del dominio español: 1991. Antes, la justicia ordinaria no reconocía que la justicia indígena actuara sobre sus procedimientos y sus leyes internas.
 

Con la Constitución Política de 1991 se les dio reconocimiento: al establecerse dicha jurisdicción cambiaron las reglas de interacción entre las autoridades comunitarias y estatales, produciéndose una nueva etapa en la relación entre los pueblos indígenas y su contexto.


Este cambio incluye que las actuaciones sobre los propios conflictos y derechos que tengan indígenas valdrán ante el sistema jurídico nacional. Por ejemplo, la validación externa de las decisiones comunitarias ha acelerado que se pase de los procedimientos orales a los escritos y ciertas formalidades propias del sistema judicial nacional; sanciones como el cepo y el fuete han cedido su lugar a la privación de la libertad.

Esto muestra que la justicia indígena –como escenario privilegiado de ejercicio de la autoridad– tiene un papel fundamental en la integridad cultural y territorial porque cada actuación subraya el alcance espacial y personal de la autoridad. Los sistemas normativos y las instituciones de administración de justicia son diferentes de una comunidad a otra y han venido evolucionando a lo largo de los siglos y no dejaron de hacerlo con la llegada del dominio occidental.


Al atribuirle competencia general a las instancias comunitarias, los indígenas tendrían una garantía del derecho a su cultura ya que serían juzgados mediante sus propias normas, sin el riesgo de que una autoridad extraña desautorizara lo que corresponde con sus valores e instituciones1.


Dicha jurisdicción es un puente que también puede ser transitado en beneficio de todo el país. No se trata solo del ahorro presupuestal y administrativo que implica librar a la rama judicial de la atención a los conflictos que se presentan en el interior de esas comunidades, que antes de 1991 solo habría pesado simbólicamente porque la población indígena rara vez había podido contar con respuesta judicial al reclamo de amparo a sus derechos.


Esta figura también abre la posibilidad de visibilizar, apropiar e integrar –en el campo jurídico del país– la experiencia, los conocimientos y las herramientas logradas por diversidad de pueblos.


La tutela como defensa


Para entender la realidad actual de la jurisdicción indígena es importante examinar la manera como se proyecta el sistema judicial nacional hacia las comunidades.


La única forma en que la justicia ordinaria puede intervenir en la justicia indígena es por medio de la acción de tutela. Cuando la comunidad indígena ha tomado una decisión o se ha rehusado a tomar una decisión sobre un asunto indígena, la persona que tiene que ver con el caso debe interponer ese recurso y la justicia ordinaria tiene que intervenir para amparar algún derecho que se considere lesionado pero el juzgamiento no deja de corresponderle a las autoridades propias.

La Corte Constitucional ha liderado en las Altas Cortes las tendencias que buscan compatibilizar la diversidad cultural con propósitos de unidad jurídica para el país. Aunque no ha habido uniformidad, las distintas posiciones reconocen que las comunidades indígenas cuentan con sistemas de valores y estructuras normativas que es necesario respetar y compatibilizar con el Estatuto de Derechos Humanos. Así, la persona de la comunidad que acuda a una tutela puede aducir que su autoridad no le está respetando sus derechos humanos en alguna actuación.


A partir del homicidio de un líder indígena, en 1994 hubo una discusión muy fuerte, pues la comunidad decidió imponer una sanción de 60 azotes con fuete, que de acuerdo con el propio indígena y Aministía Internacional, constituía una violación del derecho a no ser sancionado con una pena aflictiva.

Además de los cambios que genera la evolución de la comunidad internamente, el sistema de autoridades y sus reglas han reaccionado ante el asedio territorial que soportan, las presiones ambientales, políticas y económicas del contexto en el que se desempeñan y la agresión simbólica y física contra sus líderes y autoridades.
 

Tres décadas de la figura constitucional


La tendencia de respeto a la interculturalidad en el campo jurídico lentamente se ha abierto paso en los territorios entre jueces, fiscales y otros operadores del Estado, pese a que aún no se generaliza entre ellos el respeto y el reconocimiento hacia los sistemas normativos y las autoridades propias.


Las acciones articuladas entre las autoridades indígenas y el Estado han sido escasas y poco sistemáticas porque todas las iniciativas para una ley de coordinación de la JI con el sistema judicial nacional han naufragado.


Muchos operadores se resisten a reconocer saberes, normas e instituciones en instancias comunitarias, en parte porque la formación de las Facultades de Derecho no admite que el derecho va más allá de los códigos y leyes; en parte por el desconocimiento generalizado en el país sobre la realidad y la sabiduría indígenas y; en parte por el racismo que impide que se reconozca valor a lo que proviene de grupos sociales discriminados.

Mediante ella se remoza y articula la fuerza coactiva que siempre ha existido en todas las comunidades, innovando formas organizativas e incorporando metodologías y tecnologías de comunicación.

Del lado del centenar de las instituciones propias de justicia de los pueblos aborígenes ha habido cambios muy diversos, aunque cabe señalar algunas dinámicas constantes:

  • Los pueblos indígenas ahora tienden a valorar más la tradición en cuanto al derecho propio y la administración de justicia, sistematizando tradiciones, reposicionando el saber de los ancianos, especialmente, a sus autoridades espirituales.
  • Los operadores de justicia estatal comparten aún con el común de la población esa ignorancia sobre los pueblos existentes en el mismo municipio donde se vive y actúa.
  • Simultáneamente se ha avanzado en construir y adecuar –con cierta explicitud– la normatividad propia ante los retos internos y externos del presente.


Prácticamente en todos los pueblos indígenas del país se han generado reglamentos que redefinen los comportamientos de los comuneros y regulan la manera como las autoridades ejercen sus funciones en la actualidad. Para ello, en muchos casos acuden a normas e instituciones existentes en el sistema jurídico nacional apropiándolas a su particularidad cultural y a las dinámicas orgánicas a las que se incorporan.


Infortunadamente el impulso institucional de la rama judicial se limita hoy a un programa que todavía carece de un rubro en el presupuesto nacional que corresponda con las reales necesidades del desarrollo de la jurisdicción indígena y se limita a unos magros esfuerzos de diálogo nacional y territorial mediante unos encuentros de jurisdicciones que rara vez logran la interlocución del lado de las entidades estatales.


La única iniciativa que tiene recurrencia en el Estado es la promoción de los “centros de armonización” que han tratado de ser herramienta de apropiación del sistema carcelario a las particularidades culturales de los pueblos. Dichos centros son una versión más apropiada que la cárcel y en esto el Estado ha tenido una cierta proclividad para la inversión y que no tengan que ir a las cárceles estatales y, pese a que tiene muchos elementos complicados también es una consecuencia de la Constitución Política de 1991.


Escucha el podcast: Etnoeducación, para que lo indígena se vea como colombiano.
 

Consulta el Especial: Derechos indígenas, de la Constitución a la realidad.

 


[1]El artículo 247 de la Constitución Política de 1991 plantea que: “la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular”.

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