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Equidad socioterritorial requiere un cambio estructural

Un reto mayor es evitar que los ingresos y propiedades, el sexo, la etnia, o el territorio segreguen la sociedad entre los que tienen oportunidades, derechos y privilegios, y aquellos a los que se les niegan estructuralmente.
 

Para lograrlo es imprescindible avanzar en la consolidación de nuevas políticas económicas basadas en el principio de la equidad socioterritorial. Después de 30 años de letanía sobre el mercado autorregulado –que lo resolvería todo– el Estado ha vuelto.
 

La privatización como principio ordenador de los servicios de salud y la seguridad social; la lucha contra la inflación como justificación para mantener bajos los salarios y las remuneraciones del trabajo; el equilibrio macroeconómico que impide mayores niveles de inversión pública, y la intermediación financiera que ha logrado “que todos trabajemos para los bancos”, presentan debilidad o síntomas de fracasar.
 

La promoción de exportaciones minero-energéticas y de la gran agricultura comercial son insuficientes para alcanzar mayores niveles de empleo, garantizar la soberanía alimentaria y construir oportunidades de desarrollo en los territorios alejados del centro andino extractor de las riquezas de sus periferias, es decir del resto del país.
 

Escucha el podcast Reforma a la fuerza pública, más necesaria que nunca.
 

Mientras a los países del norte y del sur global la combinación entre la crisis sanitaria y económica los ha llevado a quebrantar uno a uno los dogmas de la ideología neoliberal, en Colombia la tecnocracia se aferra a sus dogmas y profundiza la crisis.
 

Aunque suele afirmarse que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, lo que poco se advierte es que las inequidades sociales se “organizan territorialmente”. Así, el centro concentra las mayores riquezas públicas y privadas y las distribuye –según la malla de sus intereses– en territorios específicos, y el sistema de transferencias territoriales otorga más recursos a los departamentos y municipios más desarrollados.
 

Los 170 municipios de intervención prioritaria a partir del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 concentran mayores niveles de pobreza, violencia, ilegalidad y precariedad administrativa y fiscal propia, y aun así reciben menos transferencias por persona que el promedio de los municipios del país.

Para nadie es un secreto que en Colombia el éxito depende del lugar socioterritorial donde se nace. El acceso a servicios públicos, atención a la primera infancia, educación básica y superior, mercado laboral dinámico y crédito, entre otras tantas variables, están muy condicionadas por discriminación social y étnica, las cuales están territorialmente organizadas como constelación de derechos y negaciones.
 

Aunque el proceso de descentralización emprendido en los años 80 ha permitido una ampliación significativa en la cobertura de los servicios sociales básicos, también ha tenido un marcado énfasis en las ciudades y centros urbanos, dejando de lado a las zonas rurales.
 

En este contexto, las zonas rurales y muchos pueblos intermedios se convierten en expulsoras de población, particularmente de jóvenes que no encuentran otra opción que engrosar los barrios periféricos repletos de carencias. Esto refuerza la difícil situación de las zonas rurales, pues tienen que soportar el envejecimiento de su gente y las menores inversiones públicas, pues estas no se dirigen de forma prioritaria a lugares donde se reduce la demanda (vía Sistema General de Participaciones) o donde no hay votantes (en el caso de las demás inversiones).
 

Soluciones a la vista


La primera tarea para equilibrar el desarrollo entre regiones, departamentos y municipios, y entre el campo y la ciudad, es repensar la estructura del Estado en función de una mayor equidad socioterritorial, con todas las implicaciones en la equidad social y política que eso conlleva. Los cuantiosos y crecientes subsidios individuales no logran frenar la dinámica de la producción de la pobreza por una razón principal: la pobreza se produce por causas estructurales y se vive comunitariamente.
 

Atender carencias específicas de los individuos no ataca las dinámicas de producción social continua de la pobreza, solo alivia los síntomas de unos y otros escogidos por programas asistenciales. Por eso, los programas sociales deben incluir los criterios de brechas sociocomunitarias que siempre se crean y reproducen territorialmente. Por lo tanto, se requiere de  una gran financiación de la infraestructura básica para el desarrollo y el bienestar con enfoque sociocomunitario.
 

Puedes ver: La securitización en tiempos de pandemia, un tema esencial.
 

La segunda tarea es garantizar una adecuada provisión de factores de producción en los distintos territorios del país. La presencia de personal altamente capacitado, de infraestructura en buenas condiciones, de capacidades de investigación y desarrollo y de financiamiento tanto público como privado, se restringe territorialmente a las grandes ciudades. El aumento de las capacidades productivas de todos los territorios permitiría no solo cerrar brechas, sino también potencializar la economía nacional desde un enfoque territorial.
 

Se trata entonces de fomentar los círculos virtuosos entre el crecimiento general de la economía y la posibilidad real de construir economías sólidas en los territorios más diversos. Todo esto en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz que reconoce la integración a la nación de los territorios más afectados por el conflicto como condición sine qua non[1] para construir una paz estable y duradera.
 

Por último, la tercera tarea tiene que ver con lograr la sostenibilidad en dicho desarrollo. Atrás debe quedar la actual institucionalidad ambiental que le otorga un estatuto de segundo orden a la minería y los proyectos extractivos. El objetivo debe ser la primacía del ordenamiento socioambiental sobre el económico, social, político e institucional. La autonomía territorial –entendida como la apropiación social de las decisiones, circuitos productivos y de consumo territorial– es la vía esperada para acabar el círculo de las desigualdades socioterritoriales del país, uno de los más inequitativos del mundo.
 

Consulta aquí el especial de UN Periódico Digital: “Tocar fondo para cambiar de rumbo”.
 

*Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, director del grupo de investigación en Protección Social del CID-UN, coordinador de la Red de Grupos de Investigación Alternativas Programáticas UN

**Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, miembro del grupo de investigación en Protección Social del CID-UN


[1] Según la RAE, significa “sin la cual no” y se emplea con el sentido de condición que resulta indispensable para algo.

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