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Fluctuante escenario internacional dificultaría política exterior del nuevo gobierno

La llegada de un nuevo gobierno es la oportunidad para establecer un punto de referencia inicial respecto a los propósitos, expectativas y necesidades que se le plantean. El otro referente se da una vez finalizado el periodo presidencial, cuando se hace el balance de los logros, las promesas incumplidas y los pendientes que deja la administración saliente. 

 

La ponderación de lo sucedido entre ambos momentos no suele ser en blanco y negro, pues son múltiples los factores que entran en juego, e intrincados los procesos que se desarrollan en la arena internacional. Para empezar, es preciso señalar que en el mundo globalizado del siglo XXI en el que vivimos cada vez es más difícil de fijar la clásica distinción entre lo interno y lo externo; esto implica a su vez una transformación en el ejercicio mismo de la política, una mutación del sentido y alcance de la soberanía nacional, y un trastocamiento del significado y la práctica de la democracia. Varios aspectos así lo reflejan. 

 

En primer lugar, el manejo de las relaciones externas ya no se circunscribe al Ministerio de Relaciones Exteriores ni al dispositivo diplomático tradicional; esto significa no solo que muchas otras instituciones y agencias gubernamentales están involucradas, sino también que el papel de la sociedad civil es cada vez más importante. 

 

En Estados Unidos el tema de la política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua es un asunto que divide a los dos partidos y que seguramente saldrá a relucir en las elecciones al Congreso cabo el próximo noviembre. 

 

En segundo lugar, en la agenda internacional adquieren relevancia temas que hasta hace poco se consideraban como cuestiones fundamentalmente domésticas: la defensa de los derechos de las minorías, los indígenas y las mujeres; la preservación del medioambiente y el cambio climático; la lucha contra la pobreza; el reconocimiento de la diversidad cultural; y el acceso y las implicaciones de la innovación tecnológica, entre otros.

 

En tercer lugar, en el mundo se ha ido tejiendo un entramado de principios, valores y prácticas que fijan parámetros de comportamiento para los Estados. Varios de ellos han sido consagrados en tratados interestatales, otros se establecen de forma consuetudinaria, y otros más son definidos por instituciones y organismos internacionales. Aunque aún incipientes, tales formas de regulación global hacen que la capacidad de decisión y de acción de los gobiernos nacionales se vea, al mismo tiempo, limitada y potenciada. 

 

Teniendo esto en mente revisemos qué es lo que aparece en ese punto de partida inicial en el que nos encontramos. Varias preguntas surgen al respecto: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la administración Petro en sus relaciones internacionales?, ¿qué lineamientos se han anunciado en este ámbito?, ¿cuáles son los factores que pueden incidir en la consecución de los objetivos que se propone?, y ¿cómo condiciona el actual entorno internacional la agenda del nuevo gobierno? 

 

La mayoría de los asuntos cruciales del proyecto político del Pacto Histórico están atravesados por factores internacionales; de manera contradictoria, tales elementos juegan, tanto a favor como en contra, en los planes de la administración. 

El compromiso con la paz 

 

El nuevo gobierno ha reiterado su propósito de implementar integralmente el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016 y adelantar negociaciones con la guerrilla del ELN. Esto requiere de respaldo tanto político como financiero.

 

El país ya cuenta con una amplia experiencia en la llamada “Diplomacia por la Paz”, adquirida en la década anterior bajo la administración Santos; varios países y organismos internacionales han seguido comprometidos con el posconflicto y ven de manera favorable que se retome este camino. 

 

No obstante, el escenario internacional ha cambiado: tanto los efectos de la pandemia como los conflictos en otras partes del mundo hacen que el interés y los recursos para darle un nuevo impulso a la paz sean menores. 

 

La normalización de las relaciones con Venezuela 

 

Después de tal vez el periodo más turbulento en la historia de las relaciones con el país vecino, la administración Petro se ha propuesto cambiar la política de confrontación y restablecer los vínculos. 

 

Durante el gobierno Duque las tensiones con Venezuela fueron en aumento debido a la oposición ideológica y a la agudización de los problemas de seguridad; tanto Caracas como Bogotá terminaron por implementar una política intervencionista recíproca que llevó a la ruptura. Así mismo, el colapso del Estado venezolano y su deriva autoritaria generaron una enorme ola migratoria de la cual Colombia ha sido el principal receptor. 

 

Por el momento, el ambiente para esa normalización es propicio. El régimen de Maduro se muestra receptivo con un gobierno de izquierda como el de Petro. Por su parte, pese al mantenimiento de las sanciones económicas, la política de Estados Unidos se flexibiliza dando lugar a negociaciones con Caracas para garantizar el suministro de petróleo. Los grupos armados ilegales con presencia en el país vecino manifiestan su disposición al diálogo. La nueva administración reconoce la necesidad de gestionar de manera concertada asuntos como la seguridad en la frontera, la atención a la población migrante y la restauración de los flujos comerciales. 

 

Sin embargo, no será una tarea fácil; los problemas en la frontera se han ido acumulando por años, y los mecanismos institucionales de gestión bilateral se han deteriorado o han desaparecido. La economía venezolana está lejos de retomar su cauce y la crisis política interna no encuentra salida; así pues, la recuperación del país vecino puede tomar décadas. 

Un sector político en Colombia se opone a la normalización de las relaciones y sigue viendo en el “castrochavismo” una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad del país. De otra parte, en Estados Unidos el tema de la política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua es un asunto que divide a los dos partidos y que seguramente saldrá a relucir en las elecciones al Congreso el próximo noviembre. 

 

El restablecimiento de las relaciones también enfrenta un desafío político: es preciso no caer en la trampa del alineamiento ideológico y la lógica binaria de amigo/enemigo. La defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la prevalencia del Estado de derecho son y han sido valores fundamentales para el país. 

 

Conciliar la defensa de esos principios con el reconocimiento y el respeto de la soberanía nacional, la propia y la ajena, parece a veces la cuadratura del círculo. No obstante, una actitud pragmática en el manejo de las relaciones de vecindad resulta ahora ser la más aconsejable. 

 

La política antinarcóticos 

 

El nuevo mandatario ha sido un crítico permanente de la lucha contra las drogas, la que considera como una guerra fallida. De hecho, anunció su intención de cambiar el enfoque represivo que ha prevalecido hasta ahora. Esto implica enfrentarse a la actual política antinarcóticos de los Estados Unidos y buscar respaldo internacional a una visión centrada en la salud pública, el control de daños, y, eventualmente, la legalización. 

 

Colombia tiene las credenciales para impulsar este debate internacional y podría establecer un frente común con varios países de la región, por ejemplo México y Bolivia. Así mismo, la sensibilidad y la percepción pública del tema se viene transformando; la demonización de las drogas psicodélicas que prevaleció en Estados Unidos por décadas ha dado paso a una perspectiva más diversa que se refleja en la legalización de la marihuana en varios Estados de la Unión de las Repúblicas Americanas. 

 

El cambio también se explica a raíz de la actual crisis de los opioides que sufre ese país; los altos niveles de adicción, así como las cientos de miles de muertes por sobredosis se deben ya no solo a las tradicionales drogas ilícitas que vienen de fuera, sino a los medicamentos producidos por las propias farmacéuticas estadounidenses. Pese a ello, la legalización como solución definitiva todavía no es una opción viable. En medio del extremo clima de polarización que se vive en Estados Unidos, una flexibilización en la lucha contra las drogas en el exterior tendría un alto costo político que el gobierno de Biden no estaría dispuesto a asumir. 

Matriz energética y cambio climático 

 

Una de las principales propuestas de la nueva administración es terminar con la dependencia de la economía colombiana de la exportación de combustibles fósiles, objetivo que está ligado a la intención de preservar el medioambiente y adoptar medidas frente al cambio climático. Se trata de revertir los efectos de décadas de neoliberalismo que generó en América Latina la reprimarización de sus economías, la pérdida de la capacidad de producción industrial y la sobreexplotación de los recursos naturales. 

 

Sin duda es indispensable un cambio del modelo económico, de los modos de producir y de consumir, lo que implica a su vez una transformación profunda de la relación con la naturaleza. El desafío radica en cómo llevarlo a la práctica cuando nos hallamos inmersos en una intrincada economía de alcance global. 

 

En el horizonte hay varios obstáculos a superar: la economía colombiana se basa en la exportación de petróleo y carbón; de allí proviene el grueso de los recursos que sustentan el gasto estatal. Por lo pronto no hay una producción alternativa que reemplace la explotación minera, que sea ecológicamente sustentable y que pueda competir globalmente. 

 

En todo el mundo, la recesión económica generada por la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania han trastornado el mercado energético e incrementado la demanda de combustibles fósiles. El imperativo por lo pronto es producir más petróleo y gas, y no menos. 

 

En medio del extremo clima de polarización que se vive en Estados Unidos, una flexibilización en la lucha contra las drogas en el exterior tendría un alto costo político que el gobierno de Biden no estaría dispuesto a asumir. 


El gobierno de Petro ha señalado que el cambio de la matriz energética es un objetivo de largo plazo y que durante su mandato busca sentar las bases y sensibilizar a la población de la necesidad de un nuevo modelo. En el ámbito doméstico, se requiere de un gran consenso nacional en el que puedan converger la mayoría de las fuerzas políticas y participe tanto el sector privado como las organizaciones sociales. 

 

En el ámbito mundial, la transición de los combustibles fósiles hacia energías limpias estará marcada por las fluctuaciones de los mercados, el nivel de estabilidad política en las distintas regiones, y la acentuación de los efectos del cambio climático. El ritmo y el alcance de esta transformación es, pues, sumamente incierto. 

 

En suma, el punto de partida del nuevo gobierno es ambicioso e incluso visionario; sin embargo, la capacidad de alcanzar los objetivos propuestos dependerá mucho de lo que suceda en un escenario internacional tan complejo y fluctuante.      

Consejo Editorial