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Inequidad, una marca indeleble del Sistema de Seguridad Social

Partiendo de esto, los efectos de la pandemia y la forma de combatirla utilizada por el Gobierno, en un contexto de recesión económica, llevan a un debilitamiento de la afiliación al Sistema de Seguridad Social (SSS) y un aumento de la desigualdad.
 

La inequidad flagrante


La promoción de la inequidad a través de las políticas se puede observar con la disminución de los recursos destinados a la atención en salud, debida a la transformación del sistema general de transferencias territoriales en el Sistema General de Participaciones, creado por la Ley 715 de 2001.
 

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Los recursos a la salud se ajustaron nuevamente por la Ley 1122 de 2007 presentada por los ministros de Hacienda (Alberto Carrasquilla) y Protección Social (Diego Palacio). En ese sentido, “nuestros cálculos determinaron que, con estas dos leyes, entre 2008 y 2019 los entes territoriales dejarían de asignar para salud, educación, saneamiento y agua potable cerca de 52,2 billones de pesos de 2006”1.
 

Esta reducción empeoró la posición de los territorios más frágiles e imposibilitados para encontrar otras fuentes de financiamiento. Sin realizar análisis contrafactuales, sin esa caída, tal vez el panorama de los hospitales no fuera tan malo y el logro de la equidad hubiera sido una meta no tan lejana. Lo que se impuso con esto fue la dictadura fiscal, bajo el nombre de “ahorro fiscal”, que liberaba dinero para cumplir los propósitos del programa de gobierno de la seguridad democrática.
 

Algunos progresos en equidad en salud se obtuvieron por las actuaciones de la Corte Constitucional que, con la Sentencia T-760 del 2008, igualó los planes obligatorios de salud del RC y RS y abrió el camino para la expedición de la Ley 1781 de 2015, más conocida como Ley Estatutaria en Salud, que elevó a norma el derecho fundamental a la salud.
 

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Con bastante retraso se permitió la afiliación a riesgos laborales de los trabajadores del sector informal, pero dentro de un esquema que la ha mantenido en niveles reducidos. En materia pensional, al no ampliarse la relación salarial, la cobertura de afiliación (la de cotizantes) permanece relativamente baja, y lo está todavía más la cobertura de protección, es decir la de los pensionados, que son el 30 % de los adultos mayores.
 

Otro rasgo de inequidad es la pérdida de ingresos por la tasa de reemplazo liquidada por los fondos privados de pensiones, o sea la comparación entre la primera mesada pensional y el último salario percibido, que de acuerdo con el BID es del 28,7 %.


Los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) representan la falta de compromiso del Estado con la ampliación del sistema pensional: se erigen como una alternativa para la población pobre y se usan como justificación para terminar el régimen subsidiado en pensiones. Según la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), en abril de 2019 había 578.164 ahorradores BEPS, de los cuales 147.830 eran del sector rural, y se entregaba una mensualidad promedio de 83.190 pesos para los que ya estaban “disfrutando del programa”. Ante esta exigua mesada, el Gobierno decidió que el 73 % de quienes reciben rentas vitalicias tuviera acceso al programa Colombia Mayor, dándoles 160.000 pesos adicionales. Vale recordar que la línea de pobreza monetaria establecida en 2018 fija en 257.433 pesos la línea de pobreza y en 117.605 la de pobreza extrema.
 

La recesión económica acentuará la crisis del SSS


Por efectos de la pandemia por el nuevo coronavirus, la recesión económica se acentuará aún más, se profundizará la desigualdad social, y por tanto se debilitará el SSS: con la crisis se presenta una caída de los ingresos de los asalariados, aumento del desempleo y mayor precariedad e informalidad, en un mercado laboral cuya característica es la existencia de un régimen de bajos salarios, como lo muestra el hecho de que más del 70 % de los afiliados al sistema pensional devengan entre uno y dos salarios mínimos.
 

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para abril hay 5,4 millones de desempleados: una tasa de desempleo nacional de 19,8 % y de 23,5 % en 13 áreas metropolitanas y un aumento del 29,17 % en la población inactiva, en la que el rubro “oficios del hogar” representó el 44,5 % y el de “estudiantes” el 33,4 %. Además, en centros poblados y rural disperso el trabajador por cuenta propia constituía el 51,2 % de los ocupados y el trabajador sin remuneración el 6,9 %.
 

Sin duda esta “catástrofe” del mercado laboral afectará la afiliación al conjunto del SSS. En salud, que a diciembre de 2019 registraba 47.846.363 afiliados, con 12.973.366 cotizantes en el RC y 1.127.707 en regímenes exceptuados, es previsible que la pérdida de empleos incida en un aumento de la afiliación al RS.

El cierre de empresas impactará además la afiliación a riesgos laborales: la Encuesta Empresarial de Cámaras de Comercio –que virtualmente aplicó 9.070 encuestas el 7 de abril– muestra que el 94,2 % de la empresas disminuyó sus ventas, un 17,4 % tuvo cierre parcial, un 9 % cierre total, un 12 % redujo la planta y el 84 % afirma que de persistir la situación tendrán que cerrar en 1 o 2 meses. Por su parte, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) en Bogotá declaró que el 20 % de sus empresas afiliadas había cerrado definitivamente.
 

La pérdida de empleo e ingresos también reducirá la afiliación al sistema pensional. Así mismo, con la pérdida de rentabilidad de los fondos privados, la masa de ahorro disminuirá significativamente.
 

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En una estimación realizada en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes se afirma que con la situación reciente la línea del ingreso mediano “se ubicaría muy por debajo de la línea de vulnerabilidad”, habría una caída de 4,8 billones de pesos en los ingresos mensuales, incremento de cerca de 15 puntos porcentuales en la pobreza (7,3 millones de personas más que en 2019) y un ascenso de la concentración del ingreso (el coeficiente Gini pasaría de 0,509 a 0,574)2.
 

¿Qué nos depara la política estatal en el futuro inmediato?


La proliferación de la deuda en hogares, empresas y Gobierno, junto con la caída general de ingresos, impondrán que la financiación del SSS se realice por medio del Presupuesto Nacional, lo que reflejará en dicho Sistema la inequidad de la tributación existente en el país.
 

El llamado del consejo gremial para recuperar el empleo, a la vez que presenta una propuesta de reforma laboral que profundiza el modelo neoliberal de este capitalismo salvaje, oculta cómo el capital presencia el desplome de su rentabilidad y busca recuperarla cobijándose bajo la protección de las políticas económicas y trasladando los efectos de la crisis al mundo del trabajo. Tanto la reforma tributaria como la del SSS deben ir al unísono, propósito que se logrará en el campo de las transformaciones políticas jalonadas por una ciudadanía consciente de sus derechos sociales.

 


1 Rodríguez, Óscar. (2007). Las transferencias: entre el sistema de protección social, la gobernabilidad macro y la construcción territorial del Estado. Bien-Estar y Macroeconomía, 145. CID Universidad Nacional.

2 Ver: Universidad de los Andes. Facultad de Economía. (18 de mayo de 2020). Efectos en pobreza y desigualdad del COVID-19 en Colombia: un retroceso de dos décadas. Nota Macroeconómica, 20.

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