Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
En Colombia no existe una política pública de atención a los pospenados

Desde una visión integral, el castigo –como resultado y consecuencia de la política criminal– se debe entender ligado con aquello que una sociedad considera necesario castigar (política penal) y la forma como las instituciones afrontan el crimen (política judicial penal y prevención del crimen). En dicha reflexión, sin embargo, el regreso a la libertad de quien ha sido condenado ha pasado inadvertido. En términos de política pública criminal, este no es un descuido menor.

Por una parte, cuando las personas salen de la cárcel se pone a prueba si el castigo ha cumplido con el objetivo de transformar al condenado. Un sistema de tratamiento penitenciario debe contemplar mecanismos de seguimiento que permitan comprender los efectos que el cumplimiento de la pena ha tenido sobre el recluso, y así determinar el impacto de los efectos de la prisión (en sentido negativo) y los resultados del tratamiento penitenciario (en sentido positivo). También se pone a prueba la utilidad de la justicia penal.

Puedes leer: Cadena perpetua, ¿una propuesta inconstitucional en Colombia?.

Por otra parte, el regreso de la persona penada a su entorno social es un desafío de reintegración. Esto pone en cuestión la posibilidad de que el Estado enfrente el delito a través de mecanismos de prevención terciaria (resocialización y reintegración) como reintegración comunitaria, empleabilidad, emprendimiento, formación para el trabajo y atención psicosocial, con el fin de que no se reincida en la misma conducta o en otras, en la mayoría de las ocasiones, más gravosas.

Política pública,  gobiernos y normatividad

En Colombia no existe una política pública de atención a la población pospenada por delitos comunes. La intervención estatal se reduce a programas y proyectos desarticulados y generalmente desconocidos, como el programa “Delinquir No Paga”.

El trabajo de maestría “Política pública de reconocimiento del pospenado en el sistema penitenciario”, adelantado en 2016 por Edna Carolina Camelo, muestra que cuando los pospenados salen en libertad afrontan la ruptura y transformación de sus relaciones personales y familiares; por ejemplo, sus matrimonios o relaciones de pareja terminan mientras están en prisión; pasan a ser desempleados después de haber sido económicamente activos; no siguen con su formación educativa; cambian de estrato –los pospenados abordados pertenecían al estrato 3 o a uno inferior, y este disminuyó al salir de prisión–; y el aprendizaje de las técnicas de todo tipo de delitos por la convivencia diaria con otros reclusos aumenta el riesgo de reincidencia.

Además sus familias, muchas veces desestructuradas, resultan apoyando a las personas liberadas y proporcionándoles los medios para adelantar su proceso de reintegración en la sociedad.

El Gobierno de Juan Manuel Santos permitió un lento proceso de recomprensión de la política pública frente al crimen, en particular por la incidencia de la Corte Constitucional y de instancias como la Comisión Asesora de Política Criminal. Este “nuevo enfoque” establece que la política criminal debe comprender la prevención, la definición de aquello que se desea castigar (el inicio del proceso de criminalización), su atención por las instancias judiciales, y el regreso a la sociedad de la persona que cumplió una pena como consecuencia de haber cometido este agravio.

Puedes escuchar: “El Inpec es una mafia y nadie se atreve a liquidarlo”.

Un buen ejemplo de lo anterior es el Conpes 3828 de 2015, “Política Penitenciaria y Carcelaria”, que aunque terminó siendo un documento meramente retórico en el abordaje de una visión integral de la política criminal, logró enmarcar las decisiones sobre prisiones en su contexto de la atención pospenitenciaria en la agenda pública.

 

Esta no fue la primera vez que el Gobierno nacional formuló lineamientos pospenitenciarios. Durante el periodo presidencial de Ernesto Samper se enunciaron directrices fundamentadas en el principio de resocialización como objetivo definido por la Constitución de 1991 y del bloque de constitucionalidad. Tales pautas estaban pensadas desde el Plan de Desarrollo “El Salto Social, 1994-1998” y respondían a un modelo estatal socialdemócrata, que por deslegitimación política no se pudo consolidar, pero que sí permitió pensar otras alternativas de política criminal. Más allá de su asociación tradicional con el cumplimiento de una pena intramural, se resaltó la necesidad de atarla al “conflicto social y la realidad de violencia interna que existía”.

Dicha política dejó una sede destinada a la población pospenada –usada hoy con ese propósito– con el proyecto que se estableció en julio de 2015, denominado Casa Libertad, convenio entre el Ministerio de Interior y Justicia, Inpec, Colsubsidio y la entonces Fundación Teatro Interno que presta servicios de capacitación, orientación laboral, educación, apoyo psicosocial y asesoría jurídica.

Este ha sido el primer proyecto piloto liderado por el Estado, con una ubicación limitada, recursos reducidos, personal con poca capacitación y poco conocimiento del tema y con una intervención tercerizada a organizaciones de la sociedad civil y del sector solidario.

Para ilustrar el reto que representa la atención a la población pospenada, es importante anotar que un promedio de 30.000 personas salen en libertad cada año, pero a diciembre de 2018, es decir, en tres años y medio, Casa Libertad había atendido solo a 1.411 personas –según el Sexto Informe Semestral presentado en junio de 2019 por el Gobierno nacional a la Corte Constitucional, en el seguimiento al “estado de cosas inconstitucional”–, es decir que no ha atendido ni siquiera al 2% de la población pospenada del país.

Además: El fracaso de la política criminal y la crisis penitenciaria.

Perspectivas  en la administración Duque

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque establece que la propuesta de política criminal planteada por el Consejo Superior de Política Criminal requiere presupuesto y planes de acción específicos para la población pospenada, con articulación empresarial, atención de los derechos básicos fundamentales cuando culminan su pena privativa de la libertad y ampliación del proyecto Casa Libertad para instituirlo en otras ciudades como Bucaramanga o Medellín.

Por ahora se puede decir que las cifras de atención de Casa Libertad hacen impensable su ampliación a otras ciudades sin una inversión estructural en la materia.

También se deben analizar los intereses económicos y políticos tras estas propuestas y si existe una voluntad política real de implementar el acompañamiento pospenitenciario en Colombia; o si se constituye en una mera búsqueda de cumplimiento de estándares internacionales como aval de otras políticas más perjudiciales o la privatización de los centros de reclusión, sin que medie un interés social sino uno financiero, como ha sido documentado en distintos países (en particular Estados Unidos), en donde los derechos y los presos se convierten en mercancías, sin que esto repercuta en términos de calidad y eficiencia, como hemos visto con la privatización de nuestros sistemas de salud o de seguridad social.

No hay que perder de vista las posibilidades que el Acuerdo Final de Paz trae para repensar el carácter vindicativo de la política criminal. Es la oportunidad de pensar en una política criminal restaurativa que permita afrontar conflictos sociales de distinta índole y resolverlos de manera alternativa, y que esa respuesta proporcione herramientas de reconstrucción de tejido social y de reparación eficaz a las víctimas y a la sociedad en general.

También en este especial

Relacionados

2720,2875,2873,2876,2877,2878

En Colombia los procesos de urbanización de las ciudades se dan a través de políticas de ordenamiento que le permiten al capital privado mercantilizar...

Según la información estadística del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la fecha el país tiene a 116.737 personas privadas de la...

Desde hace más de 20 años se han hecho visible de manera pública las fallas estructurales, institucionales y políticas que han provocado una crisis de...

Desde que se restringieron las visitas de familiares a los centros penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y...

A lo largo de la historia del derecho penal y la política criminal una pregunta que ha estado sobre la mesa del debate acerca de la efectividad o no...

Consejo Editorial