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¿Hay responsabilidad penal para los partidos políticos en Colombia?

La participación de los partidos en la elección de los dirigentes del país (gobernadores, alcaldes, o congresistas, diputados o concejales) evidencia que, además de ser uno de los principales canales para el ejercicio de los derechos políticos de los colombianos, estos también dan fe de que los ciudadanos postulados a tan importantes cargos son idóneos para la responsabilidad que tendrán, idoneidad que implica la defensa de nuestro orden constitucional y legal.
 

¿Pero qué ocurre cuando el militante de un partido político electo para uno de estos cargos rompe el juramento tomado y delinque?, y ¿qué responsabilidad tienen los partidos políticos cuando sus militantes ubicados en los más altos cargos del poder público usan sus finos sillones para saquear a la nación?, o ¿qué ocurre con los partidos cuando sus directivos, los encargados de avalar y de garantizar que estas colectividades políticas sean un instrumento democrático y no el epicentro del concierto para delinquir, también delinquen?
 

La investigación “La responsabilidad penal de los partidos políticos en Colombia y la justicia restaurativa en el castigo” plantea que para responder a dichos interrogantes se debe revisar la Constitución Política, que en su artículo 107 afirma:

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló” [y las sanciones también parecen precisas:] Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica.
 

Estas se refieren a respuestas y sanciones claras, pero quizás no han sido suficientes, esto en ocasión de las tantas condenas contra militantes electos por el voto popular.
 

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Podría parecer que las sanciones administrativas a ser impuestas a los partidos políticos se quedan cortas. Y de haberse quedado cortas, el paso siguiente puede ser integrar a la política criminal del Estado la investigación y determinación de la responsabilidad penal de los partidos políticos por los delitos tanto de sus candidatos electos como de sus directivos.

La novedad de lo dicho se ve opacada por los antecedentes de otros ordenamientos según varias experiencias internacionales: en Brasil la Ley 9.605 de 1998 dio la posibilidad de perseguir penalmente a las personas jurídicas involucradas en crímenes ambientales; en Chile la Ley 20.393 de 2009 responsabiliza penalmente a las personas jurídicas que no cumplieron con el deber de dirección y supervisión cuando uno de sus directivos ha cometido un delito en el marco de sus funciones; en Francia, según artículos 121-4 a 121-7 del Código Penal, son responsables las personas jurídicas (salvo entidades del Estado) a través de las cuales se cometan delitos por parte de sus directivos.
 

Sobre el medio para atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica –o un partido político– por una acción atribuible a un miembro de dicha organización, existen varias teorías que escapan al propósito de este artículo: vicarial (técnica aplicable ante la concurrencia de pena y medida de seguridad privativa de libertad), de transferencia o de rebote, del reporte de empresa o de la imputabilidad a la inversa.
 

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Según lo dicho, frente a la posibilidad de que las personas jurídicas y a su vez los partidos políticos puedan ser sancionados penalmente, surge el interrogante sobre el tipo de castigo a ser impuesto a una colectividad política, que no hay que perder de vista que es un mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la participación política.

Pregunta que puede ser resuelta acudiendo a las teorías de la pena, dentro de las cuales puede ocupar un lugar relevante la justicia restaurativa, según la cual “las víctimas se vuelven el centro judicial ya que mira hacia su dignidad, sus daños específicos, necesidades, su condición histórica y los efectos que la lesión ocasionó” [1].
 

En tal mecanismo de justicia cobran especial importancia medidas como las: i) Restaurativas, ii) De satisfacción y iii) De no repetición, las cuales son tomadas tanto de la Ley 1448 de 2011 [2] como de múltiples sentencias del Consejo de Estado [3].

Según la propuesta presentada, todo partido político que llegue a ser condenado penalmente tendría que recibir una sanción en términos “restaurativos”, es decir, en condenas en las que se ordene a las organizaciones políticas el fortalecimiento presupuestal de programas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía. En términos de “satisfacción”, que al implicar la dignidad de la víctima se ordene la difusión masiva del delito que generó la sanción contra el partido y en tercer término, desarrollar un conjunto de medidas que busquen la no repetición, a través de la generación de mecanismos y herramientas que busquen la postulación de ciudadanos que reúnan las calidad y cualidades necesarias para el ejercicio de un cargo de elección popular.
 

Para concluir lo dicho, además de reflexionar sobre la utilidad de la pena, los antecedentes nacionales y extranjeros en lo que se refiere a la sanción penal a personas jurídicas y sus sanciones, se suman los pasos dados hacia adelante por nuestras Altas Cortes en lo referente a sentencias que procuren la prelación de la víctima por sobre el castigo al victimario.


[1] Corte Constitucional, Sentencia C 017 de 2018.

[2] Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

[3] Sentencia del 14 de junio de 2013, sección tercera, subsección – c -, Magistrado Ponente Enrique Gil Botero, Radicado. No. 05001-23-31-000- 1995-00998-01(25180), Sentencia del 28 de agosto de 2014, sección tercera, Magistrado Ponente Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Radicado No. 5001-23-25-000-1999- 01063-01(32988), Sentencia del 20 de octubre de 2014, sección tercera, subsección –c-, Magistrado Ponente Enrique Gil Botero, Radicado 05001-23-31-000-1996- 00439-01(29979), Sentencia del 15 de abril de 2015, sección tercera, subsección –A-, Magistrado Ponente Hernán Andrade Rincón, Radicado No. 54001-23-31- 000-1995-09280-01(30860).

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