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Eutanasia o el derecho fundamental a una muerte digna

La abogada constitucionalista Diana Hincapié, profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional (UNAL) y candidata a doctora en Bioética, señala que “en nuestro texto constitucional el derecho a la vida aparece como parte de la dignidad humana”.
 

Aunque en diferentes momentos de la historia reciente de Colombia se ha propuesto despenalizar o descriminalizar el delito denominado “homicidio por piedad” y no se ha logrado, existe una serie de requisitos para poder acceder a ese derecho fundamental.
 

“La eutanasia puede ser activa o pasiva: la primera está relacionada con una acción, comportamiento o acto profesional médico para suministrar anestésicos en unas dosis considerables para que el paciente pase de un sueño al sueño eterno; la segunda supone dejar de hacer algo como suspenderle la ventilación mecánica a un paciente, lo cual es bastante cuestionable”, sostiene la profesora Hincapié.
 

Por su parte, el suicidio asistido está relacionado con que sea el mismo paciente quien se provoque la muerte, dejando las pastillas o retirándose el dispositivo que le permite respirar.
 

Este año, la sentencia de constitucionalista 233 del 23 de julio abrió la puerta a que más personas pudieran acceder a la eutanasia: “la Corte Constitucional había ampliado la despenalización o descriminalización del homicidio por piedad cuando se hablara no solo de enfermedades terminales, crónicas, incurables y progresivas, sino que era posible que el derecho a morir lo ejercieran personas que padecieran de una enfermedad no terminal que les generara demasiado sufrimiento o agobio”.
 

Eso precisamente fue lo que sucedió con el caso de la señora Martha Sepúlveda, quien tenía programada una eutanasia por una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y faltando pocas horas para el acto, este se suspendió.
 

Según la abogada Hincapié, “la ELA es supremamente dolorosa, los padecimientos son enormes e indescriptibles”.
 

“A partir de la Constitución de 1991 Colombia es un Estado aconfesional, por lo tanto los derechos humanos no se ejercen conforme a confesiones religiosas”, concluye.

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