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Garantías a la independencia judicial en América Latina, un proceso inacabado

Para los países de América Latina, que tienen regímenes mayoritariamente presidencialistas en los que la figura del presidente suele ser bastante fuerte y acumular a su alrededor amplias coaliciones políticas y privadas, es esencial la existencia de un poder judicial verdaderamente autónomo e independiente que logre garantizarles a los ciudadanos la protección de sus derechos frente a posibles abusos o extralimitaciones.

Cuando un país no cuenta con la garantía de la independencia judicial se presenta una desprotección de sus ciudadanos ante las posturas políticas de turno que suelen tener su propia agenda priorizada de derechos.

“El juez independiente es aquel que determina desde el derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho mismo”.[1] La independencia judicial supone, por tanto, que la labor del juez esté libre de injerencias e influencias provenientes de otros actores, internos o externos, como otras agencias estatales, grupos de presión, la opinión pública, sujetos privados poderosos, o incluso de otros jueces.

La también llamada “autonomía funcional del juez”, hace referencia, en últimas, a la independencia en el actuar de los funcionarios de la justicia para garantizar el debido proceso y un juicio imparcial. En definitiva, esta garantía es de la que depende la correcta protección de todos los demás derechos.

Un mal de la región

Los informes[2] de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) dan cuenta de la penosa situación de algunas de las instituciones judiciales en América Latina respecto al cumplimiento de los principios internacionalmente establecidos.

En 2014 se llevaron a cabo en Guatemala diversos procesos de selección de funcionarios judiciales que incluyeron tanto a magistrados del Tribunal Superior Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones como al fiscal General, lo que implicó una renovación del sistema judicial que la prensa internacional señaló como irregular y marcada por controversias.

Entre las principales denuncias se alega que la selección fue excesivamente discrecional y que no se valoraron de manera suficiente los méritos y la excelencia profesional de los candidatos, por lo que el informe declaró que “la sistematicidad de las injerencias constatadas hacen ver que existe un debilitamiento sistemático de la calidad y la independencia de la justicia guatemalteca”.[3]

La eficaz elección de los jueces es parte primordial de un buen sistema judicial, por lo que existen diferentes mecanismos para su elección, en los que se conjugan los méritos académicos, la experiencia y la formación profesional, con las cualidades personales y éticas de los aspirantes. Cumplir con ambos requisitos debe ser necesario para otorgarle a un sujeto la guardia de los derechos de sus connacionales y la importantísima tarea de impartir justicia.

Esta elección eficaz también se garantiza legitimando al órgano elector y al de control. En ambos casos, estos órganos deben estar conformados por pares de los jueces que sean competentes para entender la actividad judicial y sean ajenos a toda influencia política o burocrática. Los integrantes de estos órganos deben gozar de calidades morales y profesionales intachables.

En Perú, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es considerado como el órgano de América Latina con más facultades institucionalizadas para la aplicación de procesos disciplinarios a los abogados. Sin embargo se denuncia que el proceso de disciplina a los funcionarios judiciales es tan extremamente formalista, complicado y ambiguo, que puede representar un peligro para el derecho al debido proceso de los investigados y prestarse para extralimitaciones.

Justicia politizada

Una situación similar se presenta en Costa Rica, donde, en términos generales, el régimen disciplinario garantiza los derechos de los funcionarios judiciales, excepto en la posibilidad de sancionar al juez por el “retardo o errores graves e injustificados en la administración de justicia”, esta expresión ampliamente imprecisa deja abierto el camino para interpretaciones arbitrarias que condenen el actuar de los jueces dentro de los procesos judiciales de su conocimiento.

En Ecuador, la reforma a la justicia fue un tema de amplios titulares durante “la revolución ciudadana” dirigida por el gobierno de Rafael Correa; en 2011 el Gobierno convocó una consulta popular que modificó la conformación del Consejo de la Judicatura dándole un tinte político, lo que sin duda pone en entredicho la autonomía de los nuevos juristas que lo conformaron.

De otro lado, en Colombia, el trámite de reformas políticas que proponen la creación de un “Tribunal de Aforados” que juzgue las conductas de los magistrados de las altas cortes se ha convertido en un fortín político de la llamada “lucha contra la corrupción”, y los partidos políticos que la apoyan obtienen mayor caudal electoral entre más fulminantes sean las facultades que le atribuyen a este tribunal.

Por su parte, la judicialización del proceso político brasilero, a través del juicio al expresidente Lula, hizo que la justicia a su turno se politizara y se convirtiera en otro capítulo del mal llamado “gobierno de los jueces”.

Finalmente, los informes de la DPLF definen los órganos judiciales de países como El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua como “medianamente independientes y muy poco transparentes”.

Formalismo y populismo, dos males que dañan los aparatos judiciales

En general, en América Latina el apego formalista a las normas, sumado a una trayectoria política de populismos, no ha permitido un análisis sociológico serio de las falencias institucionales de la justicia. Los trámites de reforma legislativa siempre están permeados por intereses partidistas y electorales, que impiden formar una judicatura verdaderamente independiente, capaz de posicionar a los jueces en el lugar irreprochable y emancipado que se les exige.

Sin embargo es necesario indicar que, a partir de los múltiples escándalos de corrupción que agobian a la justicia en el hemisferio, se ha reforzado una tendencia internacional que exhorta a las instituciones judiciales a incluir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para recobrar la confianza ciudadana y combatir la corrupción.

En el ejercicio de la justicia existen múltiples instrumentos internacionales de transparencia y rendición de cuentas, algunos incluso son de vieja data e intentan fijar parámetros para la actuación de los jueces en una cultura de honradez y transparencia.

Entre estos sobresalen: los “Principios de Bangalore sobre la conducta judicial”, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 2006;[4] el Estatuto Universal del Juez, aprobado por la Unión Internacional de Magistrados en 1999; la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, elaborada por el Consejo de Europa en 1998, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, establecido en por la Cumbre Judicial Iberoamericana y cuya última reforma es de 2014; los principios del Commonwealth (Latimier House) sobre los tres poderes del Estado, aprobados en Abuja en 2003; y la Declaración de Principios Mínimos sobre la Independencia de los Poderes Judiciales y de los Jueces en América Latina, afirmados por la Asamblea General de la Federación Latinoamericana de Magistrados en 2008.

Estos principios y declaraciones, que en su mayoría no son de obligatorio cumplimiento, tratan de promover un criterio de conducta en los servidores judiciales basado en ética, moralidad, imparcialidad y transparencia.

En este punto es importante resaltar que la transparencia se impone no solo como una forma de legitimar los sistemas de justicia, sino principalmente como una garantía para los ciudadanos sobre el actuar de sus jueces.

Sobre la independencia de los magistrados y abogados, la relatora especial de la ONU, Gabriela Knaul, estableció en su informe de 2014 que la independencia y la imparcialidad no se exigen en beneficio de los jueces mismos (como un privilegio a estos), sino de los ciudadanos como parte de su derecho inalienable a un juicio imparcial, por lo que se requiere de mecanismos de rendición de cuentas para verificar que cumplen con su propósito.

Así, la independencia judicial es el principio capaz de garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos consagrados para el bienestar de los ciudadanos.

Los regímenes presidenciales fuertes en América Latina hacen aún más necesaria la garantía de este principio de independencia. No obstante un recuento general del panorama latinoamericano pone en evidencia algunas complicaciones frente a la elección, el control disciplinario y la despolitización de los sistemas judiciales en la región.

Por eso los estudios que exaltan y animan a seguir los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas que se han venido reivindicando en acuerdos internacionales también enfatizan en la necesidad de fortalecer la independencia judicial mediante sistemas eficaces de elección y control de los jueces, que garanticen sus cualidades morales y profesionales a la vez que las protejan de intervenciones y presiones externas de actores sospechosamente interesados.


[1] Código Iberoamericano de Ética Judicial. Reformado el 2 de abril de 2014 en la XVII Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Santiago, Chile. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_57.pdf

[2]http://www.dplf.org/es/resources-topics/transparencia

[3] Derechos humanos e independencia judicial en Guatemala. Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Fundación Myrna Mack (FMM). Marzo de 2015.http://www.dplf.org/sites/default/files/inf_audiencia_gt_independencia_judicial_19_marzo_2015_dplf_fmm.pdf

[4] Resolución 2006/23, titulada “Fortalecimiento de los principios básicos de la conducta judicial”.

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