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Es tiempo de liberar la tierra

La Procuraduría para Asuntos Ambientales y Agrarios hizo un llamado especial a la protección de la agricultura familiar, campesina y comunitaria y del campesinado como principal productor de alimentos.2


Puedes ver: Seguridad y soberanía alimentaria, ¿qué son y por qué son importantes?.


Con esto, muchos que antes ignoraban el tema empezaron a comprender que la alimentación es en realidad vital y mucho más importante que otros asuntos que antes se priorizaron. Por primera vez, los alimentos resultaron ser más importantes que el dinero, los automóviles, el precio del dólar o del petróleo. Afloró la conciencia colectiva sobre lo que se sabía hace muchos años, pero se pasó por alto: que el campesinado alimenta al mundo y que en el caso de Colombia, produce al menos el 70% de lo que nos comemos.


Sin embargo, esta importante labor se hace en condiciones muy precarias a las que se suman los embates de la violencia, las cuales se explican al menos por tres factores:
 

1. Los efectos humanos y socioeconómicos del conflicto armado;

2. la inexistencia de políticas redistributivas de la tierra, además de las altas restricciones de acceso a políticas para el desarrollo rural, que impiden el progreso social en el campo;  

3. y la imposición de una agenda política que ha victimizado aún más al campesinado.
 

Sin tierra, no hay dónde sembrar


Al analizar los censos agropecuarios y otras fuentes desde 1960, resalta la profundización de la concentración de la propiedad rural: si en ese año las explotaciones menores a 200 ha representaban el 98 % del total de unidades censadas, y concentraban el 45 % de la superficie, para 2014, según el último censo agropecuario, las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) menores de 200 ha, continúan representando el 98 % del total, pero redujeron su participación en la superficie, acumulando apenas el 17,5 % del área total. Así, si bien entre las formas metodológicas de los censos hay importantes diferencias, la evidencia empírica sustentada en los datos demuestra la alta concentración del bien primario, y la consecuente escasez de tierra a la que se somete a la economía campesina.
 

La mayor concentración de la propiedad ha ampliado la inequidad en la distribución de la tierra, al tiempo que ha mantenido los usos ineficientes, pues las parcelas constituidas en áreas cada vez menores a la Unidad Agrícola Familiar (UAF)3 tienen que sobreexplotar el escaso espacio disponible en usos agropecuarios, principalmente en la producción de alimentos; mientras que en el otro extremo, predios cada vez más grandes son dejados en rastrojos y praderas donde pastan vacas que, en promedio usan más tierra que una familia campesina.
 

Puedes leer: Marginalidad y crisis en el desarrollo rural de La Macarena.


Esta organización de la producción y de la ocupación del espacio rural colombiano ha permanecido intacta en el país, a pesar de múltiples leyes que se denominaron como  de  reforma agraria y de desarrollo rural, las cuales mostraron progresos en la formalidad de la norma pero carecieron de aplicación real y por ende no han logrado las transformaciones necesarias. La evidencia muestra que los conflictos por uso y distribución de tierras, que simultáneamente se reprodujeron en contextos de violencia, han profundizado las desigualdades y exorbitado las disputas por la tierra, llevando a la disminución progresiva de pequeñas y medianas propiedades.

Frente a este hecho, ni el Gobierno nacional, ni la mayoría de sectores políticos y mucho menos los empresarios nacionales han dicho nada. Si bien se ha avanzado en la conciencia colectiva sobre la importancia del campesinado y su papel en la producción de alimentos, a pocos les preocupa que se espere que sigan produciendo los alimentos sin contar con el recurso básico para ello: la tierra.
 

¿Es mejor la seguridad que la soberanía alimentaria?


Hasta los defensores más acérrimos del libre comercio y la apertura económica hoy deberían sugerir la protección y promoción de la producción campesina, pues el concepto de seguridad alimentaria que siempre han defendido, en oposición a la soberanía alimentaria garantizada en lo fundamental por economías campesinas, hoy está derrumbándose por la conexión directa que se ha dado a la satisfacción de la necesidad básica de alimentarse con la macroeconomía.
 

La seguridad alimentaria es un subproducto del viejo concepto de ventajas comparativas, que para el caso de economías dependientes como la colombiana significa especializar la oferta nacional de bienes y servicios en aquellos que “mejor se produzcan” y que tengan demanda extranjera. Bajo este postulado, la especialización de la producción generaría las divisas necesarias para comprar distintos bienes a precios más baratos –por ejemplo  alimentos- en el mercado internacional, lo cual disminuiría o estabilizaría los precios, y además aumentaría la productividad.
 

Puedes escuchar: ¿En Colombia importa más la disponibilidad de comida que su calidad?.


A partir de esta idea se encaminó a la sociedad por una senda de sustitución de la producción nacional por la extranjera -especialmente con posteridad a la década de los ochenta- obligando a la desaparición de diversos cultivos y a la depredación de la institucionalidad para el desarrollo rural, mediante el filtro “puro e invisible” del mercado.
 

Según el Ministerio de Agricultura, entre 1991 y 2017, el volumen de las importaciones de origen agropecuario se multiplicó por diez. Si en 1991 se importaron 1,2 millones de toneladas de insumos agropecuarios (en su mayoría alimentos) en 2017 este volumen alcanzó 13 millones de toneladas.
 

Los efectos de tal adopción de política han sido devastadores en sus dos fases: la apertura comercial y el libre comercio (mediante la suscripción y entrada en vigor de varios Tratados de Libre Comercio – TLC, especialmente en la última década). La mayor exposición a la competencia extranjera impactó en la producción, siendo notables los estragos en la caída pronunciada del área sembrada durante la década de los noventa y su lenta recuperación posterior. De acuerdo con el anuario estadístico del Ministerio de Agricultura, el área sembrada en Colombia en 1990 era de 4,53 millones de hectáreas, para 1998 se había reducido a 3,4 millones de hectáreas y en 2017 se sembraron 4,6 millones de hectáreas. Es decir, 17 años después de experimento de apertura y libre comercio estábamos en igual nivel de cultivo.
 

Este decrecimiento del área sembrada afectó a estratos sociales y productivos bien definidos, particularmente algunos rubros productivos de la economía campesina y algunos productores medianos, en gran proporción especializados en cultivos de ciclo transitorio. El crecimiento sostenido de las importaciones sustituyó producción nacional en renglones específicos como los cereales (trigo, cebada, sorgo y maíz), que además de significar la pérdida de empleos y formas de subsistencia, implicó la desaparición progresiva de variedades de semillas propias.

En esta substitución de la producción algunos sectores ganaron. Sin embargo lejos de invadir el mercado internacional por mayores índices de competitividad, en muchos casos sus ganancias se anquilosaron al mercado doméstico, siendo mantenida la producción en gran proporción por el apoyo estatal creciente (generación de mercados, subsidios, créditos blandos, entre otros.). Entre los escasos ganadores en la multitud de la pérdida, se cuentan renglones como la palma de aceite, caucho y otros cultivos perennes (varios ni siquiera constituyen insumos para la producción de alimentos). Tan evidente contradicción se explicaría en que la ventaja comparativa no ha sido ejercida por la acción pura e invisible del mercado, sino por la mano visible de los intereses particulares sobrerrepresentados en el Estado.
 

El crecimiento sostenido de las importaciones sustituyó la producción nacional en renglones específicos como los cereales (trigo, cebada, sorgo y maíz), que además de significar la pérdida de empleos y formas de subsistencia, implicó la pérdida de variedades de semillas propias.


La actual coyuntura y su devenir también deben cuestionar la naturaleza política y económica de la seguridad alimentaria bajo los dogmas del libre mercado y la apertura: después de varias décadas y ante la inocultable crisis, se puede afirmar que no se pasó a producir lo mejor, ni que la especialización fue lo más eficiente, sino que el país dejó de producir cereales por ser más baratos en el mercado internacional para producir aceite de palma, pero está ampliamente demostrado que otros países producen este commodity a más bajos costos de producción y con menores transferencias estatales. Hoy esta sustitución genera costos excesivos y potencialmente trágicos; otros países en cambio, producen este producto básico a más bajos costos de producción y con menores transferencias estatales.
 

La crisis de hoy -que es anterior al COVID-19 pero que se hace más evidente con la pandemia- también devela el costo creciente de la seguridad alimentaria en oposición a la soberanía, pues ante el aumento del precio del dólar, cada unidad importada de insumos agropecuarios se hace más costosa, lo que se verá reflejado en el precio de los bienes de consumo final.
 

Por todo lo señalado anteriormente y en el escenario incierto en que se escriben estas líneas, es importante advertir que si no se protege a las comunidades campesinas de los peligros propios de la pandemia y además no se apoya su reconocimiento social y productivo, la exposición a la crisis se revelará no solo en datos macroeconómicos sino en la sensación del hambre y la malnutrición. 
 

Te puede interesar: Medidas para reducir el hambre y el desperdicio de alimentos son insuficientes.


Las opciones


La pandemia actual evidencia las fragilidades como especie, quedando manifiesto, entre otras cosas, que para subsistir no se requiere de una multiplicidad de bienes creados como necesidades bajo patrones de consumo. La noción de “lo básico” aflora ante las circunstancias siendo el acto de  alimentarse  parte de esta noción: esta evidencia nos debe llevar a comprender que para satisfacer la necesidad básica de alimentarse y hacerlo con alimentos reales y saludables que aporten nutricionalmente, se hace necesario reconocer la actividad realizada por un sujeto social poco valorizado en la sociedad como el campesinado.
 

Esta comprensión sobre el carácter fundamental y político del acto de comer, debe plantear la reflexión sobre la validez y necesidad de convertir en propias las demandas históricas del campesinado, tanto por el acceso a la tierra como por su representatividad social y política.
 

También al entendimiento de que la garantía de la alimentación como derecho humano fundamental depende de su bienestar y reconocimiento. Ante las consecuencias ya presentes y el porvenir incierto, resulta inaceptable la indiferencia persistente frente a este sujeto social y hacia otros que de verdad garantizan lo básico de la sociedad, por ejemplo: quien se encarga de recoger y tratar los desperdicios, quien transporta bienes y servicios, quien hace las labores de cuidado del hogar o de personas con discapacidad, quien atiende y cura las enfermedades.
 

Es el momento que como sociedad hagamos propios reclamos como la distribución equitativa de la tierra y la defensa de la función social y ecológica de la propiedad, tan reiteradas en documentos, pero ausentes en las políticas públicas y  la legislación tanto en los tiempos de supuesta normalidad como también en estos días de excepcionalidad.
 

A esto se le debe sumar garantías para la organización social, acceso a infraestructura física, garantías de precios y de comercialización, entre otros. Sería necesario entonces revivir la esencia de instituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), que desapareció con la reestructuración neoliberal del Estado; no es casualidad que ante las reiteradas denuncias de imposibilidad de comercialización de la producción en varias zonas del país, hoy resulte cara la ausencia de una institución como esta.
 

Si antes de la pandemia se vislumbraba que no se iba por un buen camino, llegó la hora de hacer profundos cambios, una medida urgente debería ser liberar la tierra acaparada y concentrada en unas pocas manos que no la trabajan.
 

Es hora de entregarle la tierra a los campesinos y campesinas, sin caer en la  visión que los ha instrumentalizado y asumido como siervos del resto de la humanidad, sino porque es hora de reconocernos también en lo hostil de sus históricas circunstancias y en lo legítimo de sus demandas.
 

Ya que desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) se hizo un llamado por los derechos pidiendo a los gobiernos del mundo liberar a los prisioneros de las cárceles, bien se podría conminar también de manera urgente a gobiernos y terratenientes a que liberen la tierra acaparada.

 


1 Comunicado oficial de la ONU divulgado el 25 de marzo de 2020. https://www.youtube.com/watch?v=OQ3XiFCSuTY

2 Ver: Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Memorando No.005 sobre “Abastecimiento alimentario y protección de la economía familiar, campesina y comunitaria en el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional” del 27 de marzo de 2020. 

3 La Unidad Agrícola Familiar (UAF) según definición contenida en la Ley 160 de 1994 (art. 38) corresponde con la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere. Si bien el concepto tiene una tradición jurídica surgida con la expedición de la Ley 135 de 1961, normas más recientes como el Decreto Ley 902 de 2017 y la Ley 1776 de 2016 han tratado de sustituir el espíritu original de la figura.

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